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Reseña de «Conceptos contra el olvido: Una guía para no perder la memoria» de Rafael Escudero Alday (Coord.)

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Francisco Marcellán

Esta obra colectiva, coordinada por Rafael Escudero, Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, pretende aportar claridad conceptual y servir de instrumento para una reflexión crítica acerca de la memoria histórica y su proyección de cara al futuro. Definida en la introducción, como “el fenómeno político más relevante acaecido en España en los últimos tiempos”, la recuperación de la memoria histórica  iniciada como una reivindicación personal y familiar -la exhumación y homenaje a las personas víctimas de la represión franquista- a juicio del coordinador de la obra, este proceso se traduce en tres demandas muy concretas:

1.-El desarrollo de políticas públicas de quienes defendieron la legalidad republicana y fueron represaliados por ello.

2.- La implantación de un programa de justicia transicional que cumpla con los objetivos de conocer la verdad y restituir a las víctimas.

3.- La aplicación de normas penales de carácter nacional e internacional para el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista.

La recuperación de la memoria histórica presenta un doble frente de rechazo. Por una parte, la derecha, heredera en gran parte de la tradición franquista, que ha utilizado su potente aparato mediático y sus instrumentos políticos e ideológicos (el impulso del revisionismo histórico) encaramados en la legitimación del golpe de Estado de 1936 como un intento de volver a la legalidad “rota” por la revolución de octubre de 1934 y el peligro de una revolución social tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, como la justificación de la dictadura franquista como baluarte contra el comunismo internacional (ese modelo de centinela de Occidente tan querido de los hagiógrafos de Franco). Todo ello, como interpretación de la Transición como bálsamo de fierabrás de olvido  acrítico. Por otra parte, una debilidad estructural de la izquierda (PSOE y PCE) centrada en una reconciliación a cualquier precio, a cambio de un protagonismo en la definición de las líneas “reformadoras”  para situarse en el espacio de Poder y  una acción política que no tocara los llamados poderes fácticos (Iglesia, Ejército y elites financieras, Monarquía) con el fin de evitar una polarización entre las viejas dos Españas que diera al traste con la “modernización” de las instituciones que configuran una sociedad democrática. El “echar al olvido la tragedia del pasado” ha generado una democracia de baja intensidad cuyas carencias se han manifestado de manera estridente en el actual período de crisis económica y social.

Desde un  punto de vista más” académico”, se invoca la necesidad  de tomar distancia de los hechos y poder realizar una labor “científica” de los mismos. Se desprecia el propio concepto de memoria histórica, planteándose la relación entre memoria e historia en términos antitéticos, excluyentes e incompatibles entre sí. Mientras que la memoria es un mero repositorio de recuerdos del que resulta imposible extraer conceptos generales, la historia es el campo de lo científico, del conocimiento riguroso del pasado: un pasado que carece de actualidad y que, como consecuencia inmediata,  es susceptible de generar un conocimiento científico. No así la memoria, dado que su vinculación con los hechos y su carácter intrínsecamente político, fragmentario, subjetivo, selectivo y apasionado impiden cualquier conocimiento válido y generalizable sobre lo recordado. Frente a la historia oral surge la interpretación oral de las “autoridades establecidas” a modo concluyente y sin posible discusión. El Diccionario biográfico español, editado por la Real Academia de la Historia es la prueba palmaria de este aserto.

Cuatro líneas directrices se contemplan en este diccionario (no resulta muy adecuada la palabra, en mi opinión).

En primer lugar, la consideración de la memoria histórica como un deber moral, que justifica la existencia de derechos legales exigibles por la ciudadanía ante los poderes públicos y dota de sentido a  la existencia de lugares de memoria, lugares que permiten reivindicar el pasado y entender mejor la relación que liga a éste con los individuos y los colectivos (aportación de Francisco Ferrándiz), así como otras representaciones de la memoria  (la pintura, la escultura, la música, el cine, la literatura) magistralmente descritas por Mirta Núñez.

En segundo lugar, se abordan los conceptos que explican el contexto en el que nace y desarrolla este proceso. La herencia del franquismo y dos elementos estructurales que permitieron su supervivencia-una represión sistémica y el nacionalcatolicismo- se reflejan en la Transición tal y como se pone de manifiesto en las contribuciones de José Antonio Martín Pallín (sobre el rol de la amnistía) y Ramón Sáenz Valcárcel  (la impunidad del aparato franquista, uno de los grandes beneficiados de aquella). Una amnesia que generó una respuesta lenta y minoritaria, al margen de los cauces “representativos oficiales” por parte de asociaciones de víctimas, familiares y organizaciones sindicales. Como botón de muestra, los Grupos de Memoria Histórica, por parte de CGT (¿cuándo se reconocerá en nuestra organización el trabajo exhaustivo llevado a cabo por los compañeros de Sevilla?), los grupos pro-revisión de la sentencia de Granado y Delgado así como de Puig Antich, apenas mencionados en este diccionario,  representan el esfuerzo por llamar la atención sobre un tema interesadamente olvidado.

Una tercera línea tiene como foco de atención las políticas públicas de la memoria, orientadas a cumplir los objetivos de verdad, justicia y reparación que caracterizan las demandas de las víctimas de la represión política y violaciones de los derechos humanos. A modo de ejemplo, las labores de exhumación e identificación de restos (una contribución clarividente de Francisco Etxebarría), la anulación de las sentencias dictadas por tribunales de excepción y consejos de guerra en flagrante violación de las garantías procesales), el tratamiento “respetuoso” de los símbolos franquistas que perviven en el nomenclátor de calles y plazas, en los muros de las iglesias (homenajes a los “caídos por Dios y por España”), así como el tema de la catalogación y acceso de los archivos de nuestro pasado más reciente, descrito en la aportación de Antonio González Quintana.

Finalmente, la versión jurídica de la lucha contra la impunidad, elemento distintivo del Derecho Internacional Público, ha dado lugar a los programas de lucha transicional  e impulsado los instrumentos de protección de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos. Latinoamérica es el foco de dichas prácticas y algunos de sus gobiernos han abordado el tema con un rigor digno de referencias inexcusables para nuestro país, máxime dadas las similitudes en los casos de múltiples desapariciones forzadas (exhaustivamente analizado por carmen Pérez González) y el robo de niños durante el franquismo, de rabiosa actualidad en los últimos meses, diseccionado por Monserrat Armengou.

La conocida  como ley de la memoria histórica (Ley 52/2007, de 26 de Diciembre)  ha sido la viva muestra del “querer y no poder” durante el reciente periodo de gobierno socialista (2004-2011). No se trataba solo de legislar desde el BOE (condición necesaria pero no suficiente para el reconocimiento del derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano) sino de un apoyo sistémico a la movilización social por ese derecho. Los miedos al “qué dirán” los enemigos de esa recuperación de la memoria desde diversos ámbitos  y que han sido analizados anteriormente, la escasa capacidad política de poner en marcha programas de respuesta a las demandas concretas, más allá de mecanismos de financiación de algunas actuaciones, la pervivencia de criterios y actitudes favorecedoras y legitimadoras de la ” acción judicial” entre 1936  y 1977 por parte de un Poder Judicial que se reclama ” independiente” (como ejemplo patético, la imputación al juez Garzón de una actitud prevaricadora por iniciar la determinación de responsabilidades en la represión franquista), junto con la ausencia de pedagogía en el sistema educativo a la hora de explicar sin tapujos nuestra historia más reciente constituyen los barros que han devenido los presentes lodos.

Como complemento a este interesante documento de análisis, no dejaría de recomendar la lectura de la obra enciclopédica “El Holocausto Español”, debida a Paul Preston y publicada en la editorial Debate este mismo año. Análisis exhaustivo de la represión en el campo sublevado pero también descripción pormenorizada del bando antifascista, con algunos tópicos sobre el movimiento libertario, que merecen un análisis más detallado, a modo de reflexión compartida,  en un próximo número de Libre Pensamiento.

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