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Servicios sociales y estado de malestar: la encrucijada del voluntariado.

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Daniel Parajuá Navarrete, Profesor. Antropólogo Social

La situación.

Con la denominada “crisis económica” actual se han puesto en evidencia algunas realidades que se venían fraguando en el marco de las políticas sociales neoliberales, pero que los años de bonanza económica y de ilusiones de crecimiento habían disimulado. Este es el caso del “voluntariado” en el campo de la ayuda o intervención social, que se define a partir de múltiples vectores, congrega adhesiones de muy distinto tipo y, se dice, cumple funciones muy variadas.

En efecto, el voluntariado social es, ante todo, una realidad polisémica. Durante los años 90 del siglo pasado experimentó un espectacular crecimiento, en concreto, en el campo de la ayuda social. Un desarrollo, sin duda paralelo al del sistema de servicios de bienestar social que  -se nos decía- formaba parte de la construcción de un sistema de Servicios Sociales moderno, avanzado, europeo y que aspiraba a atender a toda la ciudadanía.

En este contexto, la acción voluntaria se congrega en torno a discursos muy variados que van desde las actualizaciones de la caridad, hasta la retórica de la participación ciudadana genuina, pasando por los que ponen el énfasis en la búsqueda de la justicia social, o en la concienciación de las gentes de los barrios y pueblos, entre otros. En cualquier caso, se trata de una realidad que rápidamente fue acogida y abrazada por los poderes públicos, representados en este caso por las distintas administraciones responsables de los Servicios Sociales a nivel municipal y autonómico.

Hay que tener en cuenta que, lejos de lo que sostienen las élites, en este país (y más en lugares como Madrid) no se ha llegado a montar un estado de bienestar mínimamente comparable al de otros de la Europa de los 15. Buena parte de la atención social de primera línea en barrios y pueblos se ha desarrollado de manera indirecta por medio de las múltiples asociaciones y entidades locales, en su mayor parte nutridas de voluntarios y voluntarias. Unas entidades que desarrollaban unos proyectos sociales financiados por medio de subvenciones discrecionales que indudablemente suponían un gasto mínimo para las administraciones. Desde la posición de los poderes públicos ¿por qué cambiar esto?: se había llegado a una fórmula idónea de externalización barata de los servicios sociales y encima envuelta de justificaciones discursivas e ideológicas de gran plausibilidad. Con esta perspectiva, a lo largo de más de una década se instaura un sistema de Servicios Sociales mínimo, con amplias zonas de externalización y en donde, además, se han abierto ciertas posibilidades de mercantilización y de negocio lucrativo. No es necesario ser un águila para vislumbrar aquí las características propias de las políticas sociales neoliberales que, lejos de querer desmantelar el bienestar social como ingenuamente creen algunos, desarrolla una apuesta decidida por una peculiar transformación.

Mientras tanto, en buena parte de las entidades sociales la historia parece ir por otro lado: estas gentes de barrios y pueblos, preocupados por la realidad social del lugar que habitan, por sus vecinos y vecinas, buscan la manera de hacer las cosas, desarrollar sus actividades, conseguir espacios y locales, material de trabajo y, de una forma u otra, buscar la manera de lograr continuidad a sus actividades. Las periódicas convocatorias de subvenciones por parte de las administraciones suponen un claro referente para esta aspiración. En pocos años, muchos de los programas de intervención social adquieren, al menos nominalmente, un perfil muy similar, y se insertan en una nueva espiral de nuevas denominaciones, definición de poblaciones carenciadas o modas ligadas a la alarma social que, en principio poco o nada tenían que ver con las percepciones de la realidad social que se tenían en estas entidades. Algunas lo ven claro desde el principio y tecnifican al máximo sus servicios, se transforman en fundaciones o en empresas de servicios, logran convenios duraderos con algunas administraciones y profesionalizan sus actividades. Otras hacen lo que pueden para sobrevivir y reivindican su autonomía y protagonismo en los barrios. Muchas no resisten los cambios generacionales, se pierde la base social, desaparece memoria histórica local y se abrazan a las migajas que les ofrecen ayuntamientos o administraciones autonómicas.

Para entonces, los discursos y la retórica del voluntariado está plenamente conquistada por las élites y los poderes públicos, que subrayan su carácter “participativo” de “ejercicio de ciudadanía” o de búsqueda de “justicia social”. Se regula normativamente la actividad voluntaria, las administraciones crean oficinas y servicios de voluntariado, se desarrolla toda una literatura experta ad hoc, se convocan encuentros y congresos a los que nunca faltan representantes políticos; hasta la banca y el mundo empresarial se suman a esta corriente.

Así, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid se sostiene que el voluntariado es el medio “de participación legítima de la comunidad” (donde ese adjetivo no deja de ser, cuanto menos, inquietante) que “lleva a la búsqueda de mecanismos que posibiliten y preparen a la ciudadanía en un compromiso activo, solidario y organizado, sin olvidar los componentes de innovación, agilidad y complementariedad que pueden aportar a los programas de atención social y de participación cívica”. De este modo, buena parte de las iniciativas vecinales, desde los barrios y pueblos, semilleros de autoorganización y movimientos de reivindicación, se han visto incluidos en una red estatalizante, dependiente financieramente y, más aún, en un tipo específico de política de gobierno de la pobreza.

Por un lado, esta retórica neoliberal pone el acento en las responsabilidades de los ciudadanos para con su entorno. De nuevo, si recurrimos a lo que se dice desde el Ayuntamiento de Madrid: “el Voluntariado está liderando una nueva forma de entender la ciudadanía más solidaria y participativa, orientada hacia una sociedad concienciada y comprometida con los problemas de su entorno, una ciudadanía que no sólo demanda derechos sino que también se siente corresponsable en la búsqueda de soluciones, propuestas y alternativas. Las nuevas realidades que vive nuestra ciudad van a exigir una ciudadanía más compleja y con mayores responsabilidades”. Comprobamos como, entre otras cosas, el voluntariado se coloca en el eje donde se cruzan los discursos que justifican la reducción de servicios públicos y los que subrayan la importancia de la ciudadanía y la participación social.

No me detendré en los pormenores de las trampas sociales que se disimulan en estos discursos, puesto que otros-as ya lo han hecho brillantemente, como las gentes del Observatorio Metropolitano, y tan sólo subrayaré la nueva posición que está ocupando esta realidad heterogénea que es voluntariado social: lejos de provocar rupturas y debates, se inscribe con docilidad en las políticas sociales neoliberales, en medio de las cuales, bien por seguidismo, por agotamiento o por imposibilidad de acción contribuye a las actuales políticas de gobierno de los pobres que se desarrollan por medio de las estrategias de continua segmentación de poblaciones, estigmatización de problemáticas, culpabilización de las clases populares y la desocialización e individualización de los problemas sociales. Insisto, si todo esto se implementa en el marco de los discursos de “la participación” queda desactivada buena parte de las posibilidades de disidencia.

Las encrucijadas.

La encrucijada del voluntariado social se acentúa cuando una de las posibles salidas a esta situación parece pasar por la demanda de un Estado más fuerte, más presente en los Servicios Sociales, más extenso en cuanto a agencias y servicios. Desde la lógica del sistema actual, tampoco parece muy realista dado que ninguno de los dos partidos políticos que se alternan el poder en este país han apostado nunca por esta vía (por más que, por ejemplo, el Partido Socialista, haga gala retórica de esta aspiración). Pero es que, a estas alturas ¿alguien cree realmente que eso garantizaría un mayor bienestar en los pueblos y barrios?, en ese contexto ¿serían posibles las experiencias de autoorganización horizontal local?, ¿algún tipo de gobierno estaría dispuesto a ceder la palabra y el poder de decisión a las clases populares?. Evidentemente no, pero todavía existe este tipo de aspiración en buena parte del campo del voluntariado y de las entidades sociales locales. En realidad, encontramos aquí una de los espacios abiertos de contradicción para el voluntariado social que evita la docilidad: por una parte, su acción contestataria incluye pedir responsabilidades a los cargos públicos, así como exigir el cumplimiento de las garantía de los derechos humanos para toda la población. Pero, por otra parte, mientras se pide que esos cargos electos trabajen y cumplan promesas, se desarrolla un progresivo escenario de desconfianza en el sistema electivo, así como una creciente deslegitimación de la actividad política oficial y partidista. Junto a ello, muchas asociaciones y entidades locales no quieren renunciar a las fórmulas de autogobierno, autonomía, horizontalidad y democracia real.

Esta posición ambigua incluye otros elementos de contradicción dado que buena parte de los discursos en torno al voluntariado social ponen el acento en la proximidad con las gentes con las que trabajan, su conocimiento de primera mano de las problemáticas locales, la confianza que despiertan para los convecinos, su capacidad para vehicular la participación de manera no artificiosa y, sobre todo, la ausencia de motivos o intereses económicos inmediatos a la hora de realizar sus actividades.

Además, no hay que olvidar que en muchos casos, el voluntariado ha pasado a ser una mano de obra barata (casi gratis) y subordinada para los distintos servicios sociales, contribuyendo a la ya muy precaria situación laboral del sector, enormemente desregulada. Hasta tal punto que, en muchas ocasiones, los períodos de actividad voluntaria no dejaban de ser una de las puertas de entrada al mundo laboral en la creciente multiplicación de figuras profesionales en este campo. Siempre, insito en ello, en un marco de alta precariedad y ausencia de marcos normativos dignos de regulación laboral.

No se nos escapa que, en este contexto, el voluntariado social se ha colocado en uno de los ejes de la política social neoliberal, que redirige a las clases populares dóciles a los distintos servicios y oficinas de ayuda social donde el motor básico es la caridad y la piedad, regresando así a los sistemas de beneficencia decimonónicos.

Como alternativa, cabe sin duda una salida digna para ese voluntariado que efectivamente quiere trabajar y movilizar desde los barrios y pueblos. Por una parte anteponiendo a esa piedad la compasión, en el sentido que las define y distingue Hanna Arendt: si la primera mantiene una preocupación distante y jerárquica por los que sufren, la segunda opta por directamente participar en ese sufrimiento haciendo real la máxima de la ayuda mutua, que hace padecimiento colectivo el sufrimiento de una sola persona. Además, si decididamente queremos incluir al voluntariado social entre las acciones de participación horizontal, organización autónoma y potencialidad de cambio social y justicia, entonces viene al caso recordar a  David Graeber y una de sus tesis principales cuando señala que “las prácticas democráticas, cuando son definidas como procedimientos de toma de decisiones igualitarias o gobierno por discusión pública, tienden a emerger de situaciones en las que las comunidades de un tipo u otro gestionan sus asuntos al margen del Estado”.

Es cierto que durante mucho tiempo las entidades sociales de voluntarios han creído que era posible desarrollar una transformación desde dentro de la administración o procurando mantener unas relaciones correctas y continuadas con los representantes políticos y técnicos de la misma. El período de latencia de la creación de la política social neoliberal de los 90 del siglo pasado, y las evidencias de esa política, con sus expresiones más duras ahora en plena “crisis económica” no hacen sino probar la ingenuidad de tales aspiraciones. Lo que hace diez años resultaba una conclusión cuanto menos exagerada es hoy una certeza: no se puede hacer nada trabajando con la Administración, no se puede esperar nada de los responsables políticos y cuando oímos a esos técnicos y expertos de la política hablar de “participación” o de “voluntariado” hay que desconfiar de partida.

El reto en la actualidad no es muy distinto al de otros campos de la lucha política y de la participación: se trata de buscar los espacios al margen de la presencia del Estado, renunciar a las tutelas de la Administración, a todas, sean las económicas, las que marcan las prioridades de intervención y hasta las que incluyen las denominaciones y clasificaciones de las poblaciones problemáticas. Y en este proceso, las iniciativas locales de intervención social, de participación y movilización vecinal, tendrán a su vez que afrontar una actividad de reflexión y análisis: aquella en la que se pongan en evidencia las propias estructuras internas de falta de actividad democrática y participación real. La apuesta por la creación de espacios de libertad al margen del Estado no puede hacerse reproduciendo en pequeña escala las mismas estructuras de poder y de dominación; y no son pocas las iniciativas vecinales y asociaciones locales que han terminado siendo pequeñas dictaduras envueltas, eso sí, en las retóricas de la participación.

Muchos otros y otras, sin embargo, ya iniciaron este camino y, en cualquier caso, las crónicas más jugosas sobre las experiencias de participación efectiva y de movilización local siempre están por escribirse.

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