Javier Gil. Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid
La cuestión de la vivienda se ha convertido en uno de los fenómenos sociales y políticos más relevantes de nuestra era. Burbujas inmobiliarias, endeudamiento de los hogares, desahucios, subidas de los alquileres, sociedad de propietarios, fondos buitre o crisis bancarias, forman parte de un mismo fenómeno: la financiarización de la vivienda. De hecho, la vivienda se ha convertido en el eje principal para el funcionamiento y reproducción del capitalismo en su fase neoliberal y financiera.
Esto se debe a que la función económica de la vivienda como activo financiero avanza en detrimento de su función social como hogar. El resultado es que la vivienda cada vez se utiliza más para acumular capital, a costa de la clase trabajadora, que utiliza las viviendas para vivir. De esta manera, la vivienda se ha convertido en un medio fundamental de explotación de la clase trabajadora por el capital. A continuación, analizo este proceso y planteo la necesidad de que esta situación adquiera la forma de lucha de clases y se incorpore en la agenda política de los sindicatos laborales.
La financiarización de la vivienda desde la década de 1980, se caracteriza por cómo la función económica de la vivienda como activo financiero, ha ganado fuerza sobre su función social como hogar, lo que hace que la vivienda cada vez sea más un medio desde el que obtener rentas (muy vinculado a los mercados de capital) y menos un sitio en el que vivir. Ambas funciones son antagónicas. Fomentar la vivienda como activo financiero siempre será en detrimento de su función como hogar, y viceversa. Si la función económica no ha hecho más que crecer desde la década de 1980, esto ha sido en contra de su función como hogar. Entre 1980 y 2008, el antagonismo entre ambas funciones fue apaciguado por medio de la constitución de la sociedad de propietarios. La transformación de la clase trabajadora en propietaria, por un lado, permitió a esta clase aprovechar el valor de uso de la vivienda como hogar, al tiempo que se beneficiaron de la transformación de sus viviendas en activos financieros.
Fue este un proceso profundamente ideológico, que desproletarizó a la población y legitimó los ataques a los sindicatos y al Estado de Bienestar. Este fenómeno buscaba que la población propietaria no necesitara sindicatos que lucharan por sus condiciones laborales, ni estados que interviniesen para garantizar su bienestar. Solo necesitaban hacerse propietarios y que el precio de la vivienda no hiciera más que aumentar. Así creció su patrimonio al margen de su trabajo, y su consumo y su bienestar se subordinaron a la continua revalorización de la vivienda. Las estructuras de aprovisionamiento colectivo fueron desmanteladas y el futuro de las familias se supeditó a las burbujas de precios, como han analizado Isidro López y Emmanuel Rodríguez para el caso español. Pero los precios de la vivienda dejaron de subir y este modelo estalló con la crisis del 2008.
El fin de la burbuja y la crisis de 2008
La crisis del 2008 estuvo marcada por los desahucios, los rescates bancarios y la devaluación y bajada de los precios de la vivienda. Parecía que la especulación con la vivienda había llegado a su fin, pero ocurrió todo lo contrario. La crisis de 2008 creó las condiciones para un nuevo ciclo de acumulación financiero-inmobiliaria a nivel internacional, caracterizado por cuatro elementos clave: 1) situación internacional de sobreacumulación de capital, exceso de liquidez y pérdida de rentabilidad de determinados mercados financieros, por lo que la vivienda se convirtió en un refugio del capital especulativo que busca nuevos mercados; 2) el capital se desplaza cada vez más hacia la vivienda de alquiler (y no sólo hacia las hipotecas); 3) los denominados fondos buitre se configuran como caseros corporativos globales. Aprovechan los contextos de crisis para acaparar vivienda y ponen en práctica formas agresivas de gestión de sus carteras de vivienda en alquiler con el único objetivo de maximizar sus beneficios; y 4) la vivienda en alquiler crece como forma de explotación de la población, convirtiéndose en una de las principales causas de empobrecimiento.
La explotación mediante el alquiler de viviendas
Pero se trata de una forma de explotación invisibilizada: la gente no lo percibe como tal. La población tiene problemas de vivienda. Les cuesta acceder a una vivienda, encontrarla, pagarla, y tener seguridad en la misma. Pero por lo general, no se percibe como un medio de explotación. Se trata de un problema que hay que resolver de la mejor forma posible y reducir los inconvenientes que tenga sobre sus vidas. Pero siempre se soluciona de manera individual y en el mejor de los casos, con ayuda familiar.
En los últimos 10 años, los alquileres han subido un 78% en España, siendo esta cifra aún superior en comunidades como Madrid, Valencia o Baleares (103%, 139% y 158% respectivamente). Si se observa en perspectiva, un alquiler que en 1997 representaba el 28% del salario promedio, en 2020 representaba ya el 67%. De hecho, para que nadie dedique más del 35% de sus ingresos al pago del alquiler, los salarios tendrían que subir de media unos 570 euros al mes. El alquiler se ha convertido en una fuente secundaria de explotación primordial. La población no hace más que perder capacidad adquisitiva, y lo que ganan en el trabajo, se lo quitan en el alquiler. ¿De qué sirven las mejoras salariales o los aumentos del SMI, si los incrementos salariales son rápidamente expropiados por medio del alquiler? Los desorbitados precios de los alquileres son una forma indirecta de disminuir el salario real del inquilinato. Por lo tanto, la vivienda en alquiler, de forma indirecta, está devaluando la fuerza de trabajo del inquilinato y aumentando su nivel de explotación
En España, más de 7 millones de personas viven de alquiler a precio de mercado. De estos, el 41% (3 millones de personas) destina más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler y un 19% (1,4 millones de personas) más del 50%. Además, por lo general, las personas que viven de alquiler son las que menos renta tienen. Hay casi 2 millones de personas que viven de alquiler, cuyos hogares no ingresan más de 14.000 euros al año. De estos, el 61% dedica más del 50% de sus ingresos al pago del alquiler. El resultado es que ahora mismo el 43% del inquilinato (3,2 millones de personas) pertenecen a hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. Si a este gasto se le suman los suministros básicos —agua, energía y comunidad—, la cifra sube al 60,5%.
El alquiler como fábrica de pobreza
Como se observa, el mercado de alquiler no solo funciona como un medio para transferir riqueza de las capas más bajas a las más altas. El alquiler se ha convertido en una de las principales causas de empobrecimiento y de desigualdad. ¿Por qué se permite esta situación? ¿Por qué se permite que se explote de esta manera a la población? Existen toda una serie de mecanismos que operan para que esta situación no movilice a la clase trabajadora. Entre estos, cabe señalar los discursos sociales que producen una cultura determinada en torno a la función de la vivienda en nuestras sociedades, la estructura de la propiedad, la posibilidad de regular el mercado de uno u otro modo o las formas habitacionales consideradas como dignas o indignas. Un ejemplo claro es cómo en España, para impulsar la sociedad de propietarios, se ha producido una cultura que valora el vivir de alquiler como algo socialmente inaceptable y símbolo de fracaso social (excepto para la gente joven, como parte de una etapa transitoria).
Vivienda pública de todas para todas
Estos discursos se reformulan y readaptan en los distintos contextos, pero en general tienen un único objetivo: alinear los intereses de la clase trabajadora con los de las élites y el capital. Muy ilustrativo al respecto es la célebre declaración del Ministro de Vivienda franquista José Luis Arrese quien afirmó que no querían un país de proletarios, sino de propietarios. Había que producir políticamente esa cultura del propietariado. Una cultura que sigue operando a día de hoy, para que la clase trabajadora siga soñando con la vivienda en propiedad, en vez de apostar -y luchar- por parques de vivienda pública con preciosos asequibles, ¡o incluso gratuitas! Como la educación y la sanidad. Donde la vivienda pública no sea solo para las familias con menos renta, sino para el conjunto de la población. Una población que, al margen de su renta, sienta orgullo de habitar una vivienda de titularidad pública. Hoy, la cultura de la vivienda en propiedad nos anestesia contra otras formas de pensar y luchar por cómo habitar las ciudades.
Lucha de clases, también en la vivienda
En la situación actual, también se producen toda una serie de discursos cuyo fin es inmunizar a la población para que acepte las nuevas formas de explotación. Es decir, para que, ante las subidas abusivas de los alquileres, los abusos inmobiliarios, los fondos buitre, o que cada vez tengamos más dificultad para pagar el alquiler, no hagamos nada. Para que naturalicemos y aceptemos la explotación. El objetivo principal es que no se perciba esta situación como una relación de explotación que pueda activar procesos de lucha. El objetivo es todo lo contrario, que en vez de activar procesos de lucha de clases, se activen procesos de luchas entre la propia clase trabajadora. Un ejemplo muy claro al respecto tiene que ver con la representación social de los mecanismos actuales de extracción de renta. En general, la explotación inmobiliaria se suele justificar en torno a una distorsión sobre el propio proceso de extracción de rentas: «El mercado está en manos de particulares», repiten hasta la saciedad, haciendo referencia constante a todo el esfuerzo que hicieron estos particulares para tener una vivienda que ahora puedan alquilar.
¿Quiénes son los caseros?
En España, más del 75% de la población es propietaria de una vivienda. Pero eso no significa que ellos sean los grandes beneficiarios del sistema especulativo. Ni pueden alquilarlas, ni pueden venderlas. Las necesitan para vivir. Quienes obtienen rendimiento de este negocio son quienes utilizan la vivienda como inversión. Quienes se dedican a la compraventa especulativa o quienes tienen viviendas en alquiler. Los bancos, los fondos de inversión, las grandes inmobiliarias, las familias de multi propietarios dueñas de decenas de casas que forman parte de patrimonios históricos o los nuevos ricos, que utilizan las viviendas como medio para hacerse aún más ricos. Ellos son quienes mercadean con las viviendas. Ellos son quienes utilizan la vivienda como inversión y no como hogar. Pero se utiliza el mito de los particulares para que el Estado no intervenga ni regule la explotación de la población por medio del alquiler.
También hay «particulares» que tienen viviendas en las que no viven y que alquilan. En España, los “caseros particulares” representan solo el 4,2 % de la población. Estos caseros no son una población cualquiera. Aunque muchos medios los presenten como si fueran tus iguales, se trata de la población con más renta del país. El 75 % de estos caseros ingresa más de 26.000 euros al año, y el 51 %, más de 40.000 euros.
Por lo general, los ingresos de los arrendadores son muy superiores a los del resto de la población. Aunque los medios de comunicación agiten constantemente el mito del casero vulnerable, este no existe, y solo un 7% de los caseros tienen rentas que no superan los 14.000 euros. ¿Se puede exigir a los caseros que son particulares que ganen un poco menos para que las personas que alquilamos vivamos un poco mejor? Sí. Pero claro, las rentas de los particulares son intocables. «Se esforzaron mucho y trabajaron muy duro para comprarse esa vivienda.». En todos los hogares hay historias de sacrificio. También en los hogares que viven de alquiler, que, generalmente, son los más vulnerables y los que tienen menos ingresos y peores condiciones laborales. No existe relación entre el esfuerzo de una persona y la vivienda en propiedad. Lo que sí que existe es relación entre la propiedad inmobiliaria y la posición de clase. En España la vivienda representa el 50 % del patrimonio de la población y el 95 % del patrimonio de las clases medias es heredado. No hay nada más falso que los discursos meritocráticos en torno a la vivienda. En definitiva, se utiliza a los “particulares” para proteger los beneficios de los fondos buitre, los bancos y los grandes patrimonios inmobiliarios.
La lucha por unos alquileres justos
Como señalaba al principio del artículo, la explotación por medio de la vivienda en alquiler no es algo coyuntural. Desde 2008, la vivienda en alquiler cobra una nueva función como medio para la reproducción del capitalismo global, lo que produce nuevas relaciones de explotación de la población a través de la vivienda en alquiler. En España, este proceso está más avanzado que en otros países, por las particularidades sociohistóricas del modelo (magnitud de la crisis del 2008, ruptura de la sociedad de propietarios, entrada masiva de los fondos buitre, ausencia de políticas garantistas en materia de vivienda en alquiler, etc.). Pero esta situación también ha hecho que las protestas en torno a la vivienda y los alquileres abusivos dominen los conflictos urbanos y las campañas electorales a nivel internacional.
Las políticas para regular el precio de los alquileres han adquirido nuevo protagonismo en los últimos años, y muchos países, ciudades y regiones han aprobado o mejorado sus normativas, como Alemania, Francia, Nueva York o Catalunya, entre otros. Se trata de bajar el precio de los alquileres por ley, para incidir en la relación de explotación. En este contexto crece el debate sobre las políticas contra la especulación, y los fondos buitre se convierten en el símbolo de este sistema de explotación. Nacen sindicatos de inquilinos y organizaciones de vivienda en muchos países, con el objetivo de organizar al inquilinato y plantar cara a las relaciones de explotación.
Referéndum y expropiación a los grandes propietarios
En algunas ciudades como Madrid y Barcelona nacen los Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, adaptando la estrategia sindical a la lucha en torno al alquiler. También crecen las protestas contra los fondos buitre. Se lanzan campañas contra los principales fondos que operan en el país, como Madrid contra Blackstone o Guerra a Cerberus. En septiembre de 2021 todas las organizaciones miran a Berlín, que celebra un referéndum para expropiar las viviendas de los grandes especuladores y de los fondos. La opción del Sí arrasa con 17 puntos de diferencia. No es solo una victoria contra la especulación, est también una victoria contra el capital. Los antagonismos y la lucha de clases en torno a la vivienda se hacen cada vez más concretos.
La lucha de clases y la lucha por la vivienda
En definitiva, desde 2008 asistimos a un proceso de reestructuración económica y política, que ha impulsado dos procesos centrales. Por un lado, la revalorización de la vivienda en alquiler, que, al cumplir funciones de activo refugio para el capital, aumenta el valor de cambio de las viviendas y reconfigura los sistemas financieros para posicionar a la vivienda en alquiler como elemento central para la reproducción del capitalismo contemporáneo. Por otro, la devaluación de la fuerza de trabajo por medio del alquiler, lo que aumenta el nivel de explotación de la población a través de una forma indirecta de disminuir el salario real, en un contexto en que la vivienda en alquiler se constituye como la forma dominante de las futuras generaciones para acceder a una vivienda.
En este contexto, la clase trabajadora organizada no puede ignorar ni excluir la lucha por la vivienda como parte de su lucha. Históricamente, las luchas por la vivienda han sido centrales para la clase trabajadora, como se observó en las grandes movilizaciones del siglo XX. La histórica huelga de alquileres de Glasgow de 1915 estuvo organizada por el proletariado industrial y sus instituciones de clase, como los sindicatos. Una huelga que no solo consiguió avances en el ámbito de los alquileres, sino que también fortaleció la unidad del proletariado y debilitó a la clase capitalista de la época. Años más tarde, en la década de 1930, más de 100.000 personas participaron en las masivas huelgas de alquileres de Barcelona. Estas solo fueron posible por su vínculo con el movimiento anarcosindicalista de la época, en un contexto de máxima organización del proletariado. Décadas más tarde, la sociedad de propietarios fragmentó la unión entre ambas luchas.
Esto se debió precisamente a que la sociedad de propietarios no fue más que un reflejo del triunfo histórico del neoliberalismo sobre el proletariado, en esa contrarrevolución conservadora que Margaret Thatcher y Ronald Reagan lideraron a nivel mundial. Convertir a la clase trabajadora en propietaria no fue más que otro síntoma de su derrota de clase.
¿Qué hacer ante el fin de la sociedad de propietarios?
Ahora, en un contexto en que la sociedad de propietarios se desvanece y las respuestas político- financieras a todas las crisis no hacen más que desplazar el capital hacia las viviendas y reforzar su valor de cambio -la crisis del 2008, la crisis de la pandemia y ahora la crisis de la inflación-, es el momento de volver a integrar ambas luchas como parte de un todo. Aunque haya personas que no sufren de forma directa esta explotación -ya sea porque tienen casa en propiedad o incluso alguna vivienda en alquiler (existe una pequeñísima parte de la clase trabajadora que recibe rentas)-, sí la sufren como clase.
Por eso, es primordial que la clase trabajadora organizada y los sindicatos laborales prioricen la lucha por la vivienda. Este es probablemente uno de los retos más importantes a los que se enfrentan y el resultado futuro de las luchas por la vivienda pasa también porque los sindicatos laborales la prioricen. Porque cada vez más el futuro de la clase trabajadora dependerá de su capacidad para articular procesos de lucha de clases en torno a la vivienda.
Bibliografía
Isidro López y Emmanuel Rodríguez. Fin de ciclo: financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010), Traficantes de Sueños, Madrid, 2010
Joe Beswick et al., «Speculating on London’s housing future: The rise of global corporate landlords in ‘post-crisis’ urban landscapes», City 20, no 2, 2016, 321-341
“Encuesta de Condiciones de Vida” en La vivienda de alquiler en España: por el derecho a una vivienda adecuada, digna y asequible para la mayoría. Gabinete Económico de CCOO, 2021
José Manuel Torrado, Ricardo Duque-Calvache e Isabel Palomares-Linares. 2020. «The demand-side determinants on multiple property ownership in Spain», International Journal ofHousing Policy, 20 (1), 2020, 120-143
Gabriel Lemos, «Más del 95% del patrimonio de las clases medias proviene de herencias», La Voz de Galicia, sec. Economía,12 de mayo de 2021
