Youssef M. Ouled, periodista e investigador sobre el racismo.
Año nuevo, la política de siempre: la inmigración y la vivienda marcan la agenda política y el debate público. Arrancamos el año poniendo el foco en la inmigración y la vivienda, dos temas considerados política y socialmente como prioritarios. Sin embargo, las soluciones propuestas desde ámbitos políticos ignoran las luchas sociales de quienes sufren, por un lado, la falta de leyes que garanticen una vivienda digna y, por otro, la ausencia de rutas seguras para migrar libremente del Sur al Norte Global. En demasiadas ocasiones, ambas problemáticas convergen, intensificando el impacto en quienes las viven.
La cuestión migratoria se aborda casi siempre desde una perspectiva racista que, en el mejor de los casos, encuentra en ciertos sectores de izquierda una defensa limitada y utilitarista, centrada en la capacidad productiva de las personas migrantes. Este enfoque, común a otros espacios políticos, deshumaniza y omite la reflexión sobre la relación postcolonial que existe entre un Sur que emite migración y un Norte que la recibe. Ignorar esta dinámica impide comprender por qué miles de personas mueren cada año debido a políticas migratorias diseñadas para restringir la libre movilidad humana en esta dirección, mientras se mantiene libre en sentido contrario.
Una política migratoria que va acompañada de una narrativa que se vale del racismo para deshumanizar a quienes se ven forzados a migrar, al tiempo que criminaliza a estas personas e incluso las culpa de su propia muerte. Una estrategia que tiene el objetivo de eximir de responsabilidad a la Unión Europea, cuya política migratoria ha hecho de 2024 el año más mortífero hasta ahora para quienes intentan llegar a suelo español, convirtiendo la ruta migratoria del Atlántico en la más peligrosa del mundo. Según datos de la ONG Caminando Fronteras en su último informe Monitoreo del derecho a la vida, año 2024. En 2024 ascienden a 10.457 personas las víctimas en la Frontera Occidental Euroafricana, convirtiéndose en el período más mortífero desde que hay registros, un promedio de 30 muertes al día.
Una necropolítica, similar al genocidio que Israel lleva a cabo en Palestina, cuyo objetivo es impedir la migración de las personas provenientes de las excolonias europeas. Esta necropolítica cuenta con la complicidad de muchos medios de comunicación que, al alertar constantemente sobre «avalanchas» de cayucos y pateras, omiten deliberadamente las razones que obligan a migrar. Entre estas razones, se encuentran las circunstancias específicas de los territorios de origen de quienes se ven forzados a emigrar. En su mayoría, países antidemocráticos reconocidos y apoyados por los Estados miembros de la UE a través de pactos económicos y para el control de las fronteras. Países funcionales a las políticas occidentales de expolio y extracción de recursos, donde la corrupción se convierte en el modelo político y la falta de derechos y libertades en norma, lo que expulsa a su población hacia la diáspora y provee de mano de obra a un sistema capitalista occidental que la exige.
Sin ir más lejos, el Estado español mantiene acuerdos con países como Marruecos, mediante los cuales se contrata mano de obra en origen, que llega a España en condiciones ventajosas para los empleadores, pero que es explotada tanto laboral como sexualmente en los campos españoles, una situación denunciada desde hace décadas. Es el caso de las temporeras atadas a través de la Ley de Extranjería a contratos temporales supeditados a la productividad y a su situación administrativa. No obstante, esta modalidad de contratación no satisface toda la demanda de mano de obra que la metrópoli colonial exige y, es ahí donde la migración irregular cumple su función en el engranaje capitalista. Sin estos flujos migratorios no se puede atender la necesidad de mano de obra en los campos, ni en otros ámbitos como las tareas de limpieza y cuidados para una población envejecida que requiere asistencia diaria.
Hablamos en este último caso de tareas que, como en los campos, se ejercen principalmente por personas migrantes, en este caso mujeres, muchas de las cuales se encuentran en situación administrativa irregular, quedando expuestas también a abusos laborales y sexuales de sus empleadores. Cabe destacar la modalidad de trabajadoras internas, asistentas a tiempo completo que, al dedicarse al cuidado de los hogares ajenos, se ven privadas de la posibilidad de cuidar a sus propios familiares, una realidad que agrava aún más su situación de vulnerabilidad. Ambos, jornaleros e internas se encuentran atrapados por una Ley de Extranjería que no solo niega sus derechos, también les priva de poder denunciar abusos bajo amenaza de expulsión del país o la falta de credibilidad social e institucional. Una coacción que cronifica su situación y contribuye a la división racial del trabajo.
No obstante, los problemas que enfrentan las poblaciones migrantes al llegar al Estado español no terminan allí. En realidad, es ahí donde se inician, y se entrelazan con otras dificultades, como las precarias condiciones de habitabilidad. Para las trabajadoras internas, esto se traduce en un aislamiento casi total, mientras que para los jornaleros, se refleja en la falta de recursos habitacionales por parte de los empleadores y de las administraciones públicas conocedoras de su situación. Una realidad que sumada al racismo social, les impide acceder a viviendas en núcleos urbanos y condena a sobrevivir en asentamientos chabolistas construidos con cartón y plástico que, cada poco tiempo, son incendiados. Quedando así vulnerado el derecho a una vivienda digna.
Una vivienda supeditada al racismo estructural
Al igual que no podemos hablar de inmigración sin abordar el legado colonial, no podemos hablar de racismo reduciéndolo a un aspecto interpersonal, como si solo tuviera relevancia en un plano individual. Debemos entender el racismo como un principio determinante en la sociedad moderna que condiciona no solo la asignación de recursos y la distribución del trabajo, sino la organización misma de la sociedad. Un racismo que afecta a personas migrantes y poblaciones nacionales racializadas como no blancas que, como el pueblo gitano, llevan generaciones residiendo en el Estado español. Un racismo que se manifiesta en todos los espacios y que permite hablar de un orden político sostenido por unas instituciones públicas que lleva a las personas migrantes y racializadas a enfrentar barreras que las marginan, segregan y excluyen, entre otros, en el acceso a empleo, educación o vivienda como veremos a continuación.
En el Estado español, al menos medio millón de personas residen en situación administrativa irregular, así lo indica la campaña estatal Regularización Ya, un movimiento antirracista liderado por personas migrantes que exige la regularización extraordinaria de todas estas personas. Se trata de una situación que impone la clandestinidad y la desprotección, niega derechos básicos como el derecho al trabajo, mientras exige demostrar que se lleva años viviendo en el país para poder regularizarse. La cuestión de la vivienda es clave, puesto que, sin un empadronamiento no solo es muy complicado probar la residencia en el país, sino que condiciona el acceso a otros derechos como la sanidad o la educación.
Si no se posee un lugar de residencia, se pierden muchas de las opciones para acceder al padrón, surgiendo vías informales que se aprovechan económicamente de esta necesidad. Además, algunos ayuntamientos imponen barreras deliberadas que complican, cuando no impiden por completo, el acceso al empadronamiento. Una situación que a nivel sanitario lleva a que se requiera el cobro por la atención recibida o se den arbitrariedades en los procedimientos de acceso y restricciones que afectan especialmente a los más pequeños y a mujeres embarazadas. Además, las organizaciones en defensa de los derechos de la infancia llevan años denunciando que estas mismas barreras racistas se trasladan a otros ámbitos.
Como se ha señalado anteriormente, una de las consecuencias directas es el difícil acceso a la vivienda. Al momento actual de imposibilidad generalizada de encontrar un techo en condiciones y de que este no suponga una parte importante de tu salario, se le añade el racismo. Numerosas investigaciones señalan desde hace años cómo las personas no blancas que buscan alquilar una vivienda enfrentan obstáculos que dificultan o imposibilitan acceder a un alquiler. Ya no solo hablamos de los anuncios dirigidos «solo a españoles» y que advierten «abstenerse inmigrantes», hablamos de importes totales inasumibles para una población precarizada por el racismo, del abuso de arrendadores que se aprovechan de la situación o que añaden cláusulas abusivas cuando no directamente ilegales.
Esta situación se vuelve aún más compleja cuando, además, eres mujer, y tienes que hacer frente tanto al machismo como al racismo. Todo esto lleva a que cuando hablamos del acceso a una vivienda, las personas migrantes y racializadas no solo tengan que cambiar de barrios, viéndose obligadas a abandonar los lugares donde conservan una red de apoyos que es fundamental en su día a día, además se les expulsa a la periferia, y se les expone a viviendas precarias e insalubres que ponen en riesgo su salud y la de sus seres queridos. Hablamos de una segregación silenciosa que echa a las personas pobres y no blancas hacia los márgenes.
Frente a todas estas realidades surge la necesidad de organizarse y responder como lo han hecho movimientos como Regularización Ya o la movilización de miles de personas, el pasado 9 de noviembre de 2024, liderada por colectivos antirracistas bajo el lema “Sin Antirracismo no hay futuro”. Se trata de algunas de las iniciativas que pretenden poner en cuestionamiento el sistema racista en el que vivimos y la necesidad de abogar por un horizonte antirracista. A esta movilización también se sumaron quienes gracias a su articulación, pedagogía y sensibilización social están obligando a día de hoy a que las administraciones e instituciones públicas se muevan en materia de vivienda. Hablo de los colectivos y las organizaciones por el derecho a la vivienda que desde hace años enfrentan los desahucios, denuncian la gentrificación, así como movilizan a la sociedad en defensa de un derecho básico.
En los últimos meses del año pasado estas organizaciones articuladas en defensa del derecho a la vivienda lograron sacar a cientos de miles de personas a las calles en las principales ciudades del país. Se trata de colectivos y organizaciones integrados desde sus inicios por personas migrantes y racializadas que entienden que hay una estrecha vinculación causal entre la lucha por la vivienda y la lucha antirracista: ambas enfrentan un sistema que privilegia a unos sobre otros y que no regala nada sin movilización social.
Bibliografía
Salma Amzian y Fatiha El Mouali “Las moras de la fresa contra el racismo y el sexismo”, El Salto, 9 de junio de 2018.
“Feminizado y migrante: así es el trabajo doméstico en España”, Maldita migración, 30 de marzo de 2024.
Elena Martínez Goytre (coord.) “¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler”, Provivienda, Madrid, 2020.
Alejandra Mateo Fano “El racismo inmobiliario se ceba con las mujeres migrantes en toda España”, El Salto, 1 de abril de 2024.
