Medidas y propuestas para recuperar un mundo rural habitable. Vivienda, apoyo mutuo y autogestión.
Juan Carlos Pérez Aguilera. Graduado en Sociología y militante anarcosindicalista del Sindicato de Oficios Varios de CGT de Alcázar de San Juan
La intención del artículo es, dentro de la brevedad que requiere el mismo, dar una pequeña idea de la realidad de la vivienda en los entornos rurales en el país y articular y proponer un debate sobre ciertas condiciones que, desde un punto de vista que se pretende libertario, deben darse para avanzar sobre un horizonte de una sociedad rural autogestionaria.
Una reflexión inicial
Para abordar este tema, es necesario comenzar por la situación de la vivienda en el ámbito rural del territorio, en la encomienda de despejar la maraña en favor de un horizonte de realidad. Lo primero sería ahondar sobre el papel desempeñado por las administraciones e instituciones públicas y gestionado mediante la legislación que lo hace posible y que tiene como consecuencia la especulación, la espoliación, la exclusión de la mayoría de la población y el abuso. Asimismo, la consecuencia de lo anterior es constatar como la exclusión social y vital de la mayoría de los habitantes ya no es algo coyuntural si no una cuestión estructural. Si a esto añadimos la rapiña e indefensión del mercado laboral con jornadas que pueden llegar a las doce o catorce horas con salarios que apenas dan para acceder al alquiler de la vivienda, a servicios sociales, educativos o sanitarios cada vez más reducidos y precarizados, tenemos como consecuencia que un sector importante de la población está siendo sometido a mecanismos profundos de extorsión y a lógicas mercantiles de servidumbre.
Para hacer una profunda reflexión sobre el tipo de ciudad o núcleos de población que serían deseables, hay que preguntar antes qué tipo de personas, qué relaciones sociales y qué estilos de vida queremos promulgar como los idóneos, siendo necesario un enfoque en términos de sostenibilidad, de urbanismo, de economía autogestionaria -que excluya la pobreza urbana, la criminalización y la marginalización, entre otras-, de tipo de gobernanza asamblearia y de la horizontalidad de la misma, todo engarzado a una forma de gestión autónoma y a la cultura como riqueza inseparable de los pueblos y las personas que los habitan. Esta reflexión debe, como primer e indispensable paso, desacreditar y desmantelar el discurso hegemónico de corte neoliberal que se presenta como única alternativa para gestionar el buen gobierno, la sociedad civil – produciendo, amparando y legitimando una fuerte estratificación social- y confrontar con proyectos solidarios, radicales en el entendimiento de no perder la raíz de sus principios y equitativos en su aplicación con el modelo de lucha asistencialista y caritativa contra la pobreza y la exclusión social que dicho modelo del capital enarbola sin prejuicios.
La identidad corresponde al resultado del proceso de apropiación simbólica del conjunto de experiencias que el sujeto encuentra durante su trayectoria vital. Entre los elementos que determinan una identidad personal se incluyen familiares, amigos y personas conocidas; determinadas costumbres y normas sociales; la naturaleza de nuestro entorno; e incluso el idioma, ya que por medio de las palabras se transmiten valores, creencias y costumbres de la zona donde uno vive. La identidad comunitaria está referida a la pertenencia que una colectividad siente con respecto a un orden común en la que se integra y se realiza como persona. Por ejemplo, el barrio obrero da lugar a un urbanismo y a una serie de relaciones sociales propias. Tipologías de vivienda, talleres, comercios y costumbres diferenciadas de los barrios burgueses y urbanizaciones con seguridad privada.
Una tercera cuestión, no menos importante, es encontrar una definición adecuada al término rural, siendo deseable tener en consideración tres aspectos: el demográfico, el ocupacional referido al ámbito agrario y el cultural.
Encuadrando la definición y realidad de la vivienda del entorno rural
Collantes y Pinilla sugieren que empleemos como criterio el umbral de menos de diez mil habitantes, aunque como todas las definiciones estas se ven no exentas de debate, debido a variables como puedan ser a la obtención de recursos, la cercanía a grandes núcleos de población, a los medios de vida que tengan y al medio natural en el que se asienten dichas localidades.
Teniendo en cuenta lo anterior, pongamos en situación algunas cifras necesarias para comprender la situación en una Península Ibérica- hurtamos en este caso Portugal-. En los Censos de Población y Viviendas del año 2021 según el INE se incluyen los Resultados sobre Hogares y Viviendas a fecha del 30 de junio de 2023, los cuales recogen que en España había 18.539.223 hogares a 1 de enero de 2021, 455.531 más que en 2011 con un número total de viviendas de 26.623.708; según el consumo eléctrico en un año completo, 3.837.328 viviendas se catalogan como vacías y 2.514.511 de uso esporádico. Las viviendas vacías se encontraban en 2021 con mucha mayor proporción en municipios pequeños. Así, los de menos de 10.000 habitantes, en los que residía el 20,3% de la población total, registraron el 45,0% del parque de viviendas vacías. Por el contrario, las ciudades de más de 250.000 habitantes, donde residía el 23,8% de la población, solo contenían el 10,5% del total de viviendas vacías.
La mitad de los 8.125 municipios españoles existentes, están por debajo de las quinientas personas empadronadas y 1.286 tienen menos de cien personas. El 79% de los Ayuntamientos españoles, es decir, uno de cada cinco municipios (6.419 de los 8.131 actuales), ha registrado más muertes que nacimientos en los últimos 20 años. Zamora, Ourense y Cuenca perdieron más del 0,5% de su población en 6 meses. El Informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre “Población y despoblación en España 2016”, subtitulado “El 50% de los municipios españoles, en riesgo de extinción”, daba cuenta con contundencia de la magnitud del problema. Por poner un ejemplo, hay provincias como Teruel, Soria y Cuenca que tienen menos población que hace 250 años: la zona de los Montes Universales tiene menos densidad de población que Laponia. Por el contrario, la provincia de Barcelona (con 350.220 habitantes en 1787) ha multiplicado por 16,4 su población. En ese año de 1787 Bilbao tenía 12.887 habitantes, menos de la mitad que Écija, pueblo de la provincia de Sevilla.
La pandemia y el teletrabajo han cambiado la visión de los pueblos, viéndolos como posibles residencias. Sin embargo, hay problemas significativos que impiden atraer a nuevos habitantes, siendo la disponibilidad de vivienda la más crítica y, que, junto a propuestas de viabilidad, la que nos ocupa en este artículo. Hay que reseñar, para poner en un contexto adecuado una visión de la realidad del acceso a la vivienda en los entornos rurales, una serie de puntos clave como son: la inhabitabilidad de muchas viviendas debido a su penoso estado de conservación -viviendas que se circunscriben en el 45% de viviendas vacías o secundarias- y la inexistencia de una oferta de viviendas en alquiler lo que pone en dificultad el traslado de personas debido, entre otros motivos, a que los propietarios de las mismas son reacios al alquiler o son de herencias compartidas en las que no hay acuerdo al respecto; más preocupante aún, el 30% de estos inmuebles fueron construidos antes de 1960, y un 10% se encuentra en estado ruinoso o deficiente; de lo que se deduce que no es un problema de cantidad, sino de calidad y accesibilidad, hándicap que señalan los expertos en desarrollo rural.
Las viviendas existen, pero muchas son inhabitables o requieren inversiones de rehabilitación inasumibles para los potenciales inquilinos o el mencionado como factor sentimental: un obstáculo invisible pero poderoso por el cual los herederos prefieren ver deteriorarse las viviendas antes de que otras personas puedan habitarlas. Por lo tanto, nos enfrentamos a un parque de viviendas obsoleto y abandonado, situación que es consecuencia y, a su vez causa de tres dificultades, al menos: una central que radica en que se ha carecido de voluntad política para poner en marcha las medidas necesarias para paliar la escasez de inversión en vivienda pública y de ayudas necesarias para la rehabilitación de las existentes, a pesar de existir una legislación que ya nació sin contenido presupuestario como fue la Ley 45/07 de 13 de diciembre de 2007 sobre “Desarrollo sostenible del medio rural” que contemplaba facilitar el acceso a la vivienda y una ordenación territorial y urbanística adaptada a sus condiciones específicas (sic) en el medio rural así como garantizar el derecho a unos servicios públicos accesibles a discapacitados y mayores.
El segundo escollo ha sido las políticas europeas que han dejado fuera, al definir las áreas escasamente pobladas por el cual muchos municipios quedaron fuera de la financiación de los Fondos Europeos de Desarrollo Rural (FEDER), dejando sin voz a los pequeños productores, cooperativas y unidades familiares, etc. al quedar excluidos de las Unidades Territoriales (NUTS) objeto de financiación en el Reglamento de Disposiciones comunes aprobado por el Parlamento Europeo el 14 de febrero de 2019.
Y el tercer problema destacable es una clase política, más preocupada por la representación de una comedia bufa en las instituciones que indigna a propios y extraños, que de generar una actuación real y efectiva que ataquen de raíz y con seriedad la gravedad de la situación articulando en sus distintos niveles las actuaciones necesarias.
Frente a este escenario, la recuperación del espacio público se ve como una estrategia fundamental frente a la insaciable economía del capital que, en su modelo de acaparamiento sin límites en un planeta limitado, amenaza con la promesa de hacer realidad la distopía del hermano mayor tan bien profetizada en el texto 1984 de Orwell, con su proceso de alienación, servidumbre, adoración a la tiranía e individualismo a ultranza.
Sin embargo, los pequeños municipios se encuentran en una situación paradójica: disponen de viviendas, pero carecen de recursos para su recuperación. Los limitados presupuestos municipales y la escasa prioridad que los planes estatales y autonómicos dan a la vivienda rural pública dejan un panorama desolador. La creación de un parque público de viviendas en alquiler, una solución demandada por muchos expertos, se ve obstaculizada por estas limitaciones financieras y por una falta de voluntad política. La falta de viviendas habitables frena muchos proyectos de vida rural. Se han anunciado desde alguna Comunidad Autónoma ayudas al alquiler que pueden llegar al 75% para jóvenes en entornos rurales, medidas a todas luces insuficientes ante la magnitud del problema y que tan solo ponen tiritas a un entorno rural que ya presenta el rigor mortis de un cadáver desde hace decenios.
Breve esbozo de estrategias para la cuestión de la vivienda y la despoblación rural
Pero vayamos al meollo de la cuestión. Aunque todas las propuestas dentro de la lógica del sistema del capital, incluso las más voluntariosas y sesudas, pasan por abordar un plan integral de ayudas para la rehabilitación y programas para la activación de viviendas vacías, incentivos fiscales, un parque público de vivienda rural en alquiler, inversión en los servicios básicos y una legislación más ambiciosa, se ha de plantear la pregunta ¿a qué ayuda o aporta este tipo de proyectos a la creación de una sociedad rural de corte libertario y autogestionario? Y hay que preguntárselo siendo consciente al estar escribiendo esto para una publicación que nació bajo la pretensión de defender esos principios e ideales e intentar orientar la acción y el pensamiento hacia caminos propios.
Se han de plantear estrategias que se esbocen desde el cuestionamiento de una economía controlada por quien no consentirá jamás el menor atisbo de independencia y que es, a su vez, quien decide qué se ha de hacer y cómo, por lo que se debe incidir en la dificultosa tarea de alejarse de todo aquello que no se proponga y que no tenga como objeto un fin o un proceso autogestionario, que no implique una ineludible lucha de clases o una decidida discusión sobre la existencia de la propiedad privada. Lo contrario no es más que una muestra del posibilismo tantas veces defendido “por las izquierdas” de este territorio peninsular y de otros bien conocidos. Así, he de entender que todo aquello que no pase inexorablemente por la expropiación y por la activación y engrosamiento de los bienes comunales en un horizonte de autogestión no ha de ser de provecho para un proyecto de corte libertario.
Dicho esto, y entrando en espacios resbaladizos y, por ende, difíciles de defender sin un cuestionamiento severo y un debate permanente sobre los cauces y formas para su implantación, puesta en práctica y finalidad, quiero hacerme eco de las propuestas de Enrique-Javier Díez Gutiérrez y de Carlos Taibo en su Iberia vaciada, Despoblación, decrecimiento y colapso que, a su vez recogen de otros autores y permitiéndome el atrevimiento de hacerlo con escepticismo constructivo y añadir modificaciones, si procediera más atrevidas y la advertencia de que todo ello pasa, lamentablemente, al no ver un horizonte cercano de proceso popular que arranque de sus manos la hegemonía mediante un proceso revolucionario, por la anuencia y la salud económica del sistema vigente, con la intención de expropiar el capital y los medios necesarios para ello.
Con esta puntualización no exenta de polémica y objeto de un proceso de reflexión y debate arduo que no procede en este espacio reducido, paso a enunciar, en principio, una serie de medidas que globalmente abrirían una posibilidad para hacer realidad una solución a la escasez de viviendas- que no solo se puede abordar mediante la construcción, rehabilitación o alquiler de las mismas-; medidas mínimas a adoptar en un horizonte de inmediatez y urgencia:
- Creación de bancos públicos de tierras gratuitas o de alquiler social y la introducción de la agroecología fundamentada en la recuperación de prácticas autóctonas, la recuperación de la biodiversidad perdida y los servicios gestionados por los vecinos, como la creación de Bancos de Herramientas gratuitas en préstamo y bancos de tiempo para tener asesoramiento del campesinado en los procesos agropecuarios. Por citar trabajos comunitarios tradicionales citaré algunos en los que no se trabajaba por dinero y era una actividad comunal de apoyo mutuo como en la península es el auzolan en Navarra, la prestación asturiana andecha, las hacenderas de Segovia, la tornajeira gallega, el tornallom valenciano, o fuera de ella, como el coor o meitheal irlandés, la minka, mingako o minga (del quechua minccacuni «solicitar ayuda prometiendo algo»), que hoy usan todavía los pueblos indígenas de la cordillera andina. Bayanihan es un término filipino que se refiere a un espíritu de unidad comunal o esfuerzo para lograr un objetivo particular, Dugnad es un término noruego para el trabajo voluntario realizado en conjunto con otras personas, el Talkoot, de Finlandia, es una expresión para la reunión de amigos y vecinos para realizar una tarea, en México, en la cultura zapoteca, se conoce como tequio a la faena o trabajo colectivo, Gadugi en Cherokee significa «trabajar juntos» o «trabajo cooperativo”, en Uzbekistán; la antigua ceremonia de ayuda mutua “khashar”, Naffīr (نفير) es una palabra árabe utilizada en algunas partes de Sudán para describir determinados tipos de empresas de trabajo comunal, el Imece es un nombre dado a una colaboración tradicional turca en un pueblo, en Hawai, tiene la «laulima» (trabajar juntos), el Harambee es una tradición keniana de eventos de autoayuda de la comunidad, en algunas zonas de Haití se reconstruyeron gracias al trabajo comunitario llamado kombit, en Ruanda, la palabra umuganda se puede traducir como «la unión en el propósito común de lograr un resultado».
- Banco de viviendas gratuitas o de alquiler social con la rehabilitación de casas deshabitadas y con criterios sostenibles aplicando técnicas constructivas de bio-construcción y con la creación de cooperativas permanente con mano de obra rotatoria entre los vecinos y escuelas taller de oficios más acordes con el entorno rural.
- Otorgamiento de bonificaciones-exenciones fiscales para cooperativas, familias y personas autónomas y la total bonificación de los impuestos incluido el IVA de los productos necesarios, con gratuidad de alimentos básicos de los mercados locales como hortalizas, legumbres, pan y fruta. Implementando experiencias de trueque e intercambio de productos para reducir a su mínima expresión el uso de dinero con tendencia a la eliminación del mismo en las diferentes demarcaciones rurales.
- Renta básica de las iguales que garantizase el mínimo para vivir con dignidad y que significara el reparto de la riqueza y cierta independencia dedicada a la construcción de un proyecto de vida más acorde con criterios ecológicos, con la creación de un fondo comunitario gestionado por las asambleas de vecinos, fondo dedicado a satisfacer las necesidades comunales más urgentes y a la conformación de núcleos con tendencia a la autogestión y a la adquisición de aquello que se necesite con dinero y venga del exterior.
- Planes de modificación legislativa para la que los migrantes puedan habitar, sea cual fuere su situación administrativa, las zonas rurales en igualdad de condiciones.
- Servicio gratuito de transporte público de viajeros mediante demanda, como cuestión fundamental en la necesaria reordenación del territorio, superando el aislamiento y el ciclo de compra de vehículos privados, así como construcción de nuevas vías férreas públicas convencionales que articulen los territorios más despoblados como apuesta preferente por su economía, ecología y vertebración social.
- Fomento del trabajo cooperativo, en sistemas asamblearios con decisiones horizontales que vayan desde la apicultura, la ganadería y el pastoreo, aprovechamiento de recursos forestales y montes y creación de nuevas ocupaciones destinadas a la instauración, conservación y avance en sectores como las energías renovables- atendiendo a informes de Ecologistas en Acción, la autosuficiencia energética, el establecimiento de telecomunicaciones con servidores y estaciones autónomas- aquí conviene tener en cuenta la acción individualizadora de las tecnologías y pensar seriamente en la necesidad de recuperar relaciones humanas en los espacios habitados y, bioconstrucción, permacultura, reciclaje, conservas, adecuación del entorno y de tareas para personas con discapacidad mental, elaboración y recuperación de las artesanías y los oficios de utilización con materiales autóctonos.
- Recuperación de la gestión de los bienes comunales mediante la gestión de los concejos abiertos, espacios asamblearios que tomaban, y en su caso todavía toman, decisiones sobre los bosques o sobre el volumen deseable del ganado, siempre desde la búsqueda del autogobierno
- Reactivación de mercados locales de proximidad y fomento de canales cortos de comercialización de productos locales y de venta directa con tendencia al trueque e intercambio, junto con el consumo de proximidad.
- Fomento de los servicios de sanidad, educación, servicios sociales, redes rurales de Universidades públicas, Centros y facultades de enseñanza Superior y centros de apoyo para la los estudios a distancia, mediante las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), fortalecimiento de la figura del maestro rural, implementación de medidas para la igualdad de oportunidades entre géneros, fomentar el mundo rural como un espacio agradable con espacios de acogida y acceso gratuito a todos los niveles de cultura, desde museos hasta teatros, de intercambio de ideas y experiencias, de creación, arte y disfrute, consolidación de ludotecas, bibliotecas, etc. Establecer y fomentar redes de apoyo mutuas, de encuentro y solidaridad, apostando y concienciando por la comunidad y sensibilizando sobre el valor del apoyo ante la soledad, ante la vejez y ante las necesidades de cercanía, de empatía y enfatizando en los afectos como pilares necesarios para una comunidad.
En la seguridad que estas y otras medidas serán o no del agrado del lector y en la pretensión de que sirvan, al menos, para entablar una reflexión seria en la organización sobre el mundo que queremos habitar y el que debemos entre todas construir, no es menos cierto que queda un largo camino para atajar las dificultades de acceso a la vivienda en el ámbito rural, especialmente para los jóvenes, debido al aumento de precios, alquileres y tipos de interés, así como a la insuficiente oferta de viviendas nuevas. Hay que apostar decididamente y partiendo de principios libertario por una solución global para cubrir la demanda mediante comunidades sostenibles y autónomas. Entre otras cuestiones que están en las previsiones, se calcula, según el Informe Anual 2023 del Banco de España que se necesitan al menos 100.000 viviendas nuevas adicionales por año para cubrir la demanda actual en todo el territorio, y que esta cifra podría aumentar a 150.000 si no hay restricciones
¿No sería, al menos, conveniente comenzar a trazar por todos los medios posibles las alternativas para la construcción de un mundo rural y, por ende, social, político y económico más acorde con los principios libertarios, autogestionarios y de apoyo mutuo que promulgamos? El mundo rural nos ofrece oportunidades que no debemos descartar y a las cuales debemos prestar atención detenida en estos años que se avecinan.
Bibliografía
Fernando Collantes y Vicente Pinilla ¿Lugares que no importan? La despoblación de la España rural desde 1900 hasta el presente, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2019.
Enrique Javier Díez-Gutiérrez y María José Rodríguez-Rejas. “Retos y propuestas para repoblar la España vaciada: Por una España repoblada”. Cuadernos de Desarrollo Rural, 18, 2021. https://doi.org/10.11144/Javeriana.cdr18.rpre
Fernando Moreno Mozo. “El insuficiente apoyo a la vivienda protegida en la España rural y el reto demográfico”, Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros 264 (2024), páginas 8-79.
«La vivienda rural: el gran obstáculo para la repoblación que las ayudas al alquiler no logran resolver» El Nordeste de Segovia, 27 de octubre de 2024
Carlos Taibo. Iberia vaciada. Despoblación, decrecimiento y colapso, Catarata, tercera edición ampliada, Madrid, 2021.
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