José Luis Carretero Miramar. Confederación Sindical Solidaridad Obrera.
Los últimos avances en los modelos de inteligencia artificial (IA) han impulsado en la bolsa a las grandes empresas tecnológicas globales. Las famosas Big Tech (Microsoft. Google, Amazon, Meta y Apple) y la empresa Nvidia (fabricante de los microprocesadores de los ordenadores) se han revalorizado en los mercados en el último año, de media, un 78 %. Meta y Nvidia han duplicado y triplicado, respectivamente, el precio de sus acciones. Alphabet llegó a los dos billones de dólares de capitalización el pasado mes de abril. Microsoft superó los tres billones en enero. Sólo otras dos compañías, Apple y Nvidia, habían llegado a estas valoraciones previamente.
El desarrollo de robots que simulan una conversación (chatbots) basados en inteligencia artificial generativa como ChatGPT, de Open AI (participada por Microsoft) o Gemini (de Google) exige mucha capacidad de cómputo, lo que favorece la acumulación de capital en el sector e impulsa a las empresas de diseño de microchips como Nvidia y a las que fabrican semiconductores como Samsung o TSMC. Además, el negocio de la computación en la nube (cloud) de las empresas tecnológicas como Microsoft y Amazon, se expande también de manera acelerada. Microsoft obtuvo un crecimiento del 23 % de la facturación en esta área entre enero y marzo de 2024, hasta los 35.100 millones de dólares. AWS, la división de servicios en la nube de Amazon, facturó en el primer trimestre del año 25.000 millones de dólares, un 17 % más que el trimestre anterior, lo que ha impulsado sus beneficios un 84%.
La nueva fiebre del oro está llegando al Estado español
Nadie parece querer perderse la nueva “revolución” de la inteligencia artificial. El dinero de los fondos de inversión fluye aceleradamente hacia las tecnológicas y hacia las empresas emergentes (start up) que desarrollan modelos de negocio basados en la IA. Nos encontramos ante una nueva “fiebre del oro”, alimentada por las recurrentes declaraciones de los directivos de las grandes tecnológicas sobre la esencia disruptiva de la inteligencia artificial en el mundo empresarial del futuro.
Y, para desplegar la IA, hacen falta también infraestructuras tecnológicas apropiadas. Las “Big Tech” van a impulsar centros de datos y de I+D+i en nuestro país por valor de 21.000 millones de euros. AWS dedicará 15.700 millones de euros, hasta 2033, a ampliar sus tres complejos de centros de datos en Aragón y a construir uno nuevo en Zaragoza. Meta construirá otro en Talavera de la Reina, para lo que invertirá cerca de 750 millones de euros. Google invertirá 650 millones de dólares, hasta 2026, para abrir una “región cloud” en España, con un cable submarino y un centro de ciberseguridad. Microsoft dedicará 1.928 millones, hasta 2025, abriendo centros de datos en Aragón y en Madrid. Los gobiernos neoliberales de Comunidades Autónomas como la madrileña o la aragonesa se han centrado en ofrecer todo tipo de facilidades financieras y administrativas a las empresas de centros de datos, tratando de atraer estas inversiones. El gran festín para las tecnológicas está servido.
Por supuesto, estas infraestructuras necesarias para la IA no son tan inocentes como nos las pintan. Sus efectos medioambientales, sociales y económicos son mayores de los que se nos suele decir. Los centros de datos consumen cantidades enormes de agua y electricidad, lo que hace crecer los precios de estos suministros en las áreas donde se ubican. Su presencia masiva en un país con sequías recurrentes y graves problemas de agotamiento de los recursos hídricos, que se van a ver acrecentados por el cambio climático en ciernes, generará un problema grave de acceso al agua para las poblaciones cercanas. Los empleos asociados a estas infraestructuras, además, van a venir mediatizados por la utilización intensiva de la IA en la gestión de los recursos humanos y en la selección de personal que se apunta en el horizonte.
Reconocimiento facial automatizado en el espacio público
La Unión Europea, de hecho, acaba de aprobar un Reglamento sobre IA que pretende convertirse en un ejemplo para el resto del planeta, por su supuesta condición garantista de los derechos fundamentales de la ciudadanía y las personas trabajadoras. Sin embargo, esta normativa ha nacido ya descafeinada, como indican la mayoría de los expertos en la materia. La voluntad de la Comisión Europea de convertirse en un actor geopolítico importante en un mundo cada vez más multipolar y tensionado ha conducido a que se prime, en el Reglamento, la necesidad de impulsar el desarrollo tecnológico (y con él, el crecimiento económico y la infraestructura de seguridad y defensa) sobre los derechos de la ciudadanía. El Reglamento establece distintas modalidades de IA, a las que se aplica una normativa diferenciada, que va desde la prohibición expresa, salvo para uso policial o militar (a las tecnologías más intrusivas, como la vigilancia biométrica de la ciudadanía en espacios públicos), a la plena libertad de uso y experimentación. La Policía Nacional española, en cumplimiento del Reglamento, ha desarrollado ya una herramienta de vigilancia biométrica en el espacio público (llamada ABIS), para uso “excepcional”, que ya se está utilizando, partiendo de las bases de datos de personas detenidas por la Guardia Civil y la Policía Nacional. ABIS es legal, porque no realiza el reconocimiento facial de las personas grabadas en tiempo real, sino posteriormente. Ya han sido utilizadas herramientas similares en Francia, Países Bajos o Alemania.
Los riesgos de la inteligencia artificial y los algoritmos en la selección de personal
En el universo de la gestión de los recursos humanos (es decir, del control de la fuerza de trabajo obrera) la IA se está introduciendo a toda velocidad. Y no sólo nos referimos al trabajo creativo o a la programación informática. Se han generalizado las aplicaciones para el desarrollo de los procesos de selección de personal, para la vigilancia y control de las plantillas (muchas veces utilizando herramientas de geolocalización de personas, vehículos o materiales), para el control del trabajo a distancia, para la gestión de horarios o para el reparto de tareas, entre muchas otras.
Especialmente delicado, desde el punto de vista de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, es el uso de la IA en los procesos de selección de personal. El estudio automatizado de los currículos de aspirantes a un puesto de trabajo permite descartar para el empleo a personas sin ninguna intervención humana, pese a que esto, en principio, estaría prohibido por la normativa europea. La aplicación de algoritmos puede estar sesgada desde el mismo acto de programación de la aplicación y generar resultados discriminatorios, aunque no se haya buscado ese resultado desde el inicio. Pensemos, por ejemplo, que se otorgue una determinada puntuación a una titulación que, sin ser imprescindible para el puesto, sea realizada usualmente sólo por personas de un determinado género. La aplicación automatizada del algoritmo descartará a las personas del género contrario de manera consistente, sin que pueda achacarse a una intención discriminatoria expresa.
Además, la selección de personal tiene una característica que hace especialmente peligrosa la utilización de este tipo de herramientas. Es muy difícil que las personas que buscan empleo denuncien a la inspección de trabajo lo que sucede en el proceso de selección, ya que no suelen quedar pruebas, y es aún más difícil que lo hagan en el caso de decisiones que se toman sin explicación alguna y en contextos de absoluta opacidad respecto a los motivos de lo decidido. La tentación de dejar decidir a la IA es demasiado fuerte en procesos con miles de aspirantes, en los que nadie va a recurrir nada.
La inteligencia artificial para asignar horarios laborales y cargas de trabajo
También se están expandiendo aplicaciones de gestión de los calendarios laborales, sobre todo en las grandes superficies y sectores como el comercio minorista. Estas herramientas dotan a las decisiones empresariales de un aura de objetividad absolutamente falsa. Además, se usan para inundar a la fuerza de trabajo con la idea de que el desarrollo tecnológico, “imparable”, obliga a convertir el contrato laboral en un auténtico “contrato a demanda”, digan lo que digan los convenios, lo que provoca un incumplimiento generalizado de las normas legales sobre la jornada y el horario laboral en sectores muy precarizados. Quien escribe estas líneas ha visto también como la parte empresarial en una mediación laboral sobre el horario de trabajo, en una gran empresa comercial, se apoyaba en el uso habitual de aplicaciones informáticas en el sector del comercio para intentar convencer a las personas que llevaban la mediación, de que el incumplimiento de la normativa legal y convencional era un efecto “irresistible” del avance tecnológico. Su argumentación era el equivalente a agitar “espejitos de colores”, ante los indígenas en los inicios del proceso colonizador. Trataban de usar el “papanatismo tecnológico” que hoy día nos envuelve por todas partes, como una especie de nuevo “sentido común”, para justificar decisiones empresariales que dejaban a las personas trabajadoras sin saber el horario que iban a tener al día siguiente.
Lo mismo ocurre con las aplicaciones que proceden a la asignación de tareas entre el personal, en sectores como el telemárketing (contact center). La opacidad de los criterios que usan los algoritmos que determinan a quién se le van a derivar las llamadas (o determinado tipo de llamadas) puede provocar situaciones discriminatorias o profundizar escenarios de acoso. Desde la aprobación de la “Ley Rider”, la representación legal de las personas trabajadoras tiene derecho a que se le informe de los contenidos de los algoritmos automatizados usados en el trabajo que puedan afectar al personal, pero las empresas se resisten a cumplir este extremo y cuando se les exige esta información, responden sólo con generalidades, negándose a dar los datos técnicos realmente relevantes. Además, el estudio de estos datos va a exigir de las organizaciones sindicales unos conocimientos técnicos de alto nivel, que no tienen todas las secciones sindicales ni todos los organismos obreros.
Y, por supuesto, el control empresarial se va a volver mucho más asfixiante con la IA. La jurisprudencia de nuestro país es cada vez más tolerante con la utilización de herramientas de geolocalización que pueden afectar a las personas trabajadoras, aunque no se les impongan directamente a ellas (como las aplicaciones de seguimiento de vehículos, de productos o de maquinaria usada en el trabajo). La expansión de las redes de telecomunicaciones 5G permite la ampliación del universo de dispositivos conectados al mismo tiempo a una red (el llamado “Internet de las Cosas”, o “IoT”), lo que facilita la gestión de grandes almacenes y fábricas, al tiempo que la vigilancia del personal. En Estados Unidos, grandes tecnológicas como Amazon ya están utilizando pulseras y tobilleras de geolocalización para controlar el desempeño de su fuerza de trabajo en los almacenes.
Contra el papanatismo tecnológico
Podríamos dar muchos más ejemplos de cómo la tecnología está siendo utilizada para aumentar la explotación de los seres humanos. Y la alienación de las personas trabajadoras. Como un ejemplo de esto último, prestemos atención a la expansión de las técnicas de “marketing del empleado”, que consisten en que quienes trabajan usen sus redes sociales particulares para promocionar los productos de la empresa, a cambio de alguna mejora laboral o retributiva. Quienes usan las redes sociales serán más sensibles a una publicidad firmada por alguien con quien tienen una relación de amistad, que a la que presenta la propia empresa en sus campañas de marketing y que además resulta mucho más cara de producir. Pero quienes se prestan a hacer esto por la empresa, se arriesgan a que el proceso de acumulación del capital invada hasta lo más profundo de sus relaciones humanas y sus impulsos vitales.
Para hacer frente a estas nuevas dinámicas de explotación y opresión debemos recordar que la única fuerza de la clase trabajadora es la unión y la socialización de los esfuerzos. La solidaridad, contra el control. El humanismo, contra el papanatismo tecnológico. Entender que la tecnología construye herramientas con los objetivos que el poder le impone, pero que lo que realmente tenemos que cambiar es eso: los objetivos y el poder. Y entonces podremos tener otras herramientas (más ecológicas, más humanas, más sociales) para hacer cosas muy distintas.
Este artículo se publicó en Libre Pensamiento nº 118. Verano 2024.
