José Luis Carretero Miramar. Solidaridad Obrera
“El que no procure hacerte cargo de gobernarte a ti mismo, de pensar por tu cuenta, de infundirte confianza propia, de que seas unidad de valor positivo, es un infame impostor, porque tú no debes esperar nada de nadie, tu debes conquistarte lo que apetezcas, que será también cuánto valgas, cada uno debe de ser voluntad consciente y bastarse a sí mismo. Así hay que hablar al pueblo, así hay que educarle”.
Esto escribía el pedagogo anarcosindicalista catalán Albano Rosell en 1913. Mucho ha llovido desde entonces y mucho ha cambiado el mundo educativo. La expansión de la escuela pública ha dejado poco espacio para escuelas racionalistas o sindicales. La lucha por el derecho a la educación del pueblo se ha trasladado en gran medida a las aulas de los colegios e institutos públicos, a las reivindicaciones centradas en evitar la segregación clasista y racista en los centros o en evitar el despido masivo de personal docente provocado por el proceso de degradación de la escuela pública impulsado por las Administraciones neoliberales.
Y, sin embargo, en medio de las crecientes tormentas sociales de nuestro mundo, el corazón de la propuesta de Rosell sigue siendo abrumadoramente actual. Reivindicar una educación que permita construir un pueblo fuerte, dueño de sí mismo y capaz de nombrar y determinar su mundo, debe seguir siendo el objetivo inexcusable para quienes trabajamos en los centros educativos. Convertir a las jóvenes generaciones en gentes capaces de ser “voluntad consciente” en la vida social, constituye el eje fundamental de la “lucha contra el fatalismo” que pedagogos actuales, como Philippe Meurieu, presentan como la misión esencial de cualquier forma de pedagogía democrática.
Y no debemos olvidar eso cuando hablamos y pensamos sobre la Formación Profesional, la “etapa maldita” de la escuela de hace unas décadas, y la “promesa oculta” de los nuevos proyectos de la Comisión Europea.
La Formación Profesional trata de enseñar a quienes van a trabajar en el futuro, cómo comportarse en un puesto de trabajo, las habilidades y conocimientos que ha de dominar un profesional en el mundo productivo que nos rodea. Es una educación para el empleo, para vida laboral, pero también para la vida en el más amplio sentido de la palabra.
La propuesta anarquista clásica de la “educación integral” conectaba con este tipo de necesidades. Para la pedagogía libertaria, la educación debía crear seres humanos completos, abiertos, socialmente responsables, capaces de trabajar y de amar, de reflexionar y de realizar actividades físicas de todo tipo. No en vano, los sindicatos anarcosindicalistas asumieron esta propuesta como propia. Durante la Guerra Civil, la CNT y las colectividades libertarias impulsaron proyectos de formación profesional específica, para desarrollar las capacidades productivas de la clase obrera, como la Escuela Polítécnica Confederal de Madrid, la Escuela Profesional de Artes y Oficios de Elda, la Escuela de Secretarios de Colectividades de Levante, o la famosa Escuela de Militantes de Aragón, descrita magistralmente en un libro de igual título por Francisco Carrasquer.
La Escuela Profesional de Artes y Oficios de Madrid, por ejemplo, fue fundada por el Sindicato de Técnicos de la CNT para impartir enseñanzas para “todos los trabajadores y sus hijos (…) sin tener en cuenta a qué organización pertenecen”. Enseñanzas prácticas que consistían en cursos, entre otros, de taquigrafía, francés, inglés, alemán, italiano, ruso, correspondencia comercial, contabilidad y cálculo mercantil, etc. Las clases se impartían en turno de mañana y tarde, para facilitar la asistencia de quienes ya estaban trabajando. Y podía asistir afiliación a la CNT y a la UGT, que supiera leer y escribir, y que tuviera más de doce años de edad.
Sin embargo, la FP actual, delineada por la reciente Ley Orgánica de Integración y Ordenación de la Formación Profesional, tiene al mercado capitalista y a la empleabilidad como únicos elementos articuladores. En la FP de nuestro tiempo se proscriben claramente los elementos humanísticos y críticos y se fomenta la identificación del “espíritu emprendedor” con las necesidades de la gran empresa. La “empleabilidad” es el mantra fundamental de la nueva Ley. Se trata de un concepto ambiguo que permite enlazar las necesidades de empleo de la clase trabajadora con las necesidades de disciplina productiva y formación técnica de la empresa capitalista. El alumnado es “empleable” cuando asume que su vida debe estar orientada en su totalidad hacia el mercado (“personal branding”) y que la estructura básica del mundo de la mercancía se corresponde con las dinámicas esenciales de la conformación de su personalidad total en una etapa juvenil. Interiorizar claramente las necesidades del mercado capitalista garantiza la “empleabilidad”, y es algo que va más allá de la simple formación en habilidades técnicas o sociales, e incorpora elementos abiertamente ideológicos, como la preeminencia de la competencia sobre la cooperación en la vida cotidiana, o la identificación de la eficiencia productiva con la generación de beneficios para el accionista.
Esta orientación esencial a las necesidades del mercado capitalista impacta aún más en la especialidad transversal por excelencia de la FP: Formación y Orientación Laboral (FOL). El currículo de FOL, que ahora ha pasado (nada inocentemente) a denominarse Itinerario Personal para la Empleabilidad (IPE) incorpora los elementos básicos del Derecho del Trabajo, la Prevención de Riesgos Laborales, la Orientación Profesional y las herramientas para el emprendimiento, entendido como autoempleo. Se trataría, en principio de un módulo (nombre que reciben el equivalente a las “asignaturas” en FP) dirigido a la educación para el trabajo con derechos. Sin embargo, reiteradamente, las Administraciones Educativas tratan de encauzarlo en otra dirección, mediante la orientación de la formación de los y las docentes hacia las necesidades del empresariado, o, incluso, mediante la modificación del módulo mismo, para poner el acento en la “empleabilidad”, de la que ya hemos hablado, y no en la “formación laboral”, que genera una trama de asociaciones conceptuales más relacionadas con el ejercicio de los derechos en el seno del trabajo asalariado.
La Ley Orgánica asume el diseño básico de lo que podríamos llamar “la FP de la Comisión Europea”. Todos los títulos se convierten en duales (es decir, que se aumentan significativamente las horas de prácticas en empresas), pero no se estructura un marco claro de derechos laborales y sociales del alumnado en prácticas. Se aprueba que las alumnas y alumnos empiecen a cotizar, limitadamente, a la seguridad social y se promueve que, en el futuro, una parte disfrute de un contrato laboral formativo. Pero se abandona al alumnado más joven al tradicional sistema de becas no remuneradas, aumentando sus horas de prácticas y evitando establecer un sistema serio de control del desempeño de la actividad en la empresa por parte de los centros educativos. Las personas que tutorizan las prácticas en las empresas no deben tener ninguna formación básica homologada para ello, a diferencia de lo que ocurre en países como Alemania.
En este contexto, convertir todos los ciclos en “duales” (es decir, multiplicar las horas de presencia en la empresa) impacta sobre la polivalencia de los aprendizajes. Es decir, las alumnas y alumnos aprenden a trabajar en una empresa concreta, perdiendo horas de una formación más amplia que podría hacerles capaces de trabajar en otras empresas del sector. También permite operar una regulación de empleo encubierta entre el profesorado, ya que el número de docentes necesarios por centro se determina en función de las horas de docencia directa en las aulas (que disminuyen, al aumentar las horas en la empresa) y no en función del conjunto de las horas de trabajo del personal educativo. De hecho, la Comunidad de Madrid ha aprovechado muy bien este último extremo, usando la nueva posibilidad de establecer optativas en los títulos de FP, para enfrentar a los docentes entre sí: La CAM establece que sea el claustro de cada centro (el conjunto de los docentes) el que decida, democráticamente, que optativas se establecen y, por tanto, también, qué Departamento pierde horas lectivas (y, por consiguiente, a quien se despide).
La posibilidad de certificación cruzada (entre el desempeño laboral, la formación reglada y los cursos de todo tipo) de las competencias también puede sonar como algo claramente positivo, pero contienen una carga de profundidad muy preocupante. Está claro que reconocer lo que sabe una persona que lleva tiempo en un puesto de trabajo es justo y necesario. Pero debemos tener en cuenta que esta medida se enmarca en un proceso más amplio de privatización neoliberal del sistema educativo. Es decir, que lo que, muy posiblemente, se va a impulsar, es una transformación de la Formación Profesional reglada (la que se imparte en los institutos) hacia el modelo de la FP del SEPE o de la FP Continua. Un modelo en el que una miríada de consultoras y empresas formativas privadas de todo tipo imparten talleres que permiten certificar competencias sin pasar por el sistema educativo público. Así, se puede profundizar de forma indirecta en la privatización de la Formación Profesional, al combinar la posibilidad de certificar competencias en cualquier chiringuito privado, con la limitación de las plazas en los centros públicos, a los que se va dejando que se degraden, retirándoles financiación y personal.
Hemos que tener en cuenta que la FP está tomando en sus manos la reproducción, degradada, de la llamada “clase media” española. El “efecto clase media”, como lo ha llamado Emmanuel Rodríguez, que ha estabilizado desde la Transición el sistema político y económico de nuestro país, estaba basado en la expansión de la vivienda en propiedad, las credenciales académicas y el Estado de Bienestar. Esos tres procesos paralelos permitieron que gran parte de la población abandonara su conciencia obrera previa, al obtener acceso a la sociedad de consumo y a formas de empleo menos centradas en la fuerza física. La gente dejó de considerarse “obrera” porque ya no trabajaba con las manos, tenía una vivienda en propiedad, podía consumir cosas innecesarias y tenía un título universitario que le garantizaba una forma de vida más cómoda.
Sin embargo, el “efecto clase media” de que hablamos, va desvaneciéndose poco a poco desde la crisis del 2008. Cada vez es más difícil reproducirlo en las generaciones siguientes: el Estado de Bienestar se degrada, la vivienda se convierte un problema y las credenciales académicas se desvalorizan en el mercado laboral, ya que la precariedad alcanza también a los universitarios. En este contexto, cada vez más gente ve con buenos ojos que sus vástagos estudien una FP, en lugar de una carrera universitaria, porque es más seguro para el alumnado conseguir empleo, aunque probablemente sea un empleo peor que el que tuvo la generación anterior. La Comisión Europea es plenamente consciente de esta situación, y por ello está centrando su atención en la Formación Profesional y en el desarrollo de los modelos educativos duales, que configuran un sistema de peaje laboral gratuito para la juventud, a la hora de incorporarse al mercado laboral. La pregunta de moda es: ¿cuántas horas debes trabajar gratis en una empresa hasta que te consideren legalmente una “persona trabajadora”? ¿Dónde está la frontera entre aprender un oficio en un contexto productivo y desarrollar un trabajo del que se extrae plusvalor?
Por supuesto, quienes enseñamos en la Formación Profesional tenemos que centrarnos en los aspectos positivos de nuestro trabajo para la construcción del modelo económico futuro y para la vida de las personas jóvenes que nos rodean. La enseñanza consiste en plantar un árbol bajo el que disfrutará alguien que ya no se acordará de quién lo plantó. Somos las y los docentes de la clase trabajadora, no de las élites ni de los directivos. Formamos a cocineros, camareras, agentes de viajes, guías turísticas, mecánicos, administrativas, esteticistas. No formamos a la clase dirigente del futuro, aunque nos insistan con que interioricemos los fundamentos del “espíritu emprendedor”.
Podemos plantearnos: ¿Y si hubiera otras empresas con las que colaborar, como las de la economía social y solidaria? ¿Y si pudiéramos entender la pedagogía como una forma de construcción popular? ¿Y si las docentes de la FP pudieran abrir espacios para el pensamiento crítico en los centros educativos?
Lo imposible sólo tarda un poco más.
Este artículo se publicó en el Libre Pensamiento nº 121, primavera de 2025
