Arnau Huguet Gené. Treballadores de Salut Mental i Addiccions en lluita. CGT Lleida.
Iván Cano Prieto. Acció Social. CGT Catalunya.
Han pasado más de 4 años desde que un virus llamado COVID19 fue el detonante de una pandemia a escala mundial. De la noche al mañana, nuestro día a día se convirtió en un encierro, una ruptura brusca en nuestras vidas con lo más esencial: el encuentro con la otra. En ese momento, todas generamos una conciencia sobre la salud mental como algo indispensable para nuestro bienestar, entendiendo la salud mental como la define la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir, como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a mejorar su comunidad. Y llegado a este punto, la maquinaria del capital se puso en marcha.
Rápidamente, se empezó a construir un nuevo imaginario público de la salud mental en el cual, desde un sentimiento de fragilidad, todas somos vulnerables. La salud mental entró a escena política donde era frecuente escuchar proclamas en el Congreso de los Diputados y de repente “todas sufríamos estrés o ansiedad”.
Las reivindicaciones hegemónicas de partidos políticos y entidades proclamaban la necesidad de contratar más psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública. Y en el imaginario público empezaba a normalizarse el ir al psicólogo (que no el psiquiatra) e incluso verse como imprescindible para vivir en la sociedad actual. Unas líneas políticas que se centraban más en parar una situación de sufrimiento de la sociedad que en problematizar y preguntarse qué realidades estaban provocando esta situación.
La simplificación de la salud mental en las nuevas políticas
Históricamente, se ha construido una mirada hacia las personas psiquiatrizadas, etiquetadas por un diagnóstico de trastorno mental grave, basada en estereotipos, prejuicios y discriminación, construyendo como sociedad un estigma social. El motivo: una condición de funcionamiento no hegemónico. El momento actual era una oportunidad para pensar la atención desde otros márgenes, revertir el déficit histórico de recursos y promover espacios de interacción, claves en las políticas de inclusión. No obstante, la mercantilización que impregna las políticas de salud mental se puso manos a la obra, creando un nuevo producto: el bienestar emocional, que la OMS define como un estado de ánimo en el que la persona se da cuenta de las propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, trabajar productivamente y contribuir a la comunidad.
Esto supone un riesgo enorme en términos de 1) justicia social, ya que ponemos el foco y los recursos en aquella parte de la población “que hay que recuperar para seguir produciendo”; 2) perpetuación de un estigma social hacia las personas con problemas de salud mental; 3) la búsqueda de un incremento del beneficio económico del sufrimiento.
Surgieron entonces aplicaciones de terapia, presuntos psicólogos aconsejando por redes sobre cómo gestionar el trabajo, relaciones sociales, proyecto de vida, Básicamente, sé amplió y consolidó el mercado para las necesidades y sufrimiento propiamente producido por el propio sistema capitalista.
Se iniciaron campañas para normalizar la salud mental, para fomentar que la gente hablara sobre su sufrimiento. En ellas salía gente famosa hablando sobre su recuperación y su etapa de sufrimiento. Gente que incluso ha escrito libros sobre su experiencia que se han convertido en grandes ventas. Se trataba claramente de casos que después de un primer episodio han vuelto a su vida anterior. Historias de superación que representan una mínima parte de la gente que está viviendo en primera persona el sufrimiento. Una campaña que olvida que hay muchas personas que no hablan de su sufrimiento por saber que puede perder su trabajo, la custodia de sus hijos o incluso ser tutelada por el Estado entre otros problemas graves.
Una campaña que parece más dirigida a los familiares y población en general para vender ideas de resiliencia, superación personal e historias de “saneamiento” que no a sus verdaderos protagonistas. Una campaña que en ningún momento visibiliza las situaciones de violencia racista, patriarcal, lgtbifóbica, clasista y cuerdista (opresión y discriminación sobre una característica o condición mental concreta o supuesta de una persona.) extendidas en la mayoría de las historias de las personas con sufrimiento y problemas de salud mental. Una campaña que no problematiza ni crítica al sistema que las reproduce y que tampoco incluye una propuesta para hacer frente a las situaciones de violencia y al sistema. Una campaña en la cual se vende una recuperación que significa volver al trabajo asalariado y así ser productivo para el Estado.
Lo colectivo ante la individualización: privilegios e interseccionalidad.
La respuesta de la administración fue clara: la patologización del malestar. Las consultas de atención primaria, como la red especializada en salud mental, se colapsaron. Las largas listas de espera y una atención precaria evidenciaron un déficit estructural e histórico. Esta situación nos hace reflexionar sobre 1) el desmantelamiento del Estado de bienestar, y concretamente el derecho a la salud; 2) la responsabilidad individual ante el malestar.
La primera reflexión que queremos compartir es que el aumento del malestar de la población que se derivó a la red especializada no fue la causa principal de la saturación del sistema. Es claramente visible que el sistema de sanidad pública se encuentra colapsado en todo el Estado. En Cataluña, hay que reconocer que el sistema de sanidad ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las personas que atiende, aunque las vulneraciones de estos son aún comunes. En el sistema catalán de salud mental, las atenciones son tan esporádicas que la mayoría del trabajo se basa en contener y hacer seguimiento. Como hemos comentado con anterioridad, el déficit viene de lejos tal y como denunciaba la Plataforma de Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental allá por el año 2016. En ese año ya alertaban sobre la presión en la red pública de Centros de Salud Mental de Adultos (CSMA) e Infanto-Juvenil (CSMIJ): más personas atendidas, aumento de la complejidad y falta de profesionales. Respecto a la ratio de profesionales por 100.000 habitantes, los datos más recientes son del 2010, presentados por Salvador-Carulla en el Atlas integral de los servicios de atención a la salud mental de Cataluña, 2010. Hace más de 10 años, Cataluña ya presentaba un déficit por 100.000 habitantes de 1,31 psiquiatras, 2,01 psicólogos, 1,51 trabajadores sociales y 2,1 enfermeros comunitarios.
Esta situación genera una gran perversión e injusticia, ya que, una vez más, el acceso a la oportunidad ante un derecho básico como la salud, lo marca la capacidad económica individual. Por otra parte ¿la problemática es igual en todos los barrios? La respuesta es no. Tal y como denuncia un compañero del Centro de Salud Mental de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) existe un agravio de clase observando diferentes barrios y territorios, donde hay un riesgo a que los servicios que dan cobertura a la clase trabajadora tengan ratios por debajo de la media.
La segunda idea nos lleva a reflexionar sobre la intervención. El abordaje de la salud mental ha cambiado y ha ido de la mano del sistema económico y político de su momento. Actualmente, nos situamos en una de las épocas donde el neoliberalismo y el individualismo se encuentran más impregnados de nuestro día a día. Por este motivo, no es nada sorprendente que cuando hay un sufrimiento propio o de alguien cercano, el peso de la responsabilidad recae de la propia persona y se tiende en gran parte de su círculo a externalizar la relación de cura al sistema de salud y a sus profesionales.
Si nos fijamos en el proyecto político de los movimientos de supervivientes de la psiquiatría, muchos han construido grupos de apoyo mutuo como recursos útiles que nunca han encontrado en el sistema público y han elaborado diferentes materiales con sus conocimientos. Una parte de su acción, mayoritariamente invisibilizada, es construir un abordaje comunitario y autónomo de los malestares y tejer redes de apoyo mutuo.
Ante este punto nos encontramos con un sistema capaz de seducir a las intervenciones autogestionadas y de liberación personal, de introducirlas en el seno de los servicios y con su capacidad de protocolizar y sistematizar, las acaba “pervirtiendo” y ejerciendo paternalismo. Es muy importante, como profesionales, tenerlo presente en nuestra praxis diaria y llevarlo a nuestra reflexión constante. Hay prácticas que son pura artesanía y debemos dejar que fluyan en el seno de la comunidad y de los barrios.
Debemos abrirnos a la comunidad y trabajar de manera coordinada con los agentes comunitarios y asociaciones desde un paradigma colectivo, donde nos encontraremos con la otra persona desde un sentimiento de fragilidad y de su reconocimiento como sujeto político. Esto es lo que nos llevará a tejer comunidades inclusivas y más justas: sentirnos vulnerables.
¿Qué respuesta tenemos que dar como sindicato?
Como sindicato tenemos una responsabilidad ante la mejora de un derecho: la salud mental. Ante una situación de precariedad laboral, en la cual casi la mitad de la población vive inmersa en un entorno laboral precario, debemos reclamar unas condiciones de trabajo dignas. Y sí, debemos denunciar la precarización de las trabajadoras del sistema público de sanidad y social. Hay que luchar para mejorar las ratios en sanidad y dignificar los servicios sociales con su equiparación laboral con el sistema de sanidad. Estos son los servicios que utiliza la clase trabajadora y debemos luchar por una atención digna y adecuada.
Aun así, como sindicato, no debemos quedarnos solo en la reforma y mejora del sistema, sino que también debemos luchar para su transformación desde la raíz con un horizonte revolucionario. Por este motivo es necesario ser muy críticos en las prácticas autoritarias, discriminaciones y violaciones de derechos que aún suceden en el sistema público, tanto social como sanitario, y no caer en el corporativismo que huye del reconocimiento de aquello que no funciona.
Este hecho es plenamente compatible con promover una atención comunitaria y social, donde se acompañe el malestar desde lo colectivo, y se priorice la vida. Tenemos la responsabilidad, como ciudadanas, de promover un modelo de atención basado en la recuperación y los derechos, que garantice la ciudadanía plena. Abogamos para que más allá del diagnóstico o no -que actualmente esconde precariedad social- se acompañe a la persona desde la resignificación y politización del malestar, y sus preferencias. Y como profesionales debemos cambiar la manera de intervenir para salir de la caridad o del mercado y buscar la autonomía y emancipación de la persona en su vida y la de su comunidad.
Para ello, necesitamos a sindicatos revolucionarios que luchen para una gestión de las políticas públicas y sociales que aborden la salud mental desde una transversalidad y no como un producto del capital.
Bibliografía
Judi Chamberlin. Por nuestra cuenta. Alternativas autogestionadas frente al sistema de salud mental. Katakrak, 2023.
Laura Martín López-Andrade. Subjetivismo crítico: una respuesta a los manuales diagnósticos. Asociación Madrileña de Salud Mental, 2014.
Micha Frazer-Carroll. Món de bojos. La política de la salut mental. Tigre de paper, 2024.
Javier Padilla y Marta Carmona. Malestamos. Cuando estar mal es un problema colectivo. Capitán Swing, 2022.
Guillermo Rendueles. Psicologización, pobreza mental y desorden neoliberal. Irrecuperables, 2022.
Luis Salvador-Carulla y otros. GEOSCAT: Atlas integral de los servicios de atención a la salud mental de Cataluña, Generalitat de Catalunya, 2010.
Este artículo se publicó en Libre Pensamiento n º 119, otoño 2024.
