Héctor González. Sindicalista condenado en el Caso La Suiza.
Érase una vez una pastelería… y la Brigada de la Información
Entre los años 2015 y 2018, la CNT de Gijón desarrolló una campaña por la dignificación de las condiciones laborales de la pequeña hostelería con un resultado moderadamente exitoso: información y concienciación sobre los abusos del sector, sentencias favorables, afiliación y, sobre todo, revitalización del anarcosindicalismo en Asturies. Se produjeron diferentes conflictos laborales que tenían un marco común: empresarios que hacían trabajar a sus empleados en unas condiciones leoninas (tal y como reconocieron los juzgados) y una intensa actividad sindical de denuncia: carteles, pegatinas, campañas por redes sociales, movilizaciones diversas y acciones legales.
Uno de estos conflictos fue el de la pastelería La Suiza. Jornadas laborales interminables, categoría inferior a convenio, fallas flagrantes de seguridad y un supuesto (por imperativo legal) acoso sexual. Los dueños del establecimiento, peperos de pro, tenían ciertos contactos en la ciudad, no demasiados, pero mucha determinación por hacerlos valer.
Probablemente no habría habido mucho que contar, de no ser porque la Brigada de Información de la Policía Nacional le tenía muchas ganas a la CNT gijonesa a causa de su campaña de agitación sindical, que daba bastante guerra en la calle, había generado algún encontronazo con hosteleros muy crecidos y deslenguados y que -y no es un tema menor- los obligaba a trabajar bastante más de lo que están habituados (y de lo que desean).
La acción sindical de la CNT molestaba, pero no porque hiciese aflorar la conciencia de clase del precariado o porque martillease los cimientos del capitalismo hasta hacerlos temblar. No. Simplemente resultaba molesta, un incordio, tanto en términos formales como para la hostelería y la Policía.
La Brigada de Información encontró en los dueños de La Suiza unos aliados perfectos para arremeter contra un sindicato como la CNT. El resultado fueron decenas de denuncias por amenazas, concentraciones, obstrucción a la Justicia, asociación ilícita, etc. Paralelamente, la Policía puso en contacto a diferentes empresarios gijoneses (de dudosa reputación) para que exigiesen en los juzgados la ilegalización/disolución de la CNT de Gijón. Nada de esto llegó a ningún lugar (lo que sí llegaría a buen puerto sería una querella por calumnias, que no tiene interés para esta cuestión), pero el caso es que la Policía se esforzó mucho en este conflicto.
¿Y por qué lo hizo? En primer lugar, para dar un escarmiento: hiciste un tipo determinado de acción sindical y ahora te toca pagar las consecuencias. En segundo lugar, para tratar de cortar de raíz este tipo de campañas y, por último, para evitar su amplificación y difusión a otros sectores, organizaciones o espacios geográficos. Dudo sinceramente que hubiera otro tipo de intereses. Ni falta que hacían.
La forma de llevar a cabo esta represión fue (y es) muy democrática. Del siglo XXI. Más allá de unas detenciones realizadas en un momento dado para tratar de amedrentar a ciertas militantes (detenciones que quedaron en nada y que la Policía sabía que sería así), el objetivo fue empantanar y ahogar judicialmente al sindicato en una especie de bombardeo por saturación.
Aunque se tome con calma la situación, los procedimientos judiciales te obligan a preparar declaraciones, ir a juicios, coordinarte con muchos imputados, contratar abogados y procuradores y conseguir dinero por si acaso. Si además los empresarios y la Policía encuentran una prensa que les preste atención, te pasas el día tratando de contrarrestar su relato. Y el efecto es inmediato: muchas de las energías que dedicabas a la acción sindical, las debes enfocar en defenderte y, por si fuera poco, comienzan los problemas internos.
La represión consigue lo que no consiguen los conflictos laborales: disensiones y enfrentamientos muy serios entre compañeros. Llegados a este punto comienzan a surgir diferentes sensibilidades: quienes pretenden seguir adelante y aguantar lo que venga, quienes advierten que estas consecuencias ya las habían previsto ellos y quienes se apartan de la acción sindical. Los problemas entre el primer y el segundo grupo son siempre notables y no suele atenderse a razones sino a reproches (lo que amplifica el problema).
No creo equivocarme si afirmo que lo expuesto en las líneas previas es justo lo que buscaba la Policía y que sus resultados han sido ciertamente exitosos. No es que la CNT gijonesa haya sufrido un descrédito entre los trabajadores, pues la actividad y las asesorías siguen manteniéndose. No es que no haya conflictos laborales, que los hay, pero son menos, de menor intensidad y con núcleos de militantes quemados o focalizados en responder a la represión.
Cómo afrontar la represión
Desde luego, no hay fórmulas mágicas que den respuesta a esta pregunta. A nivel colectivo, huelga decirlo, hay que estar preparados para estas situaciones, tanto en lo organizativo como en lo económico y lo judicial. Lo cierto (y lo triste) es que a nivel local generalmente no se está preparado en ninguna de estas facetas, lo que obliga siempre a llevar estos casos a instancias superiores. En términos económicos o judiciales puede haber un pase, pero a nivel de organización deberían de tenerse mecanismos para afrontar estas eventualidades y no suele haberlos porque no se le presta atención al problema hasta que ya es muy serio o porque sobreviene de repente. En cualquier caso, no suele haber previsión.
Hay que tener muy presente que la represión tiene un origen y un fin político y un sesgo ideológico muy marcado. La represión no es técnica. Salvo contadas excepciones (y este no es el caso) no hay mucho que reprocharle a los imputados o condenados porque el origen de su caso no es una transgresión técnica o formal de una norma sino una persecución de tipo político por motivos muy claros. No se puede, por tanto, cargar a los compañeros con las consecuencias que no pueden controlar en una lucha (aunque esto no signifique que no haya evaluar qué pasó para extraer enseñanzas).
Los compañeros no son culpables y tampoco son unos irresponsables. En muchos casos no hay motivos morales, éticos o tácticos para afearles una denuncia o una imputación y, en otros casos, el motivo de la represión no es qué se ha hecho sino quién lo ha hecho. En el caso de la Suiza, nadie podría acusarnos de haber coaccionado, extorsionado u obstruido a la Justicia por lo que hicimos (aunque hubiéramos ido varios pasos más allá). En otros casos, está claro que una contramanifestación puede tener consecuencias represivas si eres antifascista en Zaragoza, Valencia o Madrid.
Paralelamente, es fundamental tejer alianzas que superen nuestro marco organizativo. Hoy, todas las organizaciones sociopolíticas son más débiles que hacen 20 o 30 años y la sociedad es menos sensible a según qué luchas, por lo que conviene hacer de la necesidad virtud y poner en marcha fórmulas que permitan sumar para afrontar la represión de la manera más exitosa posible, sobre todo en el plano local. En este sentido me parece importante aprender del pasado y tocar a todo el mundo, como en las luchas frente a las reconversiones industriales ¿Por qué? Porque es un tema transversal que afecta a cualquier colectivo, que supera los marcos concretos y que redunda en la autodefensa: cuanto más abierto sea un frente antirrepresivo, más complicada se vuelve la represión.
En el plano individual, es evidente que estas cuestiones han de llevarse con entereza y orgullo, entre otras cosas porque es justo lo contrario a lo que la represión persigue. También hay que asumir que se trata de una faceta más de la lucha y que como tal hay que afrontarla con entereza, determinación, valorando lo colectivo y afrontándolo desde criterios políticos (que son los que se aplican desde las instancias represoras). La represión no puede afrontarse desde planteamientos individuales o desde visiones que pongan en el centro lo personal orillando lo político.
Un problema que afecta a todo el sindicalismo
Mientras escribo estas líneas, me entero de que la CNT de Plasencia ha sido denunciada y juzgada por una demanda penal de 17.000 € interpuesta por una empresa que debía 1.000 € en salarios a una trabajadora. La Fiscalía califica la acción sindical como una campaña de desprestigio, desafiante y de actitudes violentas. Cabe señalar, en contra del criterio de la Fiscalía, que tener una actitud desafiante no es un hecho delictivo, que llevar a cabo una campaña de desprestigio es -como mínimo- discutible (podría calificarse como informativa) y que las actitudes violentas no rompieron un cristal ni sellaron una cerradura. Hace tres años, un militante de LAB fue condenado a casi dos años de prisión por participar en un piquete frente a un restaurante en Pamplona.
En contra de lo que pueda parecer a simple vista, no es que el sindicalismo de la CNT o de LAB sea más aguerrido que el del resto del movimiento obrero (si lo fueran, desde luego no sería por esto). El problema es otro y es mucho más grave. El elemento común reside en que se trata de conflictos y denuncias relacionadas con la pequeña hostelería o el pequeño comercio y, subsidiariamente, con la imagen pública de los establecimientos.
Estas denuncias (y las sentencias) son la consecuencia de hacer sindicalismo en un sector atomizado, sin músculo sindical y sin trayectoria de lucha, salvo rarísimas excepciones en unas pocas grandes empresas. Por ser, en definitiva, un terreno inexplorado para el movimiento obrero en el que campan a sus anchas pistoleros con complejo de Napoleón que viven especialmente de su imagen pública.
Si la acción sindical se desarrolla en el sector público, el metal o la construcción, existen determinadas dinámicas y no pocos problemas para ejercer la acción colectiva, pero las empresas, mal que les pese y por tradición, entienden la presencia sindical, allí donde existe. Buscan contrarrestarla y quitársela de encima, pero cuentan con ella. También tratan de cuidar su imagen pública, pero su preocupación es -lógicamente- menor.
Pero en la hostelería y el pequeño comercio las cosas son diferentes. Los empresarios autónomos, emprendedores… se ven a sí mismos como los putos amos. A ellos no les vengas con estatutos, convenios o sindicatos. Ahí se curra por sus cojones y si tratas de denunciarlo y cambiarlo de manera colectiva van a ir a muerte a por quien lo intente, porque la ley no está hecha para ellos, pero sí para ti. Y siempre con el apoyo de la judicatura y la Policía que buscan mantener la paz social sin perturbaciones molestas.
El problema es sencillo y transversal: cualquiera que haga acción sindical en esos lares, sea cual sea su sigla, puede encontrarse con un problema muy serio. Este tipo de casos puede extenderse, en un contexto como el actual, como una mancha de aceite y podemos encontrarnos con casos en los que exigir que se cumpla la ley y ejercer un derecho constitucional te lleve a los tribunales. Pero también (y con más razón) por pelear unas condiciones laborales mejores.
Durante la instrucción de una denuncia por asociación ilícita contra la CNT de Gijón, la abogada de la acusación me hizo partícipe de una reflexión/pregunta que pretendía demostrar que estábamos extorsionando a los empresarios. Una reflexión que, como pude comprobar posteriormente, es transversal al mundo judicial a completo. Mientras me interrogaba, me planteó que si lo que hacíamos era sindicalismo, por qué razón hacíamos manifestaciones y pegábamos carteles, si para dirimir los desencuentros laborales ya existían unas instituciones y unas leyes creadas específicamente para estas cuestiones. No hay mejor resumen acerca de la postura, interpretación y comportamiento judicial en estos temas. El razonamiento, por cierto, es exactamente el mismo que el del sindicato vertical franquista. Ahí es nada.
[Este artículo se publicó en el Libre Pensamiento número 112 de otoño de 2022]
