Manuel de la Rosa. Sindicato Único de Tenerife de CGT
En Canarias con una alta precariedad laboral, bajos salarios, con una parte de la población bajo el umbral de la pobreza, con cifras de desempleo juvenil de las más altas del Estado, el problema habitacional se convierte en el principal problema vital para la clase trabajadora canaria. Es una tarea que tiene que ponerse como prioritaria en la agenda de las organizaciones sociales, sindicales y políticas de la izquierda. Se echa en falta la auto organización social en defensa del derecho a la vivienda, y que cuente además con apoyo de las organizaciones sociales y sindicales. La turistificación de Canarias nos empobrece.

La economía de Canarias empezó a girar en torno al turismo hace más de 50 años, pasando de la agricultura para la exportación a ser destino turístico. El 20 de abril del 2024 unas 200.000 personas salíamos a la calle por la situación social y medioambiental de Canarias, con manifestaciones donde el problema de la vivienda era una de las cuestiones presentes.
El turismo es uno de los sectores más frágiles, de los primeros en caer frente a crisis económicas o sanitarias. Deberíamos haberlo aprendido con la pandemia, en la que Canarias tuvo sus hoteles vacíos y tuvo que recurrir a subsidios públicos.

La problemática de la vivienda en Canarias está muy ligada al modelo económico de las islas, caracterizado por la preponderancia y gran dependencia del turismo como principal motor de la economía, la existencia de un régimen económico fiscal propio que favorece a las rentas del capital (pues permite que solo se tribute por un 4% de los beneficios empresariales) y la precariedad laboral. La hostelería es un sector que emplea directamente a 160.000 trabajadores y ha salido a la calle recientemente por los bajos salarios frente a los grandes beneficios obtenidos por el empresariado.
El presidente autonómico Fernando Clavijo ofrece a Canarias en foros internacionales como zona especial para invertir y explotar, por su baja fiscalidad y bajos costes laborales. Sus medidas de gobierno van encaminadas a fortalecer la turistificación, propiciando la construcción de hoteles, defendiendo incluso aquellos que estaban paralizados por medidas del gobierno anterior.

La vivienda, una necesidad obrera acuciante
Uno de los problemas más acuciantes para gran parte de la clase obrera canaria es el de la vivienda, especialmente por los alquileres abusivos, las dificultades para acceder a una vivienda por la mayoría de la juventud o los desahucios de las familias más vulnerables, que siguen a la orden del día.
Los gobiernos del Estado y de Canarias no hacen nada para impedir que se vulneren los derechos de miles de personas, incluso de quien tiene la protección de un contrato en vigor y la renta al día. El supuesto escudo social de las políticas reformistas estatales, autonómicas o municipales no ha evitado que haya un repunte de los desahucios, sobre todo de alquiler. Las medidas que se toman contra los desahucios, para fomentar la vivienda asequible son apenas testimoniales, no llegan siquiera a rozar la solución del problema.
El 8,2% de las viviendas de Canarias está en manos de grandes propietarios, el doble de la media nacional. Las islas registran el porcentaje más alto de concentración inmobiliaria del país y varios de sus municipios encabezan el ranking de grandes tenedores según una investigación impulsada por eldiario.es. En Canarias hay 81.632 casas en manos de grandes tenedores, propietarios que poseen más de diez inmuebles de uso residencial. Esa cifra supone el 8,2% del parque total de viviendas del archipiélago (999.056), lo que sitúa a las islas como la comunidad con el porcentaje más alto de concentración inmobiliaria del Estado español. En Canarias, de ese 8,2% de viviendas en manos de grandes tenedores, el 4,3% pertenece a propietarios que tienen entre 10 y 100 inmuebles y el 3,8%, a dueños de más de cien. Las sociedades mercantiles con cinco o más viviendas, acaparan el 34,52%.
El precio del alquiler está tensionado en un 70% y este porcentaje no para de subir cada año. Aquí añadimos una carga habitacional por demanda turística, como son los alojamientos en las llamadas viviendas vacacionales (con o sin licencia para serlo). Por otro lado tenemos un alto porcentaje de casas vacías, de los mayores de todo el Estado español.

El gobierno estatal no da soluciones reales
La ley de la vivienda no da una respuesta. Una encuesta específica del INE sobre alquileres en el Estado español, refleja que hay al menos 481.000 hogares que destinan más del 40% de sus ingresos netos a pagar el alquiler. Esa cifra corresponde al 16% de los hogares que viven de alquiler.
La nueva ley estatal de la vivienda pactada por el Gobierno con EH Bildu y con ERC no responde de forma efectiva a las necesidades de la gente afectada ni pone las bases para una definitiva solución en el futuro. Así, en la nueva ley de la vivienda los desahucios no van a ser suspendidos, en el mejor de los casos solo serán aplazados. Tampoco ofrece soluciones para el acuciante problema de los alquileres pues la ley permite que sigan subiendo los precios hasta el 35 % en 5 años. En cuanto al parque público de viviendas, la oferta de vivienda pública seguirá siendo testimonial como lo ha sido en las últimas décadas

La referida ley establece incentivos fiscales para rentistas y propietarios, fomentando la colaboración público-privada, que supone darle una base material más amplia a especuladores de la vivienda.
Por lo que se refiere a las hipotecas no se establece ninguna regulación ante las subidas a las hipotecas variables, que afectan a más de cuatro millones de familias. Las últimas medidas anunciadas por el gobierno de Coalición pueden ser otro brindis al sol y tendrían que pasar el trámite parlamentario.
Las doce medidas presentadas por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez han sido calificadas por el movimiento popular de la vivienda como “un batiburrillo de parches que no condicionan el modelo de propiedad y no mejora en nada nuestras condiciones de vida”.
Algunas de las propuestas más importantes presentadas por el ejecutivo son meros anuncios, pues deberán ser tramitadas y aprobadas en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno de coalición tiene difícil contar con una mayoría parlamentaria que lo haga posible. Y otras corresponden a las competencias autonómicas, muchas de las cuales están gobernadas por el Partido Popular, con quien el PSOE se niega a entablar un enfrentamiento directo más allá de las palabras altisonantes.

Organización obrera y popular por la vivienda
En Canarias y en el conjunto del Estado español es necesario que se tome el problema de la vivienda yendo a la raíz, con un horizonte que cuestione la propiedad de los grandes tenedores de viviendas, afrontándolo de forma radical y que pasaría por abordar la realidad de la propiedad de las cientos de miles de viviendas en estos momentos en manos de los grandes tenedores, bancos, fondos buitre e inmobiliarias.
Es necesario desde el campo de la lucha popular abordar otras dificultades de la vivienda como son las familias hipotecadas que tienen problemas para pagar la letra y que pueden estar en torno al 20%. Pasa lo mismo con el alquiler, donde las rentas más bajas, que son las que están pagando por encima del 30% y el 50% de ingresos, deberían disponer de mecanismos para defenderse.
Las experiencias de la lucha sindical de las inquilinas deben extenderse y fortalecerse. Necesitamos establecer alianzas entre el sindicalismo combativo y el movimiento ciudadano y vecinal, fortaleciendo su autonomía y construyendo poder popular en el camino de un movimiento social amplio desobediente, alternativo y que mueva el tablero a los especuladores capitalistas y a los gobiernos que los amparan y protegen.
En definitiva, se trata de organizarnos más y mejor para garantizar que la gente más vulnerable no sea desahuciada, que se pueda afrontar los alquileres con cuantías asequibles que supongan un porcentaje razonable en relación a los salarios, que haya viviendas asequibles al conjunto de la población, especialmente de la juventud y para parar toda la maquinaria privada y estatal dedicada a desalojar a las personas de las viviendas que habitan.

Las iniciativas de los distintos gobiernos van en otra dirección. Se trata de una serie de medidas que, lejos de afrontar los beneficios inmobiliarios, pretende garantizarlos compaginando las rentas que millones de trabajadoras cubren mensualmente con su sueldo y dinero público, que no deja de ser riqueza que generamos la clase trabajadora. Ya sea a través de nuestro salario o de los impuestos públicos, el objetivo es mantener en movimiento la rueda de los beneficios inmobiliarios. Un plan que en palabras del propio Pedro Sánchez busca “unir a inquilinos y propietarios”.
Mientras tanto, las medidas de urgencia enfocadas a paliar los efectos más inmediatos de la ofensiva especulativa apenas están teniendo efecto alguno. En un reciente informe se señala que son muy pocos los desahucios detenidos por el llamado “escudo social” puesto en marcha por el gobierno de coalición PSOE – Unidas Podemos y que luego a continuado el ejecutivo del PSOE-Sumar
En resumen, estos recientes anuncios gubernamentales son una fórmula para regar con suelo y dinero público a constructoras, promotoras y rentistas: más ayudas fiscales para rentistas, más beneficios para quienes han generado que miles de trabajadores y trabajadoras estén asfixiadas al final de mes.
Se necesita impulsar en cada territorio un amplio movimiento popular con amplio apoyo social y sindical para dar las peleas necesarias en cada territorio y levantar una plataforma reivindicativa y un plan de lucha a escala de todo el Estado.