Las organizaciones sociales, profesionales, políticas y sindicales abajo firmantes, en sus diferentes ámbitos de actuación, queremos manifestar nuestra opinión ante una serie de hechos que hemos conocido en los últimos tiempos y que nos generan una enorme preocupación.
No deja de ser irónico qué en 2022, cuando se cumple medio siglo del llamado Proceso 1001, el macro juicio del franquismo contra el sindicalismo democrático, tengamos que movilizarnos otra vez por defender la libertad sindical. Seis trabajadoras han sido condenadas en nuestro país a tres años y medio de prisión por hacer sindicalismo. Nos referimos al ‘caso La Suiza’ y a la media docena de afiliadas a la CNT asturiana que podrían ingresar en la cárcel tras un juicio plagado de irregularidades en el que la Justicia, representada en primera instancia por el juez Lino Mayo Rubio y después por la Audiencia Provincial de Asturias, mostraron su cara más clasista y antisindical con unas condenas injustificadas y desproporcionadas que equipararon piquetes informativos y concentraciones de trabajadoras y trabajadores a las puertas de un negocio privado con coacciones y amenazas.
Las libertades sindicales conquistadas por el movimiento obrero en la lucha contra el franquismo y consagradas en nuestra Constitución llevan más de una década en retroceso. La combinación de neoliberalismo y autoritarismo que vivimos en la gestión de la anterior crisis, y cuyas máximas expresiones fueron el artículo 315.3 del Código Penal, que prevé penas de cárcel específicas para algo tan arbitrario como «las coacciones de los piquetes de huelga», y la ‘ley Mordaza’ nos llevaron a que además de debilitar la capacidad negociadora del movimiento obrero a través de la legislación laboral se pusieran innumerables trabas a la acción sindical a través del Código Penal y la legislación en materia de seguridad ciudadana. Se trataba de debilitar la fuerza colectiva de los trabajadores y trabajadoras en un país en el que las clases populares venimos arrastrando una larga devaluación salarial que nos ha colocado a la cabeza de la pobreza laboral en la Unión Europea.
Aunque en febrero de 2021 una nueva mayoría parlamentaria derogó el citado artículo del Código Penal, que se había traducido ya en más de 200 procesos judiciales contra sindicalistas, los jueces que juzgaron ese año el ‘caso La Suiza’ actuaron como si no hubiera sucedido tal cosa, equiparando acción sindical con coacciones y denuncia de prácticas laborales abusivas con calumnias. Todo ello a sabiendas de que en un entorno empresarial tan hostil como el de la hostelería, donde la actividad sindical resulta especialmente difícil, la clase trabajadora básicamente solo puede recurrir a la campaña informativa para defenderse de los abusos, hacer valer sus derechos y obligar a cumplir unos convenios laborales sistemáticamente violados.
La amenaza de que entren en prisión seis trabajadoras no es un asunto baladí. Sienta un precedente peligroso para el ejercicio de la actividad sindical. Algo tan serio como la libertad sindical está en peligro y nos da igual cuáles sean las siglas de las condenadas. Es una agresión al conjunto de quienes vivimos de nuestro trabajo y necesitamos y reclamamos que sea un trabajo aparejado a derechos. Como organizaciones concienciadas con la problemática de las trabajadoras y de los trabajadores, hacemos un llamamientos a todas las organizaciones sindicales, movimientos sociales, ONGs, formaciones políticas de izquierdas y al conjunto de la opinión pública a movilizarse en defensa de estas seis trabajadoras condenadas. Pedimos al Tribunal Supremo la revisión de las condenas y al Gobierno de PSOE-UP y a los partidos que lo respaldan en el Congreso la aceleración de la actividad parlamentaria para la derogación, de una vez por todas, de la ‘ley Mordaza’.
Este artículo se publicó en Libre Pensamiento nº 118. Verano 2024.
