José Luis Carretero. Secretario general de Solidaridad Obrera. Miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA)
José Antonio González, trabajador de la limpieza viaria de Madrid, murió en julio de 2022 por un golpe de calor. Otros dos operarios del sector, de la misma ciudad, fueron ingresados graves en el hospital por el mismo motivo. Obligados a trabajar con uniformes que no transpiran el sudor, haciendo jornadas extenuantes a pleno sol en las horas más cálidas de la más intensa ola de calor que ha vivido la capital, estos trabajadores y trabajadoras pagaron el precio de los enormes beneficios de las contratas y empresas multiservicios que se han apropiado de la gestión y ejecución de gran parte de los servicios públicos de nuestros municipios.
La limpieza viaria es una actividad laboral poco reconocida por nuestra sociedad. Se entiende que, para ser barrendero o barrendera, no es necesaria una gran formación. Además, como la mayor parte de los trabajos fundamentalmente manuales, la limpieza viaria ha sido invisibilizada en nuestra cultura. No hay series de Netflix ni cursos de posgrado sobre la vida de los barrenderos. Incluso la izquierda hegemónica afirma que, puesto que el trabajo manual ya es innecesario y ha desaparecido, los limpiadores y limpiadoras son vestigios del viejo mundo, y no un sector precario a organizar y empoderar.
Esta densa capa de silencio sobre el trabajo manual y, más concretamente, sobre la limpieza viaria, sólo se rompe en momentos muy concretos. Uno de estos momentos lo constituyen las episódicas huelgas, que colocan a las metrópolis al borde de un colapso hecho de basura y suciedad, y que suelen venir acompañadas de una activa criminalización de los trabajadores por los responsables políticos y los medios, así como de una reiterada denuncia de sus “privilegios” como operarios de un servicio público. Otro de estos momentos lo hemos visto este mismo verano, cuando la muerte se ha abatido sobre un limpiador en el barrio de Vallecas, y otros dos han acabado en el hospital por golpes de calor provocados por la falta de medidas de prevención de riesgos laborales.
La limpieza viaria, sin embargo, es también un sector suculento para las empresas globales que se dedican al “outsourcing” o subcontratación. Como el trabajo de los barrenderos es “invisible”, los responsables políticos entienden que no forma parte de la actividad “principal” de los consistorios. Así que lo más barato (y lo que más libra al alcalde de responsabilidades) es subcontratarlo. La mayoría de las grandes ciudades lo hacen. Y los contratos van a parar a un enjambre de gigantescas empresas multiservicios, que igual ofrecen la vigilancia de instalaciones a un puerto que la limpieza de edificios.
Los gigantes multiservicios utilizan la flexibilidad interna y externa introducida en la legislación laboral para fragmentar a los grupos de trabajadores y hundir sus salarios y sus condiciones de trabajo. No es extraño que la subcontratación esté íntimamente relacionada con un aumento en la siniestralidad laboral o con la pérdida de derechos y la precariedad. En las cadenas de subcontratación, la defensa sindical se dificulta enormemente, porque los representantes de los distintos eslabones no pueden intervenir más allá de su empresa. La contratación temporal y el recurso a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) profundizan la pérdida de derechos. La prevención de riesgos laborales naufraga en un océano de lagunas legales y de responsabilidades difusas y poco claras. La precariedad se asienta sobre relaciones laborales casi feudales, ante la absoluta falta de control de las contrataciones y despidos.
En Madrid, donde hemos sido testigos del fallecimiento de un limpiador por un golpe de calor, cuando trabajaba a pleno sol a mediodía en pleno mes de agosto, el trabajo se organiza de una forma que implica fuertes presiones sobre los operarios. La ciudad se divide en zonas, cada una de las cuales tiene unos 12 tramos, de más o menos un kilómetro de extensión. Cada trabajador debe limpiar una zona al día, lo que implica trabajar a un ritmo de 25 minutos por tramo. Por supuesto, cada tramo tiene espacios a la sombra y al sol. No es posible trabajar únicamente en los espacios de sombra y cuando se habla de “priorizarlos” se está expresando un buen deseo sin traducción posible en lo real, ya que hay que limpiarlo todo. Al final de su jornada, el limpiador puede acabar a 12 kilómetros de donde empezó, y debe volver a su hogar desde allí. Nada asegura que en ese momento se encuentre más cerca de su casa.
Durante la alcaldía de Manuela Carmena, las gentes del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA) hicimos público un proyecto que defendía la autogestión de la limpieza viaria madrileña. Nadie nos hizo demasiado caso. La propuesta planteaba una novedosa estructura de organización del servicio público de la limpieza viaria y era un primer borrador que debería haber sido completado mediante investigaciones y actividades que ninguna entidad pública quiso financiar ni acompañar. Pretendíamos combinar la autogestión por parte de los trabajadores y trabajadoras con mecanismos de control vecinal y comunitario de la prestación del servicio. Queríamos afirmar la posibilidad de una nueva forma de propiedad social-comunitaria que, más allá de la gestión privada por parte de las empresas transnacionales y fondos de inversión, y más allá de la gestión directa municipal colonizada por los intereses de estos mismos actores que hemos conocido durante el período neoliberal, permitiese experimentar con la creación de lo que -entonces- llamábamos “instituciones del común”, que queríamos vincular al control directo de ciudadanía y de los trabajadores sobre un Estado en transición a una nueva forma de organización social.
En aquellas fechas, el consistorio de “la nueva política” renovó sin más el esquema de subcontratación del servicio, aún con alguna muy menor mejora. Las concesiones fueron reorganizadas, para ser entregadas, de nuevo, al mismo tipo de actores empresariales multiservicio que habían dominado todas las licitaciones desde que el Ayuntamiento del PP había privatizado la ejecución de la limpieza viaria. Algunos compañeros del ICEA fueron recibidos por una concejala. Algún otro edil nos contó que la cosa estaba muy difícil para una remunicipalización de la limpieza y que, en los nuevos pliegos de condiciones, la posibilidad de favorecer que el servicio acabase, mediante una forma social cooperativa, gestionado por los trabajadores y trabajadoras, era inviable desde el prisma de la regulación estatal de la contratación pública.
El fallecimiento del trabajador de la limpieza viaria de Madrid José Antonio González ha sido una tragedia provocada por la confluencia asesina de tres procesos interdependientes que sólo pueden detenerse desde una audaz intervención de masas sobre la textura central del sistema capitalista y la forma Estado con la que está asociado de forma incestuosa.
Nos referimos, en primer lugar, al proceso de privatización de los servicios públicos y de colonización, por tanto, del Estado por los intereses de la clase social que gobierna la economía privada. En segundo lugar, a la negativa estatal a intervenir sobre las nuevas formas de explotación de la clase trabajadora, mediante los mecanismos de subcontratación y externalización de las actividades productivas. Y, en tercer lugar, a la absoluta mercantilización de la prevención de los riesgos laborales, operada por medio de una regulación que multiplica la burocracia para volver inaudibles las necesidades inmediatas de los trabajadores.
Es difícil creer que, en el caso de que la ejecución de la limpieza viaria se realizase directamente por el consistorio, bajo control de los trabajadores/as y vecinos/as, esta muerte hubiera llegado a darse y, en caso, de haber ocurrido, el escándalo hubiera sido de tal magnitud que el alcalde no se hubiera podido esconder detrás de un manto de hipócritas alegaciones acerca de su ignorancia y de su falta de responsabilidad.
Y para eso sirven, precisamente, la subcontratación y las empresas multiservicios: para empantanar la lucha de clases y esconder a los responsables del sufrimiento y la explotación tras una maraña de papeles y relaciones cruzadas. Las contratas, subcontratas, falsos autónomos, los grupos de empresa que el Derecho del Trabajo califica como “patológicos” …, todo eso son herramientas que los laboratorios gerenciales (consultoras de Recursos Humanos, despachos de abogados…) han desarrollado para maximizar la precariedad obrera y facilitar la gestión de la fuerza de trabajo.
Una clase trabajadora fragmentada, nadando en la confusión ideológica y vital, difícilmente puede hacer un frente común para reivindicar sus necesidades básicas. Una auténtica “reforma laboral desde abajo” debería incorporar la prohibición de la subcontratación, la readmisión obligatoria de los despidos improcedentes (que, por tanto, no proceden) y el reforzamiento de la acción sindical para abarcar el conjunto de las cadenas de valor.
Además, el régimen general de la prevención de riesgos laborales debería ser radicalmente transformado. La prevención se ha convertido en la gran coartada de las empresas. Miles de papeles que no se traducen en acciones y que sustituyen la planificación escrita por la seguridad real, para alimentar un nuevo yacimiento de plusvalor: el de los servicios de prevención. Hay que aumentar el control sindical de las condiciones de seguridad, estableciendo el acceso a la información preventiva para todas las secciones sindicales presentes en la cadena de valor de la actividad. Organizar y formar a los trabajadores y a las trabajadoras para que, individualmente o en grupo, detengan el trabajo en caso de riesgo grave e inminente. Hacer de la “cultura de la prevención” algo más que un género literario-burocrático.
Para avanzar en un proceso de transformación social que pueda hacer frente a estos tres procesos asesinos, es necesaria una nueva articulación obrera, entorno a un sindicalismo combativo que sea capaz de plantearse objetivos que vayan más allá del día a día. Un sindicalismo revolucionario inserto en las luchas obreras y ampliamente relacionado con los movimientos sociales locales y barriales, y las luchas en defensa del territorio y contra la devastación ambiental. Articular sindicalismo obrero y sindicalismo social. Y experimentar con la conformación de nuevas “instituciones del común” que permitan superar la gestión del capital y del Estado mediante nuevas formas de cooperación comunal-comunitaria.
Y, por supuesto, tener bien presente que aquellos que permiten que los trabajadores y las trabajadoras a su servicio mueran de un golpe de calor, sin las medidas imprescindibles de seguridad, deben ser vistos por la clase trabajadora, y por todas las personas que aún defienden los valores más preciados de la humanidad, como lo que son: la basura que se aprovecha de la explotación de nuestro trabajo, que habrá que ser enviada un día al basurero de la Historia.
[Este artículo se publicó en el Libre Pensamiento número 112 de otoño de 2022]
