Defender los servicios públicos

Miguel Ángel Cuña. Sindicato Único de Trabajadores “Solidaridad Obrera” de Pontevedra – CGT

La CGT, en el horizonte de la organización social justa y libre a la que aspira y por la que lucha, considera la defensa y reivindicación de los servicios públicos como uno de los ejes principales de su acción sindical y social. La brevedad de este artículo en torno a la acción sindical de CGT en los servicios públicos, nos impide abordar el debate con la profundidad que merece. En concreto, sobre qué es o qué debemos entender los anarquistas por ‘servicio público’ o establecer cuántos y cuáles actividades han de considerarse como tales. Baste con señalar como primer apunte que para el anarcosindicalismo es servicio público toda actividad social y producción material e inmaterial que dé cumplimiento a las necesidades que definen la dignidad humana en cada momento y circunstancia histórica. Nos limitaremos, por tanto, a señalar algunos de los fundamentos ideológicos y prácticos sobre los que CGT basa en el presente su acción sindical y social en este ámbito.

El fin, los medios y la acción necesaria

Como apuntábamos en el encabezamiento, la CGT dirige su acción a lograr una sociedad emancipada de toda servidumbre y explotación, en la que todas las personas, de modo colectivo y en equilibrio con la naturaleza que da la vida, habrán de intervenir decisoriamente tanto en la producción como en el disfrute de la riqueza social producida. En consecuencia, uno de los principios que ha de regir esa nueva sociedad -y, por tanto, orientar nuestro comportamiento actual- es el de su carácter autogestionario, en tanto que expresión de una sociedad sin jerarquía, desigualdad u opresión de cualquier clase, en la que el individuo puede realizarse plenamente y ser enteramente dueño y responsable de su destino social.

Así pues, para la CGT la autogestión es, en primer lugar, un modelo de producción y de relaciones sociales distinto y enfrentado tanto al modo de producción capitalista como al capitalismo de estado, e imposible de mantener en el marco de cualquiera de ellos. En este aspecto, autogestión significa el control directo por los trabajadores de la producción, sin intermediarios de clase alguna, una vez eliminados el afán de lucro y el control social autoritario como finalidades de la producción y el trabajo. En segundo lugar, la autogestión es también una forma de relación entre los miembros de una organización social -en este caso, la CGT- que ha de comenzar desde hoy mismo sin necesidad de esperar a cambios más profundos en el orden social. Desde hoy mismo, la lucha por la transformación social ha de ser entre todos y por cada uno, sin intermediarios, de abajo arriba y nunca desde las cúpulas de un poder siempre nefasto. Es decir, autogestionaria.

La meta está en el camino

Se trata, entonces, de caminar con rumbo cierto -día a día, paso a paso-, hacia aquella justa organización social y administración autogestionaria a la que hacíamos referencia. Es en ese caminar transformador, que la CGT reclama la realización necesaria de unos servicios públicos que considera han de ser:

• Universales, efectivamente ejercidos y disfrutados en igualdad plena por toda la población, única entidad a la que pertenecen.
• De calidad, útiles para el cumplimiento idóneo (según el grado de conocimiento alcanzado) de la función social que les corresponde en su ámbito específico: educación, salud, pensiones, hábitat, atención social, transporte, etc., etc.
• Transparencia en la dotación y gestión, ajena a los principios de mercado y modelos de organización capitalista y/o autoritaria estatal.
• Descentralización de la gestión en favor de las comunidades y uniones locales más cercanas.
• Una gestión que rechaza regir su funcionamiento por principios de mercantilización, rentabilidad económica y/o conversión en negocio privados, al igual que rechaza regirse por criterios espurios de control social, ingeniería institucional o de imposición ideológica.

El estado (Ley y orden autoritario) contra los servicios públicos

En base a estos criterios la CGT se manifiesta contra la privatización de servicios públicos practicada por los distintos gobiernos y administraciones, sea en favor de empresas privadas o de ONG más o menos filantrópicas. Sin que ello pueda servir de pretexto o coartada para enaltecer y valorar, positivamente sin más, una ‘estatalización’ o “nacionalización” de ese mismo servicio público y mucho menos llegar a considerar que los servicios públicos que el Estado gestiona directamente, siquiera sea parcialmente, se realizan en condiciones de justicia y dignidad tanto para sus trabajadores como para sus ‘usuarios’. La realidad es muy otra, pues la estatalización y/o nacionalización de un servicio público no significa por sí misma una administración y gestión verdaderamente públicos del mismo. Y, mucho menos, una garantía de que su gestión por el Estado sirva con exclusividad al fin social que se anuncia.

Ninguna verdad hay en la fantasía proclamada por la retórica institucional de las democracias-representativas capitalistas actuales -como no lo hubo en los modelos soviéticos y socialismos de Estado que le imitaron- de señalar al Estado como expresión monopolística de “lo público” y “altruista garante de los servicios públicos y cumplimiento de las necesidades sociales en aras del bienestar social y la convivencia social”. Según esta retórica, bastaría con que el parlamento y el gobierno -dos de los tres pilares institucionales reconocidos del Estado democrático- ‘cayeran’ en las manos adecuadas, para que “una vez el poder en sus manos, su potencial generosidad pudiera desplegarse en toda su amplitud y uncir a su carro a todo el cuerpo social”.

            Todo este discurso, podría interpretarse como una broma de mal gusto, si los estados democráticos más poderosos y hegemónicos no usasen a su antojo de guerras, violencias brutales y legalidades inhumanas, provocando el saqueo impune del planeta, la explotación inmisericorde de cientos de millones de personas, incluida parte de su propia población, la contaminación de la biosfera, el agotamiento de los recursos o la opresión generalizada.

            Lo que en realidad sucede, también en este siglo, es que los Estados nacionales y los grandes capitales actúan en perfecta simbiosis, favoreciéndose y necesitándose los unos de los otros. Los gobiernos de cada país, sean del signo político que sean, gestionan en su ámbito respectivo los intereses globales del capitalismo- cuando no son ellos mismos el principal grupo empresarial- y el capitalismo se vale de la estructura de los estados para perpetuarse, es decir, para sobrevivirse como injusticia y desastre globales.

El gobierno español es un magnífico ejemplo de esta conducta. Baste con observar el funcionamiento real de los aparatos ministeriales, incluso de aquellos más aparentemente “sociales”.

Sistemas nacionales de los servicios públicos de colaboración público-privada

Actualmente, en este país, se integran en los Sistemas nacionales públicos, por ejemplo, el de sanidad o el de educación o dependencia, tanto centros ‘públicos’ (propiamente estatales, es decir, gestionados directamente por el Estado) como centros privados (propiedad de grupos o personas particulares). En todos los casos, el Sistema nacional público es siempre en régimen de colaboración Estatal-Privada. Lo mismo ocurre, en multitud de servicios ‘públicos’, en los que la privatización ya alcanzó cuotas cercanas al 100%: transporte (aéreo, marítimo e incluso terrestre), limpieza en el espacio público, aguas urbanas, vivienda, producción y transporte de energía, comunicaciones, servicios de atención a domicilio y atención a la dependencia, residencias, etc., etc.

Por supuesto, el reparto del negocio fluctúa siempre dentro de los límites que ambos ‘colaboradores’ están dispuestos a pactar, lo que no es obstáculo, sino todo lo contrario, para que la lista de servicios públicos privatizados en los últimos decenios en España resulte abrumadora, sin que haya percibido nunca en los sucesivos gobiernos y parlamentos, incluido el actual, el menor interés por revertir esta agresión social. Como muestra ejemplificadora de esta actitud, baste con destacar algunos hechos sucedidos tan sólo en el último año:

• El desprecio con que el gobierno actual trató las sucesivas ILP intentadas por C.A.S, para la derogación de las Leyes privatizadoras de Sanidad.
• La Ley de Educación, LOMLOE, que incrementa la expansión de los centros concertados y privados a expensas de reducir la presencia de centros públicos en determinadas áreas (preferentemente urbanas) y sectores educativos (formación profesional, universidades, etc.)
• La reciente aprobación de la Ley 12/2022 de “Regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo”, que abre la puerta a incentivar los planes de pensiones privados con reducciones impositivas y minoración de cotizaciones de la patronal. Lo que supone un ataque sin precedentes al modelo de Seguridad Social pública.

Es pues, desde esa ‘política de estado’ que se está produciendo el desmantelamiento programado, más o menos lento, pero inexorable y siempre en la misma dirección fraudulenta, de los sistemas públicos en todo España, al mismo tiempo que se impone la mercantilización de los servicios públicos, incluso en aquellos gestionados directamente por las administraciones públicas.

Movilización sindical y social en defensa de los servicios públicos

Ante este estado de cosas, la CGT considera la urgencia de la movilización social y sindical permanentes, tanto globales como específicas de cada sector. Las exigencias en este aspecto son claras e inmediatas:

• Impugnación directa de las leyes y demás normas privatizadoras de los sistemas públicos, que diseñan una gestión que posibilita la mercantilización de las necesidades sociales y abre la puerta a distintas formas de gestión privada.
• Impugnación de las leyes y demás normas jurídicas que no reconozcan, impidan o mediaticen el acceso universal a los servicios públicos esenciales, en condiciones de equidad y calidad.
• Independientemente del carácter estatal o privado de quien lo ostenta, exigencia de realización de todos y cada uno de los servicios públicos con los criterios específicos que les corresponden: socio-sanitarios, educativos, protección, bienestar, etc. y no con criterios mercantiles o de recortes presupuestarios, basados en el ánimo de lucro o en el ahorro y, en su caso, desvío de fondos públicos hacia otros ministerios o partidas presupuestarias “no sociales” del gobierno.
• Impulsar, con todos los medios e instrumentos a nuestro alcance, la formación y conciencia colectiva, de clase, libertaria y autogestionaria de los trabajadores.
• Manifestar el rechazo de la CGT a cualquier pretensión de fragmentación de la clase trabajadora o de sectorializar la lucha económica, sindical y social.

Lograr estas primeras exigencias, aún en el marco del régimen económico-político actual, es un objetivo irrenunciable de la CGT, que no se logrará de la noche a la mañana, ni enarbolando reivindicaciones maximalistas que no se está en condiciones de defender, ni eligiendo el camino del reformismo sindical o de la alienación política estatalista. Se trata de un proceso lento en el que la CGT deberá ganarse, con eficacia sindical y claridad de ideas, la confianza y militancia de la clase trabajadora y de la sociedad en general, para incorporarlos a la lucha en defensa de los servicios públicos.

Para ello, en primera instancia, la CGT defiende la necesidad de la movilización social transversal y, a la par, elaborar en todos los sectores laborales implicados, a través de la negociación colectiva con las empresas y/o administración pública, plataformas reivindicativas que garanticen la universalidad, calidad, transparencia y atención debida a las imperiosas necesidades sociales, como pueden ser, entre otras muchas:

+ No a la subcontración en empresas concesionarias de servicios públicos

+ Imponer en los convenios y estatutos de personal de los sectores implicados cláusulas de empleo, contra la precariedad y los despidos sin causa atribuible al trabajador

+ En aquellos sectores de servicios públicos que exigen atención personalizada, adecuación de las plantillas, espacios y medios, que garanten la accesibilidad universal al propio servicio público, en condiciones de igualdad y calidad

+ Confrontación con la aplicación e implantación de planes de pensiones privadas o de cualquier otra forma de privatización de un servicio público, en el marco de la negociación colectiva.

+ Revisión del papel actual de las Mutuas …

[Este artículo se publicó en el Libre Pensamiento nº 113, Primavera 2023]