Adriana – Regularización Ya.
El inesperado cierre de la legislatura nos encontró trabajando en una nueva etapa de incidencia y movilización por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de las personas migrantes en situación irregular que venimos impulsando desde 2022.
La ILP fue un nuevo paso, después de dos años de trabajo estatal articulado por la reivindicación de nuestros derechos, con una representación y agenda propia, construido de manera colectiva. Fue un paso más en nuestro trabajo de incidencia social y política permanente, fue nuestra respuesta al rechazo a la Proposición No de Ley para la Regularización urgente, sin condiciones y permanente que presentamos en 2020 en pleno confinamiento de la pandemia.
A través de la alianza con las organizaciones que conformaron la Comisión Promotora de la ILP y con el respaldo de más de 900 organizaciones sociales, logramos un resultado histórico: 14.000 personas se movilizaron durante un año recogiendo más de 700.000 mil firmas, que hicieron permitieron que la demanda de la regularización llegara por segunda vez al Congreso de los Diputados.
La comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones nos permitió usar la voz en primera persona en el Parlamento, algo que tantas veces se ha negado a las personas migrantes y racializadas. Pudimos exponer nuestras experiencias y argumentos, escuchar las diferentes posturas de los partidos políticos que nos acompañaron defendiendo la ILP y también las preguntas, comentarios y descalificaciones de los partidos que aún consideran que casi medio millón de personas en situación irregular, sin acceso a derechos, no son una prioridad de política pública.
El debate sobre la ILP en el pleno del Congreso de los Diputados no tuvo lugar como resultado de la disolución de las Cortes Generales el pasado 29 de mayo, pero la iniciativa sigue viva, y se traslada a la cámara que se constituya en la XV Legislatura, tras las elecciones generales del próximo 23 de julio.
No podemos dejar de recordar que la regularización ha sido siempre un asunto de voluntad política, que el Gobierno que se autodenominó el más progresista de la historia y enarbola la bandera de la justicia social tanto en la pasada campaña electoral como en los discursos oficiales de la reciente presidencia española de la Unión Europea, puede impulsar sin necesidad de que la ciudadanía le presione para ello.
Recordamos también que seguimos sin acceder a datos oficiales del impacto de la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería de agosto de 2022. Esta reforma, que consideramos insuficiente, reducía la vía de regularización a procesos de formación sin claridad sobre los sectores económicos y las condiciones en los que tendrían lugar. Por tanto, las alternativas para las hermanas, hermanos y hermanes en situación irregular que dependen de su trabajo para subsistir y muchas veces para sostener a sus familias dentro y fuera de España, se mantienen en un limbo que les expone a la explotación y a los abusos de todo tipo.
Esta es la trampa que vemos también en el modelo de migración circular que el Gobierno y algunos otros partidos más a la derecha vienen promoviendo, en contra del análisis centrado en derechos y las evidencias que ofrecen los informes que analizan las experiencias de migración circular. Se refuerza la mercantilización de las personas migrantes como mano de obra que puede ser extraída por un tiempo determinado desde la “demanda” para ofrecer fuerza de trabajo los sectores determinados por el mercado – aquellos que no resultan atractivos para las personas, migrantes o no, pero que sí acceden a derechos – para luego ser devueltas a su lugar de origen y reemplazadas por otro contingente.
Este modelo se viene fraguando en alianza con sindicatos y patronal, que siguen considerándose los agentes sociales legítimos para negociar con el gobierno las políticas relacionadas con la migración, pues se sigue entendiendo a las personas migrantes como objetos de producción y sobre todo considerándolas sujetos de derechos sólo por su eventual condición de trabajadoras, no por el hecho de ser personas.
Es muy importante tener presente esta realidad tras la última campaña electoral en la que aproximadamente millones de personas migrantes o descendientes de migrantes nacidas o que habitamos en el Estado español no hemos podido votar. Como Movimiento Regularización Ya no entramos en las campañas político-partidarias, pero sí llamamos a nuestras aliadas a una mirada crítica a las opciones electorales que no muestran claridad sobre sus políticas en materia de antirracismo, incluyendo el tema de migraciones y el apoyo decidido a la ILP Regularización.
Es necesario interpelar a partidos y candidaturas para que la eliminación del racismo institucional sea una prioridad en sus propuestas y en toda su acción política.
Preguntemos qué posición tienen y qué medidas proponen ante las políticas de muerte en las fronteras y tras un año de impunidad de la masacre de Melilla, ante los acuerdos mercantilistas en materia migratoria, las políticas de extranjería y, en concreto, ante el grito que representan las más de 600 mil firmas válidas para la ILP Regularización.
En concreto, y dada la experiencia en el recorrido de la ILP, es necesario saber qué lugar va a ocupar la ILP en las negociones posibles en un escenario donde las izquierdas sumen y tengan que formar un Gobierno de coalición. Y, cuál va a ser la apuesta de defensa y garantía de los derechos de las personas migrantes, en un escenario más adverso, donde las personas migrantes serán las más afectadas por las políticas excluyentes que se plantean desde los partidos de derechas, que cada vez tienden a posturas más extremas.
Estas preguntas deben acompañarnos durante las campañas electorales pero también después, porque independientemente del resultado electoral, el acceso a derechos por las personas migrantes y racializadas es una lucha que necesitamos seguir impulsando constantemente desde las calles y los movimientos sociales, pues los partidos políticos están lejos de poder llamarse antirracistas y cuentan con casi nula representatividad del antirracismo en sus estructuras, mucho menos en los lugares de mayor poder.
La tibia respuesta de los partidos de Gobierno y de los que se autodenominan de centro a lo largo de la anterior legislatura han permitido que se siga expandiendo la violencia contra nuestras comunidades, que se reproduce incluso en los espacios institucionales de representación, como el Congreso de los Diputados y los parlamentos autonómicos, cuando representantes de origen migrante son insultados sin que haya una respuesta ejemplar que les proteja y de un claro mensaje a la ciudadanía de tolerancia cero a la violencia racista.
La malintencionada desinformación sobre las personas migrantes y racializadas ni siquiera permite tomar decisiones políticas adecuadas. Hoy en día, sigue habiendo cerca de medio millón de personas en España en situación administrativa irregular, de las cuales un tercio son menores de edad y la mitad son mujeres. La tendencia de la llegada de personas migrantes sigue a la baja, aunque cada vez más se trata de personas latinoamericanas con altas probabilidades de ser solicitantes de asilo. La irregularidad no sólo genera condiciones de precariedad y de no acceso a derecho para las personas migrantes en situación irregular, sino que hace perder al conjunto de la economía formal española miles de millones de euros anuales.
Todos estos elementos deben entrar en el debate electoral y parlamentario, más allá de opciones partidarias particulares. Y deben ser demandados no solo, una vez más, por las personas migrantes y racializadas, sino por el conjunto de la sociedad que se considera aliada o en sintonía con los derechos y la justicia social.
Tras las elecciones del 23 de julio de 2023, en este nuevo contexto electoral incierto, seguiremos luchando y afirmando nuestros derechos y demandando la aprobación de la ILP Regularización. Seguiremos trabajando para impulsar el trámite parlamentario y para conseguir el máximo consenso posible.
Este artículo se publicó en el Libre Pensamiento nº 115, otoño 2023
