Oleguer Bohigas. Sindicat de Llogateres de Catalunya.
La clave de esta victoria ha sido la organización colectiva: el hecho de que todas las inquilinas fueran a una. La predisposición para movilizarse y hacer público el caso. Si se hubiera apostado solo por la vía judicial, aparte de dilatar el proceso durante meses o incluso años, no todas las inquilinas hubieran conseguido el retorno de los honorarios, como por ejemplo, aquellas a quien ya se les había agotado el plazo de demanda en los juzgados, o quienes habían pagado en metálico.
Cuando una inquilina se acerca al Sindicato por primera vez a exponer su problemática, le hacemos todo tipo de preguntas ¿cuándo se termina tu contrato? ¿Estás en prórroga? etcétera. Sin embargo, hay una pregunta que nunca falla ¿el bloque donde vives es todo de la misma propiedad? ¿Sabes si tiene otros inmuebles? Y siempre pedimos que vaya al registro de la propiedad, porque necesitamos saber si su propietario tiene otros pisos alquilados. Te preguntarás ¿de dónde sale esta manía de investigar a la propiedad? ¿Qué tendrá que ver esto con la resolución de mi problema? Pues resulta que es muy importante.
Estar organizada en un sindicato significa, sobre todo, romper el aislamiento. Saber qué pisos tiene tu propietaria significa saber quién son tus coinquilinas, la gente con quien compartes problemáticas e interlocutor. Organizarte con ellas puede ser esencial para resolver tu conflicto. Lo explicaremos con un ejemplo: el de la lucha y victoria de centenares de inquilinas que comparten la misma inmobiliaria, pongámosle el nombre de R, después explicaremos por qué.
Todo empieza a partir de una consulta de lo más habitual. A una afiliada le han cobrado honorarios y su propietaria es una empresa. ¿Es legal? ¡Está claro que no! La Ley de Arrendamientos Urbanos de 2019 establecía que, si el arrendador era una empresa, los honorarios los tenía que pagar la propiedad. Podríamos haberle dicho que denunciara y recuperara el dinero. Y aquí se hubiera acabado todo. Si no fuera por esta manía que tenemos de investigar a la propiedad. La propiedad del piso de aquella afiliada es una de las muchas empresas de la familia M. La familia M se dedica principalmente al sector químico y, además, ha ido adquiriendo diferentes bloques en la ciudad de Barcelona a través de un entramado de empresas creadas con este fin. ¡Acumula más de 50 bloques, que suman 690 viviendas! Todos administrados por la inmobiliaria R. Al inicio del conflicto, descubrimos que teníamos algunas afiliadas más vinculadas a este entramado. Se nos ocurrió llamarlas. Y sorpresa, a todas les habían cobrado honorarios de forma ilegal. ¿Será que lo hacen con todo el mundo de forma sistemática? Hagamos una asamblea en un par de bloques y lo comprobamos: efectivamente, a todo el mundo le están cobrando honorarios. A muchas se los habían cobrado en metálico, sin factura. Pero en las asambleas, aparecen otras irregularidades que no esperábamos: graves faltas de mantenimiento de los edificios y los pisos, cobro de gastos y servicios injustificados, y un sentimiento de cabreo generalizado.
Puerta a puerta y asambleas en la escalera para organizarnos
¿Qué hacemos frente a todo esto? ¿Juntamos a estas pocas afiliadas y preparamos una demanda en los juzgados? ¿O intentamos ser más ambiciosas? Y aquí viene cuando ponemos en marcha una herramienta clave en la lucha sindical: el puerta a puerta o las brigadas inquilinas, como le llaman las compañeras del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Es muy sencillo: un sábado y un domingo, cuarenta activistas del Sindicato, por parejas, llamamos a todas las puertas de los 53 bloques de la familia M. Octavilla en mano, explicamos a todas las vecinas que lo que les están haciendo es ilegal. Muchas no lo sabían; y algunas ya lo sabían y lo habían aceptado con resignación. El lunes siguiente acuden cientos de inquilinas de R al local del Sindicato. Y entonces empieza la acción. Se deciden unas reivindicaciones mínimas y se establecen representantes de cada bloque con unas tareas básicas: hablar con todas las vecinas, crear un grupo de WhatsApp por bloque y recoger el máximo de firmas apoyando a las reivindicaciones colectivas. En dos semanas recogemos más de doscientas firmas, se afilian al Sindicato otras tantas vecinas y nos presentamos en la sede de la inmobiliaria con los medios de comunicación. Esto es suficiente para asustarlos y la misma semana empiezan las negociaciones con la propiedad, estrechamente vinculada a la inmobiliaria. Después de casi dos meses de negociaciones y asambleas, a mediados de julio, se firma un acuerdo.
Ganamos la primera batalla, pero la lucha continúa
La victoria es inédita e histórica dentro del Sindicato por su magnitud y por sus cualidades. Solo con el retorno de los honorarios cobrados ilegalmente, la empresa tendrá que pagar centenares de miles de euros. La propiedad se compromete al retorno de los honorarios cobrados desde el 2019 a todo el mundo, a centenares de vecinas, tengan o no el recibo de pago; pactamos el retorno de las subidas del IPC por encima del 2%; fijamos un coste fijo para los trámites de gestión de cambio de nombre en los contratos; se consigue un compromiso de reparaciones y mantenimiento en todos los bloques con una comisión de seguimiento para hacerlas efectivas; y por último, se pacta una aportación a la caja de resistencia del Sindicato. A cambio, se nos pide un compromiso de confidencialidad que estipula que no podemos hacer difusión pública del nombre de la familia M o de ninguna empresa o inmobiliaria que esté vinculada.
La clave de esta victoria ha sido la organización colectiva: el hecho de que todas las inquilinas fueran a una. La predisposición para movilizarse y hacer público el caso. Si se hubiera apostado solo por la vía judicial, aparte de dilatar el proceso durante meses o incluso años, no todas las inquilinas hubieran conseguido el retorno de los honorarios, como por ejemplo, aquellas a quien ya se les había agotado el plazo de demanda en los juzgados, o quienes habían pagado en metálico.
Pero la historia no acaba aquí, la lucha continúa. Habernos organizado con centenares de vecinas, no solo es útil para conseguir el retorno de los honorarios, si no para empezar a construir espacios colectivos y generar vínculos dentro de cada finca. De hecho, pasado el verano, empezamos a organizar asambleas de bloque en cada escalera para hacer seguimiento del acuerdo. En dos meses celebramos decenas de asambleas de inquilinas de sus respectivos bloques reunidas en el vestíbulo y ejerciendo democracia directa.
Pronto nos damos cuenta de que la familia R está empezando a incumplir el acuerdo en los plazos en que habíamos pactado. Algunas inquilinas han recibido sus honorarios, la mayoría no. Algunas fincas han sido mejoradas, la mayoría no. Ahora ya estamos organizadas, retomar la lucha es cuestión de convocar una asamblea y que las vecinas tomen la palabra y la decisión de cómo seguir la lucha.
La estafa de los honorarios, una brecha para organizar bloques enteros
Alguien puede pensar que esto es un caso excepcional, que difícilmente habrá otros propietarios que se salten la ley de una forma tan descarada. Pero sabemos que no. La Ley Vivienda, aprobada en mayo del 2023, prohíbe el cobro de honorarios y gastos de gestión inmobiliaria a los inquilinos, sin importar si la propiedad es persona física o jurídica. Y esto ha sublevado a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), que ya han empezado a utilizar todos los trucos posibles para saltarse la ley. Y no teníamos ninguna duda que sería así, porque la estafa de los honorarios está en el corazón del negocio de la falsamente denominada “intermediación inmobiliaria”. Por eso, el caso de las inquilinas de R es un ejemplo y un aviso a todo API que intente cobrar honorarios camuflándolos bajo otros nombres. Pero también un ejemplo para todas las inquilinas, que ahora saben que pueden evitar esta estafa a través de la organización sindical.
De hecho, la campaña lanzada coordinadamente entre los sindicatos de inquilinas de diferentes territorios del Estado a finales de junio abrió la puerta a nuevas potencialidades en la lucha. En primer lugar, nos dimos cuenta del inmenso sentimiento de rechazo que generan las inmobiliarias en la gran mayoría de las inquilinas: la estafa de los honorarios es solo la punta del iceberg de todo un conjunto de prácticas abusivas y dudosamente legales que provocan rabia entre quienes vivimos de alquiler. En segundo lugar, la estafa de los honorarios, si bien es sistemática, se ha ido implementando a través de distintas fórmulas y encajes jurídicos por parte de las inmobiliarias: sustituir los conceptos de “gastos de gestión” por “reserva”, “asesoramiento legal” o asesoría personalizada (personal shopper) o hacer firmar contratos de “servicios” a los inquilinos, son algunas de las técnicas utilizadas para saltarse la ley. Ante cada una de ellas, los equipos jurídicos de los sindicatos hemos tenido que ir desarrollando estrategias para desmontar la estafa y poder exigir el retorno de los honorarios. La particularidad, es que cuando un inquilino llega a la asamblea con “un tipo” de estafa particular, tenemos la capacidad de hacer un rastreo y un llamamiento a todas las inquilinas que también han firmado contratos con aquella misma inmobiliaria. De esta forma, se abre la línea de también poder organizar inquilinas por inmobiliaria. Si bien es un campo que hemos explorado poco hasta ahora, los compañeros del Sindicato de Inquilinas de Madrid, ya han empezado a hacerlo con las inquilinas de Tecnocasa.
La organización sindical llega más allá de la ley
Es evidente, que en el caso de las inquilinas de R una de las claves del éxito ha sido la posibilidad de ir a juzgados con una demanda millonaria. Pero la otra clave ha sido la organización colectiva. Buena parte de los compromisos firmados dentro del pacto por parte de la propiedad, como el cobro de tasas por cambio de nombres en el contrato, no están regulados por la ley. Gracias a la fuerza sindical, hemos conseguido ir más allá, y esta es nuestra hipótesis como sindicato.
La experiencia de esta lucha demuestra la importancia de elegir bien las reivindicaciones en conflictos colectivos como este. Los abusos que sufrimos como inquilinas son siempre demasiado largos para listarlos. Por eso es tan importante, con grandes propietarios como este, encontrar una o dos reivindicaciones claras que puedan aglutinar a todo el mundo. Aquí han sido los honorarios, en otro caso pueden ser las subidas de precio o el mantenimiento. Demandas sencillas como herramienta para conseguir la unidad. Unidad y organización como primer paso para poder plantear nuevas demandas más ambiciosas en el futuro.
En el ámbito de la vivienda, la impunidad con la que actúan inmobiliarias y arrendadores a la hora de abusar de los derechos de las inquilinas es sistemática. Por eso, no nos quedamos solo con los abusos ilegales, sino que a través de la organización de inquilinas de un mismo propietario, acumulamos fuerzas para llegar a las negociaciones colectivas con la capacidad de ir más allá de la ley, ya sea para que nos devuelvan una fianza, o para conseguir que renueven los contratos de alquiler sin subidas a todas las vecinas del bloque.
No es la primera vez que organizamos varios bloques a la vez: Optimum, Medasil, Lazora o La Caixa han sido ejemplos previos que demuestran que la fuerza colectiva nos permite alcanzar victorias que van mucho más allá de la ley. El gran reto que tenemos como sindicatos es el de ser capaces de construir organización más allá de un conflicto concreto con el arrendador o la inmobiliaria. Ser inquilina implica estar sujeta de forma permanente a la explotación rentista y a una correlación de fuerzas donde si no estamos organizadas entre nosotras, estamos desprotegidas frente a la patronal inmobiliaria. Es imprescindible expandir la cultura de la sindicalización, poner en el centro de los procesos organizativos la politización de las inquilinas y generar comunidades de lucha que permanezcan en el tiempo y tengan la capacidad de activarse cuando sea necesario.
Este artículo se publicó en el Libre Pensamiento nº 116, invierno 2024
