Juan Carrique Calderón, integrante de la Red Apoyo al encierro de inmigrantes en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla en 2002 y afiliado al Sindicato de Oficios Varios de la Zona Sur de Madrid de CGT.
En el otoño de 2001, en el campo de Huelva se vivía una extraña situación. Ese mismo año, los inmigrantes sin papeles habían organizado encierros y movilizaciones hasta lograr 220.000 permisos de trabajo y de residencia, doblegando al orgulloso y autoritario Gobierno de José María Aznar y su mayoría absoluta en el Parlamento y demostrando el error de los dirigentes sindicales que llamaban a la pasividad excusándose en la mayoría absoluta del Partido Popular.
Un año antes, en el municipio almeriense de El Ejido, el alcalde del Partido Popular había encabezado los ataques racistas contra los inmigrantes magrebíes de la localidad, que provocaron decenas de heridos y la destrucción de sus viviendas y locales ante la pasividad de la Policía, que evitó linchamientos, pero no detuvo a nadie.
Un año después, tras el acuerdo logrado con los encierros y las movilizaciones de solidaridad en todo el país, los inmigrantes, varones procedentes del Magreb y del África subsahariana, estaban eufóricos pero esta victoria no terminaba de concretarse en papeles y derechos.
Por el lado de los trabajadores inmigrantes, el acuerdo había sido firmado por la Plataforma contra la Ley de Extranjería de Huelva, formada por la Organización Democrática de Inmigrantes y Trabajadores Extranjeros (ODITE), CGT y Sindicato Unitario de Huelva y por el lado de la patronal por Freshuelva. Los empresarios se comprometían a proporcionar los precontratos necesarios para que los inmigrantes se acogieran al proceso de regularización, a cambio de no presentar denuncias a la Inspección de Trabajo por la explotación laboral sufrida en las fincas freseras.
El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, se comprometía a garantizar el cumplimiento del acuerdo, que también había sido aceptado por un Ministro de Administración Pública entonces oscuro y desconocido, Mariano Rajoy.
La patronal fresera no actuaba movida por la bondad y la solidaridad, sino por el cálculo estratégico, considerando que cuando los inmigrantes presentaran sus solicitudes individuales de regularización, quedarían a la espera del final del proceso administrativo y abandonarían la movilización colectiva, que era su verdadera preocupación.
Con este acuerdo, se acogieron al proceso de regularización en Huelva 3.800 inmigrantes, una cifra superior a la media de otras provincias españolas, pero Freshuelva comenzó a retrasarse en la entrega de los precontratos comprometidos y a partir del 21 de noviembre dejó de proporcionar estos documentos. La patronal incumplía así su parte del acuerdo, sin que la Junta de Andalucía o el Defensor del Pueblo hicieran nada para obligar a los empresarios a cumplir lo firmado.
Mientras tanto, el Gobierno central, sensible a las preocupaciones y miedos de las patronales agrarias, había diseñado una política para acabar con la incipiente movilización de los inmigrantes, sustituyéndolos por otras personas contratadas en origen, en países europeos no comunitarios, como eran en esos momentos Polonia y Rumanía. Se buscarían inmigrantes de ámbitos urbanos, sin tradición de resistencia a la explotación agraria y preferentemente mujeres con responsabilidades familiares en sus países de origen para que no tuvieran la tentación de quedarse en España tras la finalización de la campaña.
Las 7.000 trabajadoras rumanas y polacas sustituirían a una parte de los inmigrantes regularizados trabajando especialmente los fines de semana y los festivos, que eran las jornadas que cubrían básicamente los inmigrantes sin papeles, mientras que los 60.000 temporeros cubrían las jornadas ordinarias de la campaña de recolección.
Como parte de la misma estrategia, el Gobierno reformó el Reglamento de Extranjería, que recortaba los derechos de manifestación y organización de los inmigrantes sin papeles, preparando los instrumentos jurídicos para aplastar un posible resurgir de la movilización de los inmigrantes. Y se intensificó la represión. La Policía detuvo y expulsó de España a los inmigrantes que intentaron encerrarse en la Catedral de Lleida, a quienes dormían en la Plaza de Cataluña en Barcelona, tras cargar contra una manifestación pacífica en la plaza de André Malraux, a los participantes en una marcha desde Las Pedroñeras a Cuenca, y los manifestantes ante la Subdelegación del Gobierno en Almería a inicios del 2002.
Los inmigrantes de Huelva, en movimiento
En 2002, la situación del colectivo de inmigrantes en Huelva, incluso los que habían obtenido la regularización era calamitosa. Sus permisos de trabajo solo les autorizaba a trabajar en el sector agrario de la provincia de Huelva, donde ya sólo se contrataban temporeros españoles e inmigrantes polacas y rumanas contratadas en origen. El colectivo de trabajadores inmigrantes era condenado al hambre y a la miseria, tratando de sobrevivir en chabolas levantadas en las afueras de los pueblos.
Ante esta situación, los inmigrantes excluidos organizaron la “Marcha de la Dignidad”. A pesar de que la legislación de extranjería les prohibía el derecho de manifestación, en la movilización participaron más de un millar de trabajadores, que caminaron desde Moguer hasta Huelva. A pesar del hostigamiento de la marcha por agentes de la Guardia Civil, los inmigrantes llegaron hasta la capital y se concentraron ante el Ayuntamiento de Huelva. La movilización consiguió hacer visible una situación de misera y hambre insostenible en el campo de Huelva.
La Junta de Andalucía preparó un plan de choque lavarse la cara ante la opinión pública y de desmarcarse de la política migratoria impulsada por el PP desde el Gobierno central, que consistía en entregar bolsas individuales de comida y la instalación de módulos de duchas y sanitarios. Pero las míseras medidas en el plan de choque no sirvieron para mejorar las condiciones y se inició un proceso de asambleas entre los inmigrantes en los asentamientos de Lepe, Cartaya, Lucena del Puerto, Huelva capital, Moguer y Palos de la Frontera.
Los inmigrantes deciden organizar un nuevo encierro para obtener los papeles, y las organizaciones y personas solidarias, agrupadas en la Red de Apoyo a los Inmigrantes de Huelva le aconsejan aprovechar la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, en Sevilla, donde se iba a debatir precisamente la política de inmigración de la UE.
En el mes de junio de 2002, 475 inmigrantes sortearon los controles que la policía había establecido para blindar la Cumbre de protestas, y accedieron a las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO), anunciando públicamente el inicio del encierro y su principal reivindicación: ¡¡papeles para todos!!. Los encerrados comenzaron a organizarse en tres estructuras. En primer lugar, la asamblea general, donde se decidían las reivindicaciones y la continuidad del encierro; en segundo lugar, la coordinadora de los “jefes de grupo”, elegidos por los trabajadores de cada uno de los 19 asentamientos de los distintos pueblos, y encargados de las decisiones cotidianas del encierro; en tercer lugar, la Red de Apoyo, encargada de la solidaridad, la difusión de la lucha, la recogida de comida, la ayuda económica y el asesoramiento en la negociación con las instituciones.
El encierro en la universidad destapó la impostura del progresismo sevillano
El inicio del encierro de inmigrantes recibió una amplia cobertura de los medios de comunicación acreditados para la Cumbre y la rectora de la UPO manifestó su apoyo al encierro y su compromiso de no autorizar el desalojo policial.
Una vez finalizada la cumbre europea, la rectora de la UPO, el defensor de Pueblo Andaluz y el Colegio de Abogados de Sevilla presentaron una propuesta para lograr la salida voluntaria de los encerrados a cambio de que una Comisión Jurídica organizada por esas instituciones estudiaría individualmente las solicitudes de papeles.
La propuesta se debate en la asamblea del encierro y es rechazada por aplastante mayoría, que defiende que “juntos entramos en el encierro y juntos saldremos cuando todos hayamos conseguido la regularización”. Ante el rechazo a su propuesta, la rectora, el Defensor del pueblo y el Colegio de Abogados comenzaron una campaña de comunicación para desacreditar a la Red de Apoyo, acusándola de manipular a los encerrados -considerados como incapaces de tomar sus propias decisiones y decidir la estrategia de su lucha-, de beneficiarse económicamente del encierro o de hacer el juego al gobierno del PP.
La Policía rodeó la Universidad, impidiendo el suministro de comida a los inmigrantes y la entrada de los miembros de la Red de Apoyo. Las reuniones ya solo se podían realizar en las puertas del recinto, separados por una verja, bajo el control directo de los agentes policiales. El desalojo podía llegar en cualquier momento.
El final de los encierros de inmigrantes
El 8 de agosto de 2002 a las 5:00 horas la Policía entró en el recinto universitario, cuando la mayoría de los encerrados estaban durmiendo, y detuvo a 275 personas que fueron trasladadas primero a la Jefatura Provincial de Sevilla y posteriormente a los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para ejecutar sus expulsiones. Los procedimientos de expulsión fueron irregulares, negando el derecho a contactar son sus abogados y negando la atención médica y de ellos sólo se salvaron 65 personas, cuya nacionalidad no pudo ser determinada por la Policía, y que quedaron en libertad.
El balance del encierro de la UPO arrojaba un resultado desfavorable para los inmigrantes, que no habían obtenido su regularización. La resolución de la protesta enviaba un claro mensaje de que el Gobierno no negociaría con personas encerradas y que resolvería la situación mediante la represión.
Dos décadas después, no han vuelto a darse movimientos de protesta de estas características y amplitud, a pesar de que sistemáticamente vuelven a darse situaciones parecidas de colectivos que llevan un cierto tiempo en el país pero que no pueden regularizar su situación y que ello deteriora sus condiciones de vida y salud por esa causa.
Era previsible que el Gobierno del Partido Popular aplicaría la represión contra el encierro, como ya había hecho en otras movilizaciones inmediatamente anteriores, pero esta decisión fue facilitada por dos factores: la criminalización a los sectores solidarios con la lucha y la división entre los inmigrantes encerrados
Tras los encierros, los problemas de las personas sin papeles aún están por resolver
En los últimos 20 años la población inmigrante residente en España ha aumentado y se ha consolidado un sector que se naturalizado como español, otro ha conseguido regularizar su situación en España, e incluso ha nacido en este país una generación de hijos de antiguos inmigrantes; pero el problema de los sin papeles se mantiene. Las estimaciones actuales lo cuantifican en 500.000, y todo ello es causa de la sustitución de la forma de acceder a la residencia legal. Se ha pasado de los procesos de regularización extraordinarios, que en la mayoría de los casos eran el resultado de movilizaciones y que en cierta medida favorecían la organización colectiva de los inmigrantes, a los procesos de arraigo social y laboral regulados en el Reglamento de la Ley de Extranjería que requieren unos requisitos y condiciones prácticamente imposibles de reunir y que en todo caso favorecen una presentación individualizada y dificultan organización y acción colectiva de los inmigrantes.
Esta debilidad estructural de los inmigrantes, que afecta a su capacidad de luchar para mejorar sus condiciones ha provocado un cierto distanciamiento de las organizaciones sindicales respecto de sus problemáticas, no sólo de las mayoritarias, sino también de los sectores de la izquierda sindical.
Como los inmigrantes sin papeles no logran desarrollar sus propias movilizaciones, el sindicalismo de clase no se siente obligado a integrarlos en la actividad sindical. Con esta dinámica, quien se debilita es toda la clase trabajadora, porque se excluye de la misma al sector de personas trabajadoras inmigrantes.
Además, la mayoría de las asociaciones de inmigrantes que existían a principios de la década del 2000 han ido desapareciendo, y los colectivos de inmigrantes de distintas nacionalidades se han ido integrado en la sociedad española, de forma que han ido desapareciendo estos referentes que tuvieron su importancia a la hora de comenzar a organizar la respuesta colectiva a la política migratoria gubernamental.
A pesar de todo, el problema de la regularización de los inmigrantes sigue existiendo, junto a nuevos problemas como el racismo laboral y social mucho más difundido en la sociedad española, así como el fenómeno del reforzamiento de la extrema derecha; ante ello sólo cabe volver a la defensa de la unidad de la clase obrera, de todos sus sectores y en pie de igualdad, y entre ellos las personas trabajadoras extranjeras.
Para este camino, es muy importante aprender de las luchas pasadas y retomar el hilo de las movilizaciones que hace veinte años reclamaron papeles para todos.
Dedicamos este texto a los inmigrantes encerrados en la Universidad cuya capacidad de sacrificio y dignidad nunca pudo ser extirpada por la policía española.
[Este artículo se publicó en el Libre Pensamiento número 112 de otoño de 2022]
