Diego Rodríguez Toribio. Afiliado de CGT Huelva.
Cuando me plantearon escribir un artículo sobre migraciones en general tuve claro que me decantaría por hablar del sector agrario en particular, porque a lo largo de estos años he comprobado que una cosa son las estadísticas oficiales que nos muestran negocios florecientes que cumplen con los estándares de calidad y sostenibilidad del fruto rojo en mi tierra, y otra muy diferente la realidad con la que uno se encuentra sobre terreno que en 2020 escandalizó a Philip Alston, relator de la ONU, al presenciar un boyante negocio sustentado en trabajadores y trabajadoras que viven sin lo más básico: agua, electricidad o un simple retrete, en asentamientos que se parecen más a lugares destinados a animales que a personas.
Como mi posición en esta complicada ecuación es la de la defensa laboral, por situar al lector, diré que ésta en las empresas del sector es muy complicada por la poca implantación de sindicatos combativos, así como por la consecuente desorganización de los trabajadores y trabajadoras como colectivo; y si específicamente abordamos la realidad de los migrantes, podríamos hablar incluso del pánico a realizar cualquier actuación que pudiera señalarlos, saben que para ellos esto podría implicar una mancha en su expediente que les impediría conseguir sus tan ansiados papeles. En este aspecto nos hemos encontrado con casos en los que un empresario, para librarse de una denuncia, denuncian falsamente a su vez al trabajador. Las normas a veces se vuelven un medio hostil para quien no sabe avanzar por la jungla que ha establecido la Administración.
Habría que añadir que la precariedad para estas personas se traduce no solo en malas condiciones laborales sino también en tremendas situaciones personales. Actos irrelevantes como ducharse tras el trabajo, que para la mayoría de nosotros simplemente es abrir un grifo, puede suponer una odisea de más de una hora si vives en un asentamiento chabolista y para recoger el agua debes trasladarte a más de un kilómetro. Vivir bajo plásticos y rodeado de madera de palets dispuestos a modo de paredes, supone estar sometido a peligros constantes, como el de sufrir incendios provocados o accidentales que devoran vidas, enseres, dinero y papeles. El día a día se transforma en una carrera de obstáculos que no es tenida en cuenta a la hora de pedirles el cumplimiento de sus obligaciones laborales, sean cuales sean sus terribles circunstancias personales al día siguiente deben ser puntuales en el tajo, aunque se les haya quemado su vivienda.
Una de las labores que se esperan de un sindicato es la de denunciar las irregularidades de las que tenga conocimiento, y dicho así parece fácil, pero siempre surge un problema: conseguir las pruebas que puedan demostrarlas. Si en cualquier caso es complicado realizar el trabajo de defensa sindical, en el caso de muchos migrantes, a las dificultades habituales se suma la falta de formación laboral y jurídica que les hace pensar que no tienen derecho a denunciar estos desmanes empresariales, o lo que es peor, que hacerlo les traerá consecuencias. Nuestra labor en unos casos pasa por la formación, en otros pasa por la acción directa, como cuando realizamos llamadas para lograr que se paguen nóminas, aún a sabiendas de que al finalizar esa llamada y recibir el pago, ya no habrá pruebas ni testigos porque estos desaparecerán para irse a otro lugar; y es que con ese dinero se pagarán el viaje. El día a día marca nuestras actuaciones.
Sindicalismo en un sector agrario basado en la explotación
La oficialidad de la Administración siempre trata de avalar que los datos justifican el cumplimiento de las normas en el sector agrario en Huelva (esto sería aplicable a cualquier provincia), precisamente porque el sistema está creado para mantener con total impunidad un sistema que explota a muchos y genera pingües beneficios a unos pocos; pero las últimas cifras aportadas por el propio Ministerio de Trabajo parecen desmontar estas afirmaciones al mostrar que en la última campaña de la Inspección de Trabajo a nivel estatal, 3.004 infracciones fueron detectadas en el sector agrario y de estas 874 lo fueron por trabajo irregular de personas extranjeras, es decir, casi el 30% de ellas serían por actuaciones ilegales sobre personas migrantes. Esta cantidad de situaciones de abuso empresarial son solo la punta del iceberg y debieran servir para que, de una vez por todas, desde el citado Ministerio llevaran a cabo una verdadera campaña de búsqueda de los que se podrían considerar delincuentes empresariales. Lamentablemente no hay ningún empeño en dotar a este cuerpo funcionario de medios suficientes para hacerlo, algo que ha sido solicitado por CGT Huelva en distintas movilizaciones en nuestra provincia. Si buscamos un motivo, simplemente hay que tirar de lógica para sacar una conclusión: si no se hace es porque no conviene desmontar un sistema basado en la explotación. Demasiados intereses.
A todo lo anterior habría que añadir que los inmigrantes están sometidos a continuas campañas de deshumanización y criminalización que, basadas en bulos y prejuicios, buscan invisibilizarlos a ellos y sus derechos. En este aspecto también hemos tenido que actuar mediante movilizaciones ciudadanas porque estamos convencidas de que es necesaria la integración para normalizar y acabar con los desmanes que vemos. Transcurrido un tiempo mi sensación es que en gran parte esto es posible por la irresponsabilidad de las administraciones locales que con muchas de sus actuaciones son copartícipes de este desmán.
La anterior afirmación puede parecer dura, pero hay muchos ejemplos de que esto es así, como el hecho de que sistemáticamente las administraciones locales se salten su deber legal de empadronar a las personas que cumplen con los requisitos, imposibilitando con esto hablar siquiera de vecindad, porque los migrantes siempre serán considerados gente de paso sin una relación que posibilite su integración. Existen asociaciones que han trabajado en tratar de facilitar este trámite y se les ha impedido mediante mil argucias. He visto migrantes a los que se les ha negado con malos modos incluso la entrega de documentación. Es necesario ser consciente de que las cifras de personas empadronadas oficializarían la verdadera dimensión del número de seres humanos que se encuentran abandonados y sin servicios básicos en asentamientos de infraviviendas. Mostrar esta dejación de funciones del estado afectaría a la imagen del sector, que según los datos de la propia Junta de Andalucía en la campaña 2021-2022 supuso un negocio de 1.163 millones de euros en exportaciones, un 12% del PIB de Huelva; motivo más que suficiente como para mantener bajo la alfombra la realidad de tantos miles de personas en mi tierra. Cambian derechos humanos por imagen de marca.
Al final, en esta ecuación y desde el punto de vista político, todo radica en tratar de mantener un sistema que siga generando beneficios multimillonarios para unos pocos y contratos para miles de vecinos, que votarán en las próximas elecciones a quien les proporcione seguridad en su sustento, todos los políticos saben que los no empadronados no tienen derecho a voto. El resultado es, ha sido siempre, evidente: mirar para otro lado mientras siga corriendo el flujo de caja.
En este terreno del diálogo social, mi experiencia me ha enseñado que es necesario lanzar un discurso que cuestione lo que se establece como base y nos sitúe en un punto de partida diferente al oficialista, porque este está creado como cimiento de un sistema que algunos propugnamos cambiar por lo que supone de sufrimiento. En este sentido, como organización tratamos de fomentar acciones, junto a otras organizaciones, que incluían llevar a cabo negociaciones que lograran mejorar la vida, en su día a día, a algunas personas que no podían esperar por su situación desesperada. Bajo esa perspectiva abordamos algunas reuniones con representantes empresariales que nos mostraron su disposición a poder contratar mano de obra regularizada, y cuando nos aseguramos de que cumplirían con el convenio, se lograron formalizar más de cien contratos, pero esto solo fue posible cuando mostramos que podíamos inclinar la balanza de la negociación mediante la movilización organizada, como había sucedido en una manifestación multitudinaria que se llevó a cabo en Huelva y que marcó un punto de inflexión importante.
La trampa de la contratación en origen
Hago un inciso para señalar que la solución que se da actualmente a la falta de trabajadores y trabajadoras es la contratación en origen. El planteamiento oficial es el de traer miles de mujeres con un contrato previo, con el compromiso posterior de regresar a su tierra; lo que se oculta son las irregularidades en su país de origen y en el de destino, así como su desintegración social posterior al llegar a la plantación. La pregunta que habría que lanzar en los foros de debate es ¿por qué no se lleva a cabo un proceso de regularización para las personas que ya están trabajando en el sector agrícola como verdaderos profesionales y que ya viven previamente en las zonas de destino? Tal vez la respuesta simplista que se nos dé será la de evitar el efecto llamada, pero la realidad es que, el motivo por el que no se les regulariza, es que se prefiere la llegada de una gran cantidad de trabajadoras que actuarán bajo presupuestos de sumisión controlada, lo que en la práctica les impide levantar la voz ante cualquier abuso, o lo que es lo mismo, no tienen opción real de defenderse al no proporcionárseles información sobre los derechos que las amparan.
Como puede verse esta ecuación de la migración implica muchas incógnitas, entre las que se incluye la defensa de los derechos humanos, en muchos casos da la impresión de que se haya externalizado la gestión de su cumplimiento por parte del Estado a organizaciones privadas, algo que personalmente cuestiono, porque al final todo consiste en buscar culpables ajenos para asumir la responsabilidad propia.
Alianzas sociales en defensa de los derechos humanos, por encima de egos y paternalismos.
Sobre estas organizaciones lo primero que puede llamar la atención es que ante un mismo objetivo nos encontramos con entidades que no cruzan sus caminos porque mantienen visiones y objetivos diferentes. Unas se encargan de dotar de servicios a una comunidad al estilo de la caridad eclesiástica, con fondos que, en mayor o menor medida, dependen de las subvenciones del estado. Su misión no es cambiar las cosas, porque esto pasa por darle una vuelta al sistema y eso significaría enfrentarse a determinados organismos de los que dependen para su mantenimiento mediante las subvenciones recibidas, es decir, nunca morderán la mano que les da de comer.
Otro tipo de organizaciones ahondan en los problemas y van a la base, son más radicales según la propia etimología de la palabra. Ahí es donde nos hemos preferido situar a la hora de las alianzas. Como es lógico, estas no cuentan con el favor de las Administraciones porque desvelan sus errores, así que en estos casos el componente de la militancia juega un papel fundamental para poder desarrollar campañas, como cuando hemos realizado cursos de defensa laboral para migrantes junto a alguna asociación que interviene directamente con migrantes.
El gran problema con el que lamentablemente nos hemos encontrado ha sido que, entre los militantes, algunos egos dificultan, y a veces impiden, que pueda avanzarse en estrategias de apoyo mutuo y movilización, sobre todo cuando esos líderes y lideresas militantes con sus visiones paternalistas se elevan por encima de las voces de los que debieran protagonizar esta lucha.
Capítulo aparte es el de los políticos y las políticas que podría resumirse en que la competencia siempre es de otra Administración. Todos ven y conocen el problema, pero realmente nadie se implica en aportar soluciones, salvo las que realizan en campañas mediáticas de las que las fotos propagandistas son el centro. Al final la realidad es que nunca escuchan en sus reuniones a los migrantes, mucho menos a los que se encuentran en situación irregular, siempre se habla con representantes. Todas nos preocupamos, pero las que sufren son ellas, a las que no se las mira a los ojos mientras se asume que se les están arrebatando sus derechos.
Acompañar las luchas de las personas migrantes
En CGT Huelva, desde el principio, lo hemos tenido claro: los migrantes deben marcar su lucha y nosotros apoyarla y acompañarla, y coincidiendo con nuestro principio asambleario de lucha de abajo a arriba, ponemos nuestra organización a su servicio, a su ritmo y con sus estrategias, y sabemos que este es el modo de lograr algún cambio significativo, porque hasta que esta no sea la premisa bajo la que se actúe será complicado poder llevar a cabo ningún avance real.
Como epílogo, permítanme que me tome la licencia de insistir en que hablamos del cumplimiento de derechos humanos, y lograrlo pasa porque todas las partes acuerden con los que deben ser protagonistas de su solución, más allá de protagonismos. Igual algún día se logre concienciar para llegar a esto, mientras tanto algunos trataremos de seguir ayudando en lo que podamos mediante el apoyo mutuo y la acción directa.
Este artículo se publicó en el Libre Pensamiento nº 115, otoño 2023
