Paula Bilbao. Directora del documental Inshallah
Durante los años 2020 y 2021, diversos factores como la pobreza, los conflictos, los desastres naturales y las violaciones de derechos civiles, políticos, sociales y culturales continuaron forzando a personas de todas las edades y géneros a huir de sus naciones de origen. La propagación de la enfermedad COVID-19 generó estragos económicos y provocó restricciones adicionales en las fronteras, lo que dejó a numerosos individuos con escasas alternativas más allá de emprender un peligroso viaje hacia Europa. Por esta razón, durante el año 2020, miles de personas se aventuraron en una arriesgada travesía marítima a través de la ruta del Atlántico, partiendo desde Marruecos, Mauritania o Senegal, con embarcaciones de madera conocidas como «cayucos» hacia las islas Canarias. Durante dicho año, esta ruta se convirtió en una de las principales vías de entrada a España. Llegando a arribar a las costas canarias un total de 23.023 personas, lo que representó un incremento del 756% en comparación con el año 2019.
Esta peligrosa travesía oceánica es además una de las más mortales para llegar a nuestro país. Según el informe «Víctimas de la Frontera Mortal 2018-2022», de la ONG Caminando Fronteras, de las 11.286 personas que perdieron la vida o desaparecieron en su camino hacia España, 7.692 fallecieron en esta ruta, lo que representa aproximadamente el 68,1% de todas las muertes registradas, por lo que no es muy difícil deducir que se trata de una travesía peligrosa de la que los supervivientes salen con terribles secuelas.
Pero volviendo a los números de llegadas, Canarias ya había experimentado en 2006 una situación similar cuando en la mal llamada “crisis de los cayucos” llegaron a estas costas cerca de 30.000 personas. Pues bien, a pesar de esta experiencia pasada, en 2020 en esta misma región, a penas había capacidad estructural y estratégica para acoger este alto número de llegadas porque, de hecho, muchos de los centros que se abrieron por la emergencia migratoria de 2006 fueron clausurados en 2008.
Durante el año 2019, el defensor del pueblo español advirtió que en las islas solo había tres centros de acogida con una capacidad total de 78 plazas. Y aunque pareciera que el Gobierno escuchó la advertencia, la solución a este reclamo fue la apertura de ocho centros adicionales en 2020, lo que aumentó la capacidad de acogida a 388 plazas. Cifra que obviamente seguía siendo irrisoria en comparación con la gran cantidad de personas que llegarían a esas costas durante el mismo año.
Ante esta situación de emergencia y falta de recursos, el Ministerio de Inclusión buscó soluciones improvisadas, como el uso de polideportivos y escuelas que habían tenido que cerrar debido a la pandemia. El plan tenía tan pocas miras que incluso estas instalaciones no fueron suficientes y como era previsible, se desbordaron rápidamente. Fue entonces, el 15 de septiembre de 2020, cuando el Ministerio de Inclusión alquiló 17 hoteles y creó así 5.500 plazas de emergencia en diferentes islas. De nuevo falta de miras, pues solo el 20% de estas plazas se asignaron a casos de cuarentena por COVID-19.
A la falta de recursos para brindar una acogida digna, se sumaron los obstáculos impuestos por el Ministerio del Interior a la libre circulación de personas migrantes hacia la península. Algo que no ocurrió en 2006 y que dificultó el traslado de personas vulnerables o solicitantes de asilo por parte del Ministerio, empeorando aún más la situación. Y es que, a pesar del colapso en las islas y la disponibilidad de plazas de acogida en la península debido a la disminución de llegadas por otras fronteras, en 2020 solo se trasladaron 2.618 personas, en su mayoría mujeres solas o acompañadas por sus hijos e hijas.
Otro ejemplo de esta mala gestión y del carácter de improvisación de las políticas migratorias hasta la fecha es el hecho que ocurrió en muelle de Arguineguín en Gran Canaria a finales de agosto de 2020, cuando este lugar se convirtió en un campamento improvisado para más de dos mil hombres, mujeres, niños y niñas, entre ellos menores no acompañados, quienes fueron retenidos por la Policía Nacional en un espacio para 400 personas, durante periodos que superaban con creces las 72 horas permitidas por ley. Las deplorables condiciones fueron denunciadas públicamente por el defensor del pueblo español, quien también alertó sobre la imposibilidad de mantener la distancia física para impedir el contagio del COVID 19 (recordemos que en estas fechas la población estaba saliendo de un confinamiento).
Después de recibir innumerables denuncias de toda índole que empujaban al cierre del campamento improvisado en el muelle de Arguineguín y de enfrentar las amenazas de las autoridades locales de aplicar multas y emprender acciones legales contra los dueños de hoteles que albergaban a personas refugiadas y migrantes más allá de diciembre, el Ministerio de Inclusión presentó el Plan Canarias el 20 de noviembre de 2020. El objetivo principal de este plan era establecer 7.000 plazas de acogida de emergencia en grandes centros o macro-campamentos, principalmente a través de la habilitación de instalaciones militares en estado ruinoso que por lo general se encontraban en desuso.
Con el Plan Canarias se contempló la apertura de tres macrocentros en Gran Canaria, dos en Tenerife y uno en Fuerteventura. Cabe destacar que este plan no llegó ni a El Hierro ni a Lanzarote, a pesar de que en ambas islas también se registran numerosas llegadas de personas migrantes y refugiadas. A este discutible plan de contención hay que sumarle los obstáculos por la falta de protocolos y criterios comunes para identificar y atender a las personas vulnerables.
Amnistía Internacional recoge en su informe “Un año de análisis, décadas de fracaso de políticas migratorias” que las políticas basadas en la contención y la disuasión afectaron no solo a las personas refugiadas y migrantes, sino también a la población local, que tuvo que asumir la responsabilidad de acogerlas. La mala gestión y el confinamiento forzado alimentaron actitudes racistas, incluso contra los menores, quienes se convirtieron en el blanco de discursos de odio promovidos por grupos extremistas. De hecho, en diciembre de 2020, el Gobierno de Canarias solicitó a las ONG que administraban centros donde se encontraban los niños y las niñas que no salieran a la calle debido a las protestas xenófobas en Gran Canaria. Tras la investigación llevada a cabo en Canarias, Amnistía Internacional consideró además que las personas migrantes y refugiadas no fueron examinadas para determinar sus vulnerabilidades de forma sistemática y coherente. La identificación de personas vulnerables se vio seriamente comprometida durante los meses de colapso de la capacidad de acogida en las diferentes islas. Como indica esta organización, en el caso de las llegadas por mar, salvo el examen médico realizado por la Cruz Roja, no hay un examen de vulnerabilidades en esos primeros momentos ni intervención de ninguna organización especializada. En esta etapa, los policías sólo detectan a los niños y niñas para poner en marcha mecanismos de protección, cuando la minoría de edad es manifiesta. Sin unos protocolos estandarizados, la identificación de vulnerabilidades o de personas que pueden optar a ser trasladadas a centros específicos en la península recae en el criterio de las organizaciones, como la ONG ACCEM, concesionaria a través de su Programa de Atención Humanitaria a Inmigrantes (PAHI) del macro-campamento de Las Raíces, abierto bajo el Plan Canarias en 2021, perteneciente al municipio de La Laguna, en la Isla de Tenerife.
Desde que este antiguo acuartelamiento en desuso, temporalmente reconvertido en centro de acogida (CAI), abriera sus puertas el 2 de febrero de 2021, han sido innumerables las denuncias por parte de activistas, asociaciones, el propio consistorio lagunero y las personas que lo habitan, ante la Delegación del Gobierno y los medios de comunicación por la nefasta gestión del centro y su entorno a cargo de la ONG.
El Rodeo Alto es un barrio agrícola y ganadero, situado en una de las zonas más húmedas y frías de la isla. Se erige entre fincas, granjas, bosques de eucaliptos, y frente a un aeropuerto del que diariamente despegan cerca de 180 aviones diariamente. Una verdadera ironía para quienes retenidos contra su voluntad desean seguir su camino.
Este macro-campamento además de la enorme responsabilidad y las nuevas problemáticas que supone para los vecinos del barrio, ha provocado que se produzca un aumento de transeúntes en sus carreteras: el número de vecinos, que en 2019 era de aproximadamente 120, ha aumentado inesperadamente llegando en ocasiones a contabilizarse cerca de 2.000 personas en la zona. Este hecho afecta además al problema de accesibilidad al barrio y la falta de aceras y zonas seguras en las carreteras, denunciado por los vecinos desde hace años al Ayuntamiento, y que con esta nueva situación se ha visto absolutamente subrayado. La entrada y salida de autobuses y vehículos autorizados por la ONG y el gobierno colapsa las calles de acceso al barrio y pone en peligro a sus transeúntes cada día.
Afortunadamente, el barrio del Rodeo Alto es un ejemplo de convivencia y comportamiento vecinal pues han sido ellos, los vecinos, quienes hartos de la situación han puesto en marcha una plataforma de apoyo para los migrantes, así como una asociación vecinal que denuncia todas las faltas institucionales contra estas personas. Hay que tener presente que ellos han sido testigos de la situación desde que se pusiera en marcha las obras de “acondicionamiento” del acuartelamiento, donde ya denunciaron en primera instancia el soterramiento de la canalización de agua de lluvia que rodeaba el centro militar, así como los inapropiados materiales de las casetas instaladas para una zona como esa.
Las advertencias vecinales se hicieron patentes el mismo día en que el macro-campamento abrió sus puertas. La lluvia (habitual para las fechas en esa zona) anegó el centro y sus casetas pues la zona de desagüe había sido soterrada durante las obras de acondicionamiento y los materiales de las casetas no resistieron todos los litros de agua que cayeron esa noche.
Otro hecho llamativo que se puede corroborar por la demanda de comida que los migrantes hacían a los vecinos y voluntarios que se acercaron a ayudar es la falta de una alimentación digna. Sin entrar en un cuestionamiento sobre un menú que se adapte a todas las culturas presentes en el campamento, hay muchas fotos que muestran la escasez de comida que durante el primer periodo de 2021 se servía en el comedor de este campamento.
Tras meses de incertidumbre, los migrantes fueron derivados a Las Raíces, donde seguían sin recibir información y ni siquiera se garantizaba sus necesidades básicas de comida, aseo y cama. Ante esta situación, en la primera semana de su apertura se creó un movimiento de protesta de cientos de hombres que salieron fuera de las instalaciones de ACCEM para construir su propio campamento como reprobación a la mala gestión de la ONG. Un asentamiento paralelo autogestionado que desde la primera semana se mantuvo frente al centro en señal de protesta por las malas condiciones en su interior: “El campamento de la dignidad”.
Gracias a la cooperación altruista de voluntarios y vecinos se estableció un sistema para dar el soporte que el Gobierno no estaba dando. Se crearon 32 comisiones con diversas funciones: ocio, enseñanza, comida, materiales, legal, sanitarios… Cada una de ellas desempeñaba una función en la comunidad del campamento exterior. Los migrantes establecieron además diversos espacios para cada actividad llegándose a constituir una caseta sanitaria y una peluquería.
Esta reivindicación en forma de campamento de protesta que durante meses generó un desahogo para muchos de los migrantes retenidos en el centro ha sido una muestra más de la necesidad de un sistema de acogida que trate a las personas migrantes con el respeto, la comprensión y la dignidad que merecen. Desafortunadamente, la policía local desmanteló a finales de 2021 el campamento exterior y destruyó las casetas.
La imposibilidad de contrastar la información dificulta el poder realizar un relato verídico acerca de la gestión de esta ONG, pero sabemos por declaraciones de una trabajadora de ACCEM que prefirió mantenerse en el anonimato, que la organización solo disponía a fecha de marzo de 2021 dos médicos, un psicólogo y dos abogados para 1.600 personas. Sabemos también que, en las casetas, con capacidad para 25 personas, se juntaban sin criterio individuos de diversas etnias, idiomas y culturas, generándose tensiones y broncas.
Si bien existe un “manual de gestión de protección internacional” para las ONG que reciben subvenciones de la Administración, ni yo en mi proceso de investigación para el documental, ni los vecinos, ni Amnistía Internacional hemos podido acceder a ningún protocolo o manual de actuación en relación a la gestión de los centros de atención de emergencia. Además, más allá de este manual dirigido a las ONG que acogen solicitantes de asilo, España no tiene un procedimiento o mecanismo formal para la detección de vulnerabilidades.
Dos años después de que se desmantelara el campamento de la dignidad, las políticas migratorias no han cambiado un ápice. ACCEM sigue gestionando el mismo centro al que cada semana llegan cerca de 80 personas nuevas. Las declaraciones de las personas migrantes y de las trabajadoras del centro siguen evidenciando las mismas insuficiencias que en 2021. Las carencias del sistema siguen siendo tan patentes como la inacción de los gobiernos. Y es que es urgente, en estos tiempos de incierto futuro, en los que la crispación general transforma la percepción de las cosas, que combatamos los mensajes de odio y reivindiquemos la dignidad como el elemento fundamental en las políticas migratorias, porque cuando hablamos de migración hablamos de personas.
Este artículo se publicó en el Libre Pensamiento nº 115, otoño 2023
