Gabriel Trejo. Ex inspector de policía local.
Cuando recibí el email pidiéndome colaboración para reflexionar sobre la policía y el modelo de seguridad de España desde la óptica de la izquierda, sentí una gran alegría porque al fin había alguien más que quería abrir un debate que considero necesario: el de la reforma del modelo policial y poner freno a la mala deriva que están tomando los cuerpos policiales en este país.
Creo hacerlo con cierta autoridad , ya que he sido policía más de treinta años, profesor de varias academias y conferenciante en diversas universidades sobre la cuestión. Por lo que algo sé, aunque sólo sea por persistente. No obstante, tengo que reconocer mi fracaso en crear estado de opinión. Las tornas de la seguridad pública, a la que se suma la privada, van en la dirección contraria que siempre he predicado. Lejos de que mis reflexiones tengan hueco en el pensamiento policial, se me ve como bicho raro, excéntrico, iluminado e incluso peligroso.
Varios son los problemas que afectan al modelo de seguridad público de España: la filosofía y denominación de los servicios públicos de policía, la formación de los y las funcionarios, el reparto competencial; las cuestiones referidas a derechos humanos, la influencia de Vox en los sindicatos policiales, la cuestión de la guardia civil, etc.etc.
¿Cuerpos policiales o servicio público de policía?
Se debe abandonar el concepto de “cuerpo” para definir los organismos que velan por la seguridad de la sociedad civil. El propio concepto en sí lleva una carga nociva en su definición que da el primer paso para dar la espalda a la sociedad. No se debe definir como “cuerpos” sino como “servicios públicos de policía”. La seguridad pública debe imbuirse del concepto de servicio a la ciudadanía, no de elemento corporativo al margen de ella.
Metidos en cuestiones filosóficas, es hora de apostar por un concepto “comunitario” de la aplicación de la seguridad, abandonando de una vez por todas los principios centralistas y napoleónicos que tan ineficaces han resultado ser. El modelo que debemos seguir no es el de la creación de unidades de reacción fuertemente armadas y patrullando en furgonetas copiando los modelos de unidades especiales. Debemos abandonar la boina y el fusil de asalto para responder a la inseguridad y la delincuencia con la proximidad, pero cierta y científica, no mediática y orientada a resultados electorales. El modelo a copiar es el holandés, el alemán y el británico, que habiéndolo adoptado han conseguido recuperar la confianza de la sociedad y elevar los niveles de bienestar en los barrios y ciudades.
La seguridad no sólo es cuestión del todopoderoso Estado y su maquinaria ministerial asentada en Madrid, sino que los ayuntamientos (como bien ha adelantado Leonardo Lafuente) deben de tener su espacio de gestión, así como el resto de actores que trabajan en la comunidad: servicios sociales, educadores de calle, tejido vecinal asociativo.
No podemos gestionar la seguridad dándole la espalda a los que van a recibir ese servicio. No debemos pensar que la seguridad es exclusivamente una cuestión de la policía y del Estado central. Hay algo de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo” en las políticas ministeriales sobre seguridad. Los alcaldes, como representantes de la administración más cercana, así como la sociedad, deben participar de forma activa en las políticas públicas exigiendo a los responsables policiales e interactuando con ellos para la gestión de los espacios. Esto no es difícil y se puede hacer, y sino que se lo pregunten a la garda (policía irlandesa) y sus encuentros comunitarios, donde barrio a barrio, pueblo a pueblo, los policías se reúnen con vecinos y vecinas y abordan las políticas que se van a poner en funcionamiento en los espacios públicos. Se gestiona la seguridad desde un punto de vista comunitario, no corporativo. Los vecinos pueden preguntar a la policía por la situación, las respuestas del servicio público de policía ante una eventualidad, las estrategias que se van a seguir para mantener los niveles de seguridad o para combatir lo contrario. Esa interactuación nace desde el propio concepto y definición del servicio:“garda síochána”, guardianes de la paz. Frente al concepto policial de vigilar y castigar. La garda interioriza el concepto de velar y proteger. ¿Es o no importante la definición del servicio policial?
¿Formación para repeler agresiones o para gestionar conflictos en una sociedad diversa?
No menos importante es la cuestión de la formación de los y las funcionarios policiales, donde premia lo físico sobre lo intelectual en el proceso de selección. Quizás sea el momento de replantearse un proceso selectivo donde el intelecto prevalezca sobre la musculación.
Los cientos de centros de formación policial de este país deberían contar con criminólogos que adecuaran la formación a la situación real.
Me canso de predicar que se hace necesario un replanteamiento de los planes de formación. Hay que preparar a un futuro funcionario o funcionaria encargada de preservar la convivencia pacífica en las habilidades necesarias para repelar una agresión, o castigar una conducta incívica o asocial. Sin embargo hecho de menos materias que deberían ser obligatorias, por ejemplo la lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio (apenas unas horas en la mayoría de los casos); igualdad de género (apenas una charla de alguna asociación amiga del responsable de la academia); derechos humanos (un par de horas de las más de mil de formación como es el caso de la academia regional de la Comunidad de Madrid); mediación en conflictos (igualmente residual); etc.etc.
Se prepara a nuestros policías de forma eficaz para repeler una agresión armada, pero no se les prepara para gestionar, porque de eso se trata, de gestionar no de vigilar y corregir, a una sociedad cada vez más diversa, donde credos, orientaciones sexuales, creencias políticas, se reparten en barrios cada vez más multiculturales.
Cuando he intentado abrir el debate con otros profesionales sobre esta cuestión, incluso estando presente algún responsable político, todos defendían la bonanza de nuestro sistema formativo con cifras, datos, exposiciones poco rigurosas que escondían una verdad incuestionable: nadie quiere cambiar las cosas. Abrir las aulas formativas de la policía a profesionales auténticamente capacitados sería perder una fuente de ingresos muy importantes para parte de los mandos policiales, que son los que situados en los puestos de asesoramiento de la clase política solucionan el día a día de sus asesorados, amén de entregar parte del poder a personas ajenas a las instituciones policiales. Si en policía en evidente, en la Guardia Civil la cerrazón es aún mayor.
Derechos humanos y tortura
Otra cuestión a tener en cuenta es la referida al respeto a los derechos humanos. Cuando pretendes levantar la espesa y densa cortina que separa la realidad de los hechos, recibes toda clase de indiferencias y descalificaciones. No se quiere ver la verdad, que no es otra que España ha sido condenada en al menos ocho ocasiones por no investigar suficientemente las cuestiones referidas a las torturas en centros policiales.
¿Está la tortura generalizada como hábito en las fuerzas y cuerpos de seguridad?. Rotundamente NO: “ la tortura o los malos tratos no eran sistemáticos en España, su práctica podría ser «más que esporádica e incidental” (Informe de Theo Van Boven, relator de la ONU ante las denuncias de torturas en -España) . No se tortura de forma generalizada como en las dictaduras latinoamericanas de antaño, pero existen casos y no se combaten de forma vigorosa ni por la fiscalía, la judicatura o los órganos de control internos.
Medio centenar de policías y guardias civiles han sido condenados en la última década por infringir torturas a las personas que estaban bajo su custodia. No es una cifra como para no tener en cuenta. Cuando permitimos estas cuestiones empobrecemos la calidad de nuestra democracia, y alejamos a la sociedad civil de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No podemos permitir que una democracia como la española sea reprendida constantemente por los organismos europeos por su falta iniciativa para acabar con los casos de torturas.
El estudio de la defensa de los derechos humanos debe llevar implícito el análisis de casos de tortura que se han producido en el seno de los servicios públicos de policía. Es necesaria la autocrítica, el análisis de los casos que han sucedido para que no vuelvan a repetirse. La estigmatización de ese tipo de conductas. Una lucha abierta , clara y con compromiso que debe nacer en los primeros días de contacto del aspirante a formar parte del servicio policial. Una especie de juramento hipocrático que con tinta indeleble se grabe en las mentes y cuerpos de los servidores públicos desde sus inicios podrían acabar con la vergüenza de ser condenados una y otra vez por Europa.
Una nueva ley de seguridad y la democratización de la Guardia Civil
Una cuestión que todavía no se ha planteado es la modernización del marco legal que desarrolla el modelo policial español. La Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad data del año 1992, y España , su realidad social, económica, política y policial no es la del año 1992. Urge un nuevo marco legislativo que evite las fricciones, dé a las policías autonómicas el espacio natural que tienen consolidado , y utilice convenientemente a las policías locales otorgándoles las competencias en la delincuencia de baja intensidad y la resolución de conflictos vecinales. Es necesario impedir a las policías estatales, especialmente a la Guardia Civil, la visión fiscalizadora y paternalista que tienen sobre las policías autonómicas y locales, ya que, aunque la realidad les ha impedido seguir ejerciéndola sobre la ertzaina y los mossos, ahora pretenden frenar el despliegue territorial de la policía foral de Navarra, y siguen asfixiando a las policías locales.
La Guardia Civil se ha servido de las medallas por la lucha contra ETA para extender su concepto policial, más cercano a la vigilancia y el control social que a la seguridad ciudadana. Además, su cultura interna particular favorece la creación de pequeños y grandes reinados de taifas. Los grandes virreyes se dan en las Comandancias y grandes acuartelamientos, y pasean por el Ministerio con aires de gran terrateniente ejerciendo un poder ilimitado y no hay nada que se les ponga en el coleto que no puedan hacer. Y valga como ejemplo lo acontecido en la Agrupación de Tráfico por su General Jefe , que visto que no pudo “hincarle el diente” a un guardia motorista de Sevilla por criticarle en las redes sociales condenándole a dos años y tres meses de prisión porque la justicia no le dio la razón, decidió trasladarlo forzosamente a otra provincia con el consiguiente perjuicio familiar para el agente.
Al igual que en la policía la transición democrática supuso la ruptura total con el antiguo régimen y el abrazo al asociacionismo, incluso en sindicatos de izquierda y con clara conciencia de clase como fue el caso de las Policías Locales, en la Guardia Civil ese paso no se dio. Los jefes y oficiales siguieron mirando con nostalgia al tardofranquismo, y las pocas reformas que se realizaron fueron más para salvar la imagen que con verdadera intención de cambiar.
Los retos de los cuerpos policiales
España ha progresado económica, política y socialmente, pero este avance se ha estancado en cuestiones policiales respecto a las positivas inercias de los primeros años, cuando no ha sufrido un importante retroceso. Surcamos con los primeros aires de la Constitución el camino que recorrieron antaño nuestros socios comunitarios, adecuando el servicio de policía a los nuevos tiempos. Llegamos más tarde a los aires constitucionales y a los estados parlamentarios, pero llegamos gracias al esfuerzo de todos y todas, pese a que en cuestiones de seguridad el rígido aparato franquista intentó no perder el control de las FCS rezongando con los últimos coletazos para que la sociedad no respirase limpio y en libertad. Y en ese afán por subvertir la situación no fueron ajenas las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía, que harta de la militarización y la vulneración de sus derechos como trabajadores, iniciaron un proceso de sindicación (magníficamente recogido por Gonzalo Wilhemi en un artículo) que miraba a los partidos de izquierda y de tradición democrática tendiéndole la mano en busca de ayuda y de reforma del sistema de seguridad.
Qué diferencia a lo que sucede hoy en día, donde la deriva hacia posturas cercanas a los partidos populistas y xenófobos de las organizaciones policiales es mayoritaria. Sonroja ver como personas como Ortega Smith o el propio Santiago Abascal, son jaleados y vitoreados por policías y guardias civiles cuando hacen aparición en los actos reivindicativos de las asociaciones sindicales, cuando lo que debían mostrar es asco, grima y desagrado, ya que Abascal y su organización política representan todo aquello contra lo que deben luchar y para lo que han sido revestidos de un estatus especial: la intolerancia y la crispación.
Entregar la policía a la extrema derecha tiene un precio
Tampoco podemos dejar de pensar que estas situaciones se dan, mayormente, por la torpeza de cierta parte de la izquierda, incapaz de asimilar la necesidad de la existencia de un aparato policial público. Imposibilitados por ataduras ideológicas para tender puentes que eviten el sentimiento de orfandad en las organizaciones policiales, provocando con ello el acercamiento a partidos como VOX.
Muchas han sido las veces que he podido comprobar la incomodidad y la desconfianza que sienten algunos políticos, especialmente en el ámbito local, hacia los cuerpos de seguridad. Pareciera que para ser un progresista de pedigrí y con pureza ideológica, debieras sentir recelo por la policía como signo de identificación.
Craso error dejar capitalizar el apoyo a una policía moderna a los grupos políticos propensos al militarismo, a la musculación por encima del pensamiento racional, al alejamiento de la sociedad y el policía que le sirve, a cubrir todo con la bandera constitucional como si no fuera mía, tuya, de todos y todas.
Se hace necesaria una total revolución de los planes de estudios abarcando aquellas materias más sociales, más dirigidas a la solución de los conflictos desde una perspectiva humanista. Preparación para saber repeler una posible agresión, sí, necesario, pero no puede ser el centro de una formación dirigida a la solución de problemas, a la interacción con el ciudadano y ciudadana , a la gestión de una sociedad cada día más diversa, donde los credos, las orientaciones sexuales, las ideologías, y los colores de piel se mezclan en nuestras calles con más celeridad con la que adecúa su respuesta la policía.
El votante, porque es así como nos ven, no sólo pretende aceras limpias, parques floreados, colegios para sus hijos e hijas, sanidad pública y carreteras en buen estado, sino que se le asegure su integridad física y desarrollar su vida en un entorno amable, alejado de posibles peligros que le acechen. Cada día se valora más la seguridad de tu entorno, vivir en barrios sin conflictos o conductas degradadas.
La sociedad añora una policía destinada a la solución de los problemas, sin embargo, vamos en dirección contraria, y lo peor, permitimos que la extrema derecha colonice nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con sus ideas. Si no somos capaces de hacer frente a esta situación y no le hacemos llegar el mensaje a nuestros policías que en los territorios del pensamiento democrático tienen un hueco, se les respeta y se les valora por lo que aportan a la sociedad, será un grave error que pagaremos muy caro.
Que el sindicato mayoritario en policía nacional tenga un horrible tufo a vox. Que los sindicatos predominantes en las Policías Locales tengan un sesgo tan conservador que hagan sonrojar a cualquiera. Que de esta derechización de las fuerzas y cuerpos de seguridad no se escape ni la seguridad privada, los proletarios del sector, pese a que sus condiciones laborales rocen la esclavitud y vayan más allá de la precariedad y la vejación, debe hacernos pensar qué estamos haciendo mal y cuál es el precio que pagaremos por ello.
Este artículo se publicó en el Libre Pensamiento nº 114, verano 2023
