Jorge del Cura. Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura
Treinta años después de la firma de la Convención Contra la Tortura impulsada por Naciones Unidas, Amnistía Internacional acreditaba la práctica de la tortura en, al menos, 141 países y la situación no ha mejorado en la actualidad. En el resto (hasta 195 países) el que no se haya acreditado su práctica no significa que la tortura no se practique. En muchos de estos países, sino en todo ellos, no es que no se haya acreditado, es que no es posible efectuar un trabajo en defensa de los derechos humanos.
En todo caso, los riesgos de tortura y malos tratos existen en todas partes, en cualquier país y en cualquier momento. La prevención de la tortura sería una estrategia global que pretende reducir estos riesgos y crear un entorno en el que la tortura y los malos tratos sean menos probables.
La prevención de la tortura suele plantearse en varios aspectos:
- Establecimiento de un marco jurídico claro y eficaz que prohíba y prevenga la tortura y los malos tratos.
- Formación y capacitación para la policía y otros agentes encargados de hacer cumplir la ley.
- Establecimiento de mecanismos de monitoreo y control para comprobar si el marco jurídico existe y si se aplica, con, por ejemplo: visitas periódicas a los lugares de detención por parte de órganos independientes; grabación en vídeo de los interrogatorios, etc.
- Aplicación de sanciones adecuadas de esa prohibición en caso de incumplimiento (ya sean administrativas o penales).
Prevención frente a Punitivismo
Estos planteamientos preventivos son los esgrimidos habituales por las organizaciones e instituciones de Derechos Humanos: se centran en el aspecto jurídico y sancionador, el supuesto “efecto disuasorio” del castigo.
Cuando se habla de prevención de la tortura no se incluyen de forma explícita medidas o acciones dirigidas a la sociedad civil, a los ciudadanos: formación en Derechos Humanos para todos (sean o no funcionarios), el papel de los medios (prensa, cine, televisión…) o el papel de ciertos intelectuales que justifican o exigen la legalización de la tortura.
No es que estos aspectos no sean tratados por las organizaciones e instituciones que luchan contra la tortura, realmente son unas de las preocupaciones recurrentes, pero cuando se habla de prevención se tiende a centrarse -a veces parece que de forma exclusiva o al menos prioritaria – en el aspecto punitivo.
Apoyo a la práctica de la tortura: justificación y peticiones de legalización
Al margen del éxito o fracaso, este modelo de prevención de la tortura presenta varios problemas:
Reduce la responsabilidad de la tortura y los malos tratos a un funcionario particular, intentado ocultar que la tortura es un delito de Estado, no la práctica desviada de una persona particular. La insistencia en la impunidad nos puede hacer olvidar esta circunstancia y reducir su práctica a casos de “manzanas podridas”, “casos aislados” que el sistema corrige con la oportuna sanción, que -no nos olvidemos- es la posición del Estado y los propios cuerpos policiales.
Por otra parte, el punitivismo, al exigir castigo, cada vez más castigo –y con ello la existencia y aumento de jueces, cárceles y, también, más policía-, alimenta, cuando no reproduce, los argumentos basados en la seguridad utilizados para justificar la práctica de la tortura.
La importancia de los aspectos relacionados con la seguridad ha dado lugar a un preocupante movimiento (avalado por juristas, filósofos y, como no, responsables políticos y policiales) que pretende justificar y -en su planteamiento más extremo- legalizar la tortura. En la práctica y durante varios años, la tortura fue legalizada de facto en Israel (en 1987 el Tribunal Supremo israelí concluyó que “el uso de la fuerza moderada por los miembros de la policía era permisible en virtud del estado de necesidad contemplado en la legislación penal israelí”) y en EE.UU. (a raíz del 11-S de 2001) gracias a los “memorandos sobre tortura” elaborados por John Yoo -fiscal general adjunto- y Jay Bybee -titular de la oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia- se respaldaba la legalidad de la tortura bajo una interpretación amplia de la autoridad presidencial durante la «Guerra contra el Terrorismo».
Han sido, y son, numerosos los intelectuales -filósofos, juristas, sociólogos…casi siempre norteamericanos, pero también alemanes, australianos, brasileños y otras nacionalidades – que han publicado artículos y ensayos justificando o reclamando, la práctica de la tortura: Michael Walzer, Tomas Nagel, Alan Deshowitz, Günter Jakobs, Marshall McLuhan…., con argumentos morales, jurídicos y de eficacia.
Igualmente hay que tener en cuenta la campaña a través de los medios audiovisuales de justificación y normalización de la tortura y los malos tratos. La inmensa mayoría, por no decir todas, las series televisivas y películas policiacas justifica, normalizan y hacen apología de la tortura, la violencia policial o la necesidad de saltarse las normas legales y garantías judiciales para la eficacia policial y judicial.
Con todo ello no es de extrañar que el apoyo social a la tortura esté aumentando año tras año como indican las encuestas realizadas sobre este tema.
En 2014, treinta años después de la aprobación por la Asamblea General de NN.UU. de la Convención contra la Tortura, Amnistía Internacional, publicó una encuesta a nivel planetario, en la cual un 36% de los encuestados estaba de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que “La tortura es a veces necesaria y aceptable para obtener información que pueda proteger a la población”.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha elaborado encuestas periódicas sobre la aceptación de la tortura en determinadas circunstancias. Estas encuestas a nivel mundial parecen indicar un aumento constante y sostenido en el apoyo social a la práctica de la tortura. En 1999, la tortura era aceptable para el 28% de los encuestados; estos porcentajes subieron a un 36%, en 2016, y a un 41% en 2020.
De estos datos no se sigue automáticamente que exista un apoyo consciente, firme y decidido a la práctica de la tortura. Habrá que tener en cuenta que las preguntas pueden ser capciosas; por otra parte, las respuestas variaran dependiendo de la cercanía o publicitación de actos violentos (atentados, violaciones…) que conforman verdaderas campañas mediáticas que aterrorizan a la población en nombre de la seguridad. Pero estas encuestas sí son indicativas de que la normalización, banalización y aceptación de la tortura es una realidad.
Evidentemente, los mecanismos de prevención de la tortura están fracasando.
¿Es posible democratizar la policía?
En una entrevista en mayo de 2021, Mark Neocleous afirmaba lo siguiente:
“La idea de democratizar la policía o de organizarla en torno al respeto de los derechos humanos no ha tenido mucho éxito: dos siglos y medio después de las revoluciones de los derechos liberales, parece que no hemos llegado muy lejos. Tal vez esto se deba a que la policía que encontramos hoy en día es un producto de esas mismas revoluciones de derechos. La policía con la que vivimos es precisamente lo que el liberalismo quiere de su policía. Lo que necesitamos, entonces, es pensar en cómo reimaginar la democracia por completo. Para ello, no debemos preguntarnos qué tipo de policía queremos. En su lugar, debemos preguntar: “¿qué tipo de sociedad queremos?”.
Por desgracia, en estos momentos, en el Estado español, allí donde fuerzas políticas progresistas (¿?) han alcanzado cotas de poder (País Vasco y Catalunya) con ayuda de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos están embarcadas en la imposible idea de diseñar y poner en marcha “nuevos modelos policiales”.
Es cierto que, desde la izquierda, habría que replantearse el problema de la “represión”, pero cada vez que se ha intentado algo en este sentido se ha hecho partiendo de los conceptos de “orden público”, “seguridad”, etc., conceptos que corresponden a un modelo neoliberal.
El desafío está en ver si somos capaces de evitar esta trampa.
A veces, se habla de crear una “policía humanitaria” … Estaríamos en una situación similar a la anterior.
Ya se produjo un fuerte debate sobre las posibilidades de ejércitos humanitarios… que acabaron llevándonos a las “guerras humanitarias” de la antigua Yugoslavia, Irán, Afganistán…
Pero parece que no aprendemos la lección.
De todo esto no se concluye que no podamos hacer nada. Son muchas las cosas que podemos y debemos hacer, entre ellas, desde luego es imprescindible, la denuncia de toda vulneración de derechos (tortura, malos tratos…) que se produzca y de la que se tenga conocimiento; la exigencia de se proceda a una rigurosa, independiente y rápida investigación de lo ocurrido; identificar a las víctimas; quienes los victimarios autores materiales, inductores, etc.); circunstancias que rodean a unos y otros… Todo lo necesario para comprender como, donde, cuando, porque se practica la tortura; por quienes, y por qué, se apoya, se justifica, se acepta la tortura… Para, en definitiva, lograr que esta desaparezca totalmente, garantizando a las personas torturadas el reconocimiento, la reparación y la garantía de no repetición.
Este artículo se publicó en el Libre Pensamiento nº 114, verano 2023
